Un premio que afrenta a víctimas
En el "Día mundial de las personas refugiadas" rechazamos la concesión de la medalla de honor 2016 al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, por parte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con sede en Santander, "por su liderazgo político en la historia reciente de Iberoamérica y por su dedicación al servicio de la defensa de los derechos y libertades públicas en Colombia y en el continente americano".
Cuando supimos del premio, pensamos que era un sarcasmo, luego creímos que era una broma, pero es peor: es una decisión política que afrenta a millones de víctimas de violaciones muy graves de los derechos humanos cometidas por Uribe Vélez y la fuerza pública bajo su mando en sus ocho años de Gobierno (2002-2010).
Las políticas de Uribe causaron el desplazamiento forzado de 2,8 millones de personas y la muerte de al menos 4.700, ejecutadas extrajudicialmente en un país que desde hace más de un siglo abolió la pena de muerte. Las víctimas fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate. Uribe sacó una normativa que dio trato de héroes y premió a los militares autores de estos delitos graves con ascensos, pagas extra, cursos y vacaciones. Al tiempo, reforzó el fuero penal militar, de modo que los militares se juzgan entre ellos, aumentando la impunidad estructural y el agravio a la sociedad. Las madres de las víctimas del municipio de Soacha, con su dolor a cuestas, visitaron España y el Parlamento asturiano en los últimos años denunciándolo y clamando por justicia.
Estos crímenes de lesa humanidad están bajo examen de la Corte Penal Internacional, que los considera política de Estado. El Consejo de Estado de Colombia, en sentencia del 7 de septiembre de 2015, los consideró práctica sistemática. Nosotros los vivimos y los denunciamos como terrorismo de Estado.
Además, en los dos gobiernos de Uribe fueron asesinados en la absoluta impunidad al menos 1.200 sindicalistas y personas que defendían los derechos humanos. Uribe hizo alianzas con grupos de narcos, empresarios y paramilitares para copar el Congreso de la República y las instituciones de justicia. Una tercera parte de los senadores de su bancada ha sido condenada por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, una mezcla diabólica de política, narcotráfico, terror, corrupción, expolio masivo y exterminio sistemático de opositores de la que aún no se repone Colombia y por la que está preso su propio hermano, Santiago Uribe Vélez.
Uribe violó la soberanía y la seguridad de la Unión Europea y de España al establecer oficinas y redes de espionaje ilegal con el fin de neutralizar a sus opositores en ciudades como Gijón, donde el departamento administrativo de seguridad, DAS, policía secreta que dependía de su despacho, espió a personas perseguidas por defender los derechos humanos. En ese período fue secuestrado, torturado y asesinado nuestro compañero Luciano Romero Molina, sindicalista secuestrado y torturado por el DAS y asesinado con sevicia por los narco-paramilitares el 10 de septiembre de 2005, tras haber estado refugiado en Asturias.
Nuestro país, cansado de una guerra de medio siglo, quiere la paz negociada entre el Gobierno y las guerrillas, pero Uribe y los beneficiarios de la acumulación de riquezas por despojo están recogiendo firmas contra la paz, llamando a la desobediencia civil y profundizando los odios para que la guerra continúe.
Este premio de una Universidad pública española nos afrenta y debiera ser revocado, como lo están pidiendo miles de personas con sus firmas estos días. El presidente cántabro ha dejado saber que no asistirá a la polémica ceremonia de entrega del premio.
Agradeceremos a la sociedad asturiana y cántabra el que no guarde silencio frente al horror implícito en el hecho de que una institución de educación pública premie a un fascista procesado por crímenes de lesa humanidad. Se lo agradeceremos, así como a quienes nos acompañan desde el refugio asturiano en la lucha diaria por la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos en Colombia.
Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias "Luciano Romero Molina".
Javier Orozco Peñaranda, coordinador del Programa Asturiano
de Derechos Humanos
Gijón
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