Año y medio del asesinato de Berta Cáceres

A 18 meses de Impunidad ¿Dónde están los autores intelectuales?

Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras, que, desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó activas campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó - y, a menudo derrotó - a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas.

La organización Greenpeace ha otorgado este año su premio Artemio Precioso a Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada hace 18 meses --el 2 de marzo de 2016--, como reconocimiento a su labor en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.

Berta fue asesinada como resultado de su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas en Honduras.

El relator de la ONU sobre defensores de derechos humanos ha solicitado la investigación de este asesinato que sigue pendiente de la creación de una comisión independiente e internacional. Esta comisión es imprescindible para que se investigue en profundidad las relaciones entre los inculpados y detenidos y el poder político y económico en Honduras.

La captura y presentación ante tribunales de cuatro sicarios, varios de ellos militares, y tres intermediarios, no es suficiente para hacer justicia: aún permanecen en libertad quienes instigaron el crimen y pagaron a sus ejecutores.

Antes de su asesinato Berta acumulaba una larga lista de amenazas y ataques a su persona. En 2015 recibió el Premio Goldman, conocido como el 'Nobel Verde', por su labor. Tenía medidas cautelares de la CIDH que el gobierno no cumplió.

El Relator Especial para personas defensoras de la ONU ha denunciado que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la colusión existente entre gobiernos y empresas para cometer ataques y asesinatos. En estas condiciones, no se excusa permitir que los gobiernos se laven las manos. Se considera que España debe auditar y revisar los recursos de cooperación con Honduras y los apoyos a infraestructuras y megaproyectos en dicho país a través del Banco Centroamericano de Integración e infraestructura. Por su parte, la Unión Europea debería paralizar el desarrollo con Honduras del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica por violación de derechos humanos.

Berta Cáceres encabeza una larga lista de asesinatos contra activistas medioambientales. Según el informe de Global Witness : "Nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente. Nuestro nuevo informe titulado Defender la Tierra revela que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/ "

El asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, también se incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales y ataques legales agresivos.

En 2016, al menos 200 personas comprometidas con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas fueron asesinadas en diversos puntos conflictivos del planeta, según el informe Defender la Tierra publicado por Global Witness.

Pero este número alarmante de muertes se debe también a que los gobiernos y los inversionistas de las empresas transnacionales están fallando en combatir la causa fundamental de los asesinatos: "la imposición de proyectos extractivos en comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado", se cita en la investigación.

Otro de los hallazgos importantes del informe, es que los inversionistas están "alimentando la violencia al financiar proyectos y sectores abusivos, y al no apoyar a las y los activistas locales amenazados". Y esto incluye, detalla el estudio, a los bancos de desarrollo.

Los homicidios de los defensores del medio ambiente y la tierra en el mundo sólo son la punta del iceberg de una gran montaña de ataques pasados, es decir, se trata del resultado final. De acuerdo al informe de agosto del 2016 de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, antes de ser asesinados, los defensores han sido víctimas de una serie de agresiones que incluyen la desaparición forzada, las amenazas y ataques a la familia, el acoso sexual, chantajes, la vigilancia ilegal, acoso judicial, prohibición de viajes, uso de la fuerza como represión en manifestaciones pacíficas, entre otras.

Por el contrario las instituciones tienen la obligación de apoyar a las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes, garantizar su seguridad y asegurar rendición de cuentas por los abusos cometidos, acabando de esta manera con la impunidad.

Dichas instituciones utilizan a mansalva la retórica del "desarrollo sostenible", pero no han colocado medidas perentorias para preservar la vida e integridad de quienes más consecuentemente defienden y practican lo "sustentable" o sostenibilidad: las defensoras indígenas, los defensores del ambiente entero.

Berta no murió, se multiplicó, siguen gritando por las calles y plazas de Honduras y de todo el mundo.

Berta Vive. La lucha sigue.