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En materia de pensiones públicas

17 de Noviembre del 2017 - Ángel Suárez Iglesias

La legislación española sobre las personas mayores es mucha y variada. Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el país disponemos, cómo no, de otros muchos derechos civiles y penales, derechos de seguridad social y pensiones públicas o derechos de asistencia a través de la sanidad pública. Es decir, muchos derechos, pero ni los mínimos se cumplen. Una legislación que por unas causas u otras, en unos casos se cumplen parcialmente y en otros nada, lo que provoca en demasiados casos situaciones económicas y sociales muy difíciles que a las personas mayores les supone ver restringidos notablemente sus derechos y garantías que tienen reconocidos.

España es uno de los países de la Unión Europea que menos recursos económicos dedican al mantenimiento y desarrollo del Estado del bienestar, que tanto afecta a las personas mayores. Un Estado del bienestar que está continuamente en el punto de mira del capital neoliberal a través de un persistente ataque ideológico contra todo lo público de carácter social existente. A la vez tratan por todos los medios de limitar en lo posible su financiación económica, de manera que los servicios sociales sean más deficientes y precarios a fin de que en los tiempos actuales estemos en un profundo descrédito de nuestros gobernantes.

Este hecho tiene especial incidencia en las personas mayores, ya que esta situación les produce abandono, soledad y un profundo aislamiento social y familiar.

Por ello, hay que insistir en la situación de desamparo social y económico que muchas personas y sus familias en nuestro país padecen, las personas mayores que día a día se están convirtiendo en una mayoría en España. Aun así, los partidos políticos a este colectivo lo tienen exclusivamente como una importante bolsa de votos utilizable según sus intereses electorales, y poco más.

Estamos en Europa, pero nuestros gobernantes no quieren entender los contenidos de la carta de los Derechos Fundamentales o Carta Social Europea, que prohíben cualquier modo de discriminación en función de la edad de las personas que les impida disfrutar de una vida digna e independiente; asimismo con la pensión mínima que debe de alcanzar al menos el 60 por ciento del salario medio anual de todos los trabajadores de nuestro país.

Nuestros gobernantes no pueden decir “¡vivan las pensiones públicas!” con la boca grande, y con la pequeña dirigir sin recato a todos los trabajadores en activo a que se hagan un fondo privado de pensiones. Fondo de pensiones donde hay consejeros que dicen que defienden a los trabajadores pero hacen el juego a los que quieren privatizar los sistemas públicos de pensiones, al sector bancario y al sector asegurador.

Todo ello no hace más que transmitir desconfianza en el futuro económico y laboral de nuestro país, lo cual está calando ya en el ánimo de los trabajadores y de la sociedad en general, hecho que es muy negativo.

Se deberían simplificar e integrar progresivamente todos los regímenes existentes, de tal forma que las prestaciones no contributivas y universales como sanidad, viudedad, y los servicios sociales dependan exclusivamente de la imposición general los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por ello, un no rotundo a la política de recortes de las pensiones que tiene este Gobierno. Un Gobierno que no hace más que levantar la mano con el fraude fiscal que tiene lugar en nuestro país, como así lo reconocen los propios inspectores de Hacienda; y más concretamente lo permite, porque desde la Administración no se ataca con rigor.

Estamos hablando de la existencia de una economía informal que representa más de l24 por ciento del producto interior bruto anual. Es decir, que mientras el Gobierno recorta o congela las pensiones, está permitiendo impunemente que miles de millones de euros anualmente no sean ingresados en la arcas, como sabemos que sucede por impago de las cuotas sociales de los trabajadores y trabajadoras a la Seguridad Social. Una economía informal consentida, que además tiene un componente muy negativo de competencia desleal hacia otras empresas que religiosamente abonan sus cuotas sociales de sus trabajadores a la Seguridad Social.

Es obligación y deber del Estado mantener el poder adquisitivo anual de todas las pensiones, máxime cuando una buena parte de este colectivo sustenta a más de una generación.

No puede seguir dándose la situación de que miles de personas con derecho a pensiones públicas de mínimos sigan percibiendo pensiones por debajo de la renta que marca el umbral de la pobreza.

Ante el problema de financiación de futuro de la Seguridad Social y del sistema público de pensiones, se intenta bonificar a las empresas con una rebaja en las cotizaciones sociales a costa de recortar las pensiones. Estamos hablando de una falta total de solidaridad para con este colectivo.

Por otra parte, una reducción de las cuotas sociales a los empresarios, no garantiza que éstos vayan a invertir en modernización, en I+D, e investigación de nuevos productos o en la mejora de las condiciones de trabajo, que sería lo más deseable para disponer de unos productos y servicios más competitivos, que garanticen el mantenimiento y la creación de empleo.

Dentro de este colectivo no debemos olvidarnos de las pensiones de viudedad, uno de los sectores más castigados en España; personas que en muchos casos rozan el umbral de la pobreza. Por lo que el Gobierno debe tomar nota a la hora del incremento real de las pensiones y de las prestaciones sociales, para poner freno a esta lamentable situación.

Exigimos la eliminación de las prebendas a senadores y diputados, otorgadas por ellos mismos, en especial a la hora del cómputo de máxima pensión a la hora de su jubilación. Es injusto e injustificado que senadores y diputados dispongan de una serie de privilegios a la hora de su jubilación de las que no disponen el resto de trabajadores y trabajadoras y que recuerdan a épocas pasadas. Por ello, exigimos su eliminación inmediata.

Ángel Suárez Iglesias, exdirigente de USO Asturias

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