Ni federalismo ni autonomismo
Después de casi cuarenta años de ratificada la Constitución española, en la cual se aprobó el sistema autonómico, hoy ya tenemos suficientes datos que demuestran su ineficacia y su elevado coste para todos los españoles. Tal es así, que hay quienes, como en el caso de los socialistas, pretenden dar un golpe de tuerca más y meternos a calzador en el federalismo, que no sería más que un ensayo de carácter ideológico, pero de ninguna base eficaz, y sin antecedentes en la historia de España.
Si el Estado actual de las autonomías sólo ha generado desigualdades, sobrecostes, ineficacias, gastos desorbitados, una burocracia asfixiante y un espíritu independentista e insolidario, sólo queda reconocer la realidad, que no es otra que el admitir una realidad empírica: su total ineficacia. Comprobado está que los grandes pilares de un Estado, como lo son la sanidad, la educación, la justicia y la Hacienda, pública, no pueden dividirse en dieciocho partes distintas. Cuarenta años demuestran que hay una pésima gestión sanitaria y asistencial, un galimatías en la educación, un caos en la justicia y un mal control en el gasto público. Lo que conlleva más corrupción cuando son más los medios de poder y gestión y éstos quedan en muchas manos.
Así, hoy, ya se puede deducir –pues datos hay que lo corroboran– que lo que ha venido en llamarse Estado de las autonomías sólo ha sido prosperidad para unos –los menos– y una carga tan ineficaz, como pesada, para la mayoría. De tal modo que aquellas comunidades llamadas “históricas”, como son la vasca y la catalana, van muy por delante del resto, hasta tal punto que ha crecido en ellas un sentimiento de independencia que no está basado –a mi entender– en un romanticismo pasado, sino en aras a un progreso futuro, una vez que han comprobado el nivel de vida y renta per cápita de sus ciudadanos y las necesidades del resto de autonomías.
Atrás, quedamos los otros. Atrás quedamos quienes no podemos competir con aquellas de mayor renta y peso político. Quienes tenemos sólo la sanidad, la asistencia y la docencia que la parte “del pastel” nos permite. Que además, y esto es generalizado, podemos elegir un Gobierno para España y padecer otro distinto según en la comunidad donde vivamos. Que el acceso a la educación y a la libertad y su uso son distintos en cada una de las diecisiete comunidades. Que habiendo elegido un modelo para “Todos” hemos de aceptar el modelo elegido en una “Parte”.
¿Y qué decir de la Hacienda o de la Justicia con mayúsculas?... Pues poco más de lo que se oye y se comenta fuera de los parlamentos oficiales, de los estados autonómicos. Que los impuestos no son los mismos aquí que allí o más allá; que si naces allí tienes un “plus” añadido más que aquí. Que si heredas en el otro lado, ¡heredas! Pero si lo haces en éste, ¡no! Y que la justicia funciona aquí peor que allí. En fin, no creo decir nada nuevo, ni nada no sabido y padecido. Por tanto, que vuelvan las “aguas a sus cauces”, como el río vuelve a su lecho por mucho que intenten cambiar su trayecto. Pero para ello, un primer paso no es otro que el de devolver al Gobierno de la nación (elegido por todos los españoles, antes que los de las comunidades autónomas) todas las facultades, en las materias más serias: Sanidad, Educación, Hacienda y Justicia. Ahora sólo queda ponerle este “cascabel a este gato”, que es “biónico” formado de partes muy dispares, elegidas entre los “progres” de este mundillo.
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