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Sobre el retraso de las licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Oviedo

19 de Febrero del 2017 - Manuel López López (Oviedo)

En relación con las noticias aparecidas en los últimos días en este medio referidas a los retrasos en la tramitación de licencias de obra y apertura de actividades, y como persona que hasta hace muy pocos días estuvo vinculada a ese servicio durante más de veinte años, de los treinta y dos trabajados en el Ayuntamiento de Oviedo, quiero dar mi opinión al respecto.

En primer lugar, he de decir que la situación del área de Urbanismo no puede desligarse de la existente en el conjunto del Ayuntamiento, que empieza a detectarse a partir del inicio de la elaboración de la relación de puestos de trabajo (RPT) en el año 2013, aprobada de forma provisional por el anterior gobierno municipal en octubre de 2014, y con un coste aproximado de 170.000 euros.

La RPT, que teóricamente es el instrumento técnico que utilizan las administraciones para organizar la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, valorando los puestos a través de factores objetivos, centrándose en el puesto y no en la persona que lo ocupa, se convirtió en el Ayuntamiento en un instrumento para hacer todo lo contrario.

Esta gran cacicada entre la Corporación, jefes de servicio, algunos sindicatos y la empresa encargada de dar forma a lo que se iba dictando es en Urbanismo donde más claramente se ve, puesto que el servicio se organizó en función de las personas, sin preocuparse de que hubiese un equilibrio organizativo entre el área técnica y el área jurídico-administrativa.

Cabría pensar que este desequilibrio organizativo es el único motivo del retraso en la tramitación de las licencias, pues resulta paradójico que durante todo el "boom" de la construcción de los años anteriores se hubiera hecho frente al gran volumen de trabajo existente, con prácticamente el mismo personal, y que una vez que disminuye el trabajo comiencen a surgir los problemas que ahora se denuncian.

Pero no es así, ya que a esto hay que sumar que por esas fechas también se empieza a aplicar la ley 12/2012, de 26 de diciembre, que el Gobierno aprueba para hacer frente a la crisis que estábamos padeciendo y facilitar la actividad, eliminando obstáculos que impidieran el desarrollo de la iniciativa empresarial, reduciendo en lo posible las cargas administrativas.

Contrariamente a lo que se pretendía con la ley, y como consecuencia de su mala aplicación y de la deficiente organización fruto de la RPT, a partir de ese momento obtener una licencia en el Ayuntamiento de Oviedo se convierte en una auténtica odisea, con numerosos trámites y nada claros modelos de solicitud, elaborados por el propio servicio de Licencias, sin hacer caso a las propuestas y objeciones que en su día se presentaron.

Así, lo que antes se resolvía en tres o cuatro trámites administrativos, que duraban de quince a treinta días, ahora pasaban a necesitar diez, quince o más trámites, con informes de difícil comprensión y duración indeterminada.

A este estado de cosas, también hay que añadir la atribución de competencias en materia de licencias al departamento de Prevención del Servicio de Extinción de Incendios, sin dotarlo de los medios personales necesarios.

Actualmente, la situación es aun peor, pues a lo anterior se une la entrada en vigor a partir de octubre de la ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones publicas, que pretende implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación, y para lo que el Ayuntamiento de Oviedo no tuvo ninguna previsión, tanto en lo que respecta a la dotación de las herramientas informáticos como a la dotación y formación del personal.

Se da la circunstancia de que una vez que toma posesión la nueva Corporación, junto con otras personas afines a Somos, de quien depende la concejalía de Urbanismo, participé en alguna reunión con Ignacio Fernández del Páramo, para colaborar, en lo que en teoría iba a ser la nueva política de transparencia y participación ciudadana del área de Urbanismo.

Mi colaboración consistió en poner de manifiesto la situación descrita, presentando una serie de propuestas, elaboradas junto con otros compañeros, cuyos objetivos generales eran la racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos, con la finalidad de conseguir una tramitación más ágil y eficiente, a la par que más comprensible, cercana y accesible a los ciudadanos, a los técnicos y empresas, y sin menoscabo de los derechos y garantías de la seguridad jurídica. Todo ello en la línea de lo que las diferentes normas venían dictando respecto a la mejora de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.

Entre los objetivos específicos más inmediatos, se incluían la reducción de los trámites administrativos, la simplificación y normalización de formularios e impresos, la potenciación de un único registro de licencias y la tramitación telemática.

No tuve suerte; el concejal, en lugar de hacer frente a la situación y tomar las riendas de la gestión del área, prefirió atrincherarse en su oficina, hacer urbanismo teórico y de futuro, dejando el día a día en manos de los "imprescindibles" de siempre.

Más suerte y mejores resultados de esas reuniones obtuvo el predicamento de Ana Isabel Piquero García, ya que al poco tiempo es nombrada vicesecretaria y vocal de Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, entidad con la que el Ayuntamiento de Oviedo actualmente tiene unas excelentes relaciones, tanto a nivel institucional como a nivel particular, con cargos y excargos de su junta directiva.

En resumen, y sin entrar en porcentajes, de la situación en que se encuentra el área de Urbanismo tanta responsabilidad tiene la actual Corporación como la anterior.

Quiero terminar pidiendo disculpas a los compañeros a los que solicité colaboración para elaborar las propuestas de un cambio que no pudo ser, y solidarizarme con los que están soportando la presión que supone no poder dar una respuesta adecuada a las demandas de los ciudadanos.

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