Armas bajo control
Las organizaciones de la Campaña "Armas bajo control" -Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Intermón Oxfam y Greenpeace- han expresado su profunda preocupación por las informaciones publicadas el 26 de octubre por varios diarios, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA, según las cuales el gobierno español estaría negociando la venta de carros de combate a Arabia Saudí por valor de 3.000 millones de euros. Esta posible operación incumpliría claramente la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Ley 53/2007, de 28 de diciembre), que estipula que se denegarán operaciones de ventas de armas a países con vulneración de derechos humanos. Por otro lado, está el inmenso volumen de esta operación, ya que esta venta supondría doblar la cifra global de venta de armas que España alcanzó para el 2009 (1.491 millones de euros que, además, es la cifra anual más alta conseguida). Por todo ello, la campaña "Armas Bajo Control" pedirá al gobierno que dé explicaciones públicas sobre este asunto y detenga una operación que contraviene claramente la legislación actual.
Arabia Saudí es un país con graves violaciones de los derechos humanos, reacio a reconocer los derechos de las minorías, y especialmente de las mujeres, y mantiene un enfoque represivo en materia de libertades, que incluye el recurso frecuente a la tortura y la ejecución de penas de muerte y el encarcelamiento de presos de conciencia. A pesar de ello, según datos oficiales del gobierno español, en 2009 fue destinatario de productos españoles de defensa y doble uso por valor de casi 5 millones de euros, especialmente en munición y aviones de combate. Amnistía Internacional ha alertado del posible uso de los carros de combate españoles en el norte de Yemen, donde las autoridades yemeníes sacrifican los derechos humanos en aras de la seguridad a la hora de hacer frente a las amenazas de Al Qaeda y los rebeldes chiíes zaidíes en el norte. En un reciente informe, Amnistía Internacional documenta un catálogo de violaciones de derechos humanos, que incluye homicidios ilegítimos de personas acusadas de tener vínculos con Al Qaeda y los activistas del Movimiento del Sur así como detenciones arbitrarias, torturas y juicios sin las debidas garantías.
El gobierno español debe ser coherente y condicionar esta venta al establecimiento de salvaguardias como la formación y sistemas de rendición de cuentas para evitar la comisión de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas armadas saudíes en el norte de Yemen.
Francisco Javier Fernández López,
Presidente de Amnistía Internacional en Asturias
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