LEY MEMORIA HISTÓRICA, Opinión ante el proyecto de ley memoria histórica Opciones

[AGRUPACION REPUBLICANA GIJON]

Izquierda Republicana manifiesta públicamente su decepción por el contenido del Proyecto de Ley sobre la Memoria Histórica cuya remisión a las Cortes ha acordado hoy el Consejo de Ministros.

Dicho proyecto de ley es claramente insuficiente a la hora de concretar el que reconoce como uno de sus objetivos principales, el derecho de todos los ciudadanos a la reparación y reconocimiento singular de su memoria personal y familiar, proclamando la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Para ese fin habría sido necesario la declaración de nulidad, por vicios radicales de fondo y forma y en reconocimiento de la legalidad y legitimidad de la II República, en virtud de las resoluciones de las Naciones Unidas contra el franquismo de 1946, de cuantas Resoluciones y Sentencias de dictaron por el aparato represor del franquismo, como el “Tribunal Especial sobre represión de la masonería y del comunismo”, los Tribunales, especiales u ordinarios, que aplicaron la “Ley de Responsabilidades Políticas” y, sobre todo, la jurisdicción militar, constituida en el eje central de la represión política, con cancelación definitiva de cuantas anotaciones pudieran haber producido aquellas resoluciones El mantenimiento de la validez de esas sentencias y resoluciones, es incompatible con la plena y definitiva rehabilitación moral y jurídica de las personas condenadas

Asimismo habría que haber previsto indemnizaciones económicas para todos los perjudicados y, en su caso, sus herederos por los actos represivos del franquismo, también para aquellas personas que no sufrieron privación de libertad por haber partido forzadamente al exilio, pero que a los que, por resoluciones de los “Tribunales sobre represión de la masonería y del comunismo” y los “Tribunales de responsabilidades políticas”, se les incautaron sus bienes o fueron despojados de derechos adquiridos de carácter funcionarial o profesional, expolio que en ningún momento durante la Transición ha sido compensado.

Al mismo tiempo resulta insultante que el Proyecto de ley mantenga, una injustificable voluntad de “equidistancia” entre los defensores de la legalidad republicana y los sublevados, con la intención de no ser acusado por la derecha franquista de revanchismo, que en cualquier caso y pese a lo timorato del proyecto, ya lo ha hecho.

Quienes ganaron la guerra, iniciada por una sublevación militar ilegal e ilegítima, honraron a sus muertos, compensaron a sus víctimas; quienes perdieron no pudieron hacerlo porque la dictadura instalada por lo vencedores instauró un régimen de represión cruel contra ellos.


Por otra parte, el proyecto de ley es igualmente pacato y no introduce avances significativos en materia de simbología, localización de cadáveres de ejecutados o acceso a los archivos.

Desgraciadamente con este proyecto de ley no se superan definitivamente los últimos obstáculos para superar cualquier forma de trato discriminatorio a quienes padecieron persecución, sanciones y condenas por razón de la defensa de los ideales democráticos y republicanos, condición plena para su rehabilitación moral y jurídica. http://republicagijon.blogspot.com

[Queco Jones]

Las víctimas y la memoria

Carlos Carnicero

20/04/07

El Gobierno e Izquierda Unida han llegado a un consenso básico para sacar adelante la llamada Ley de la Memoria Histórica. El punto de encuentro ha sido la declaración formal de ilegitimidad de los procedimientos judiciales instados por la dictadura para realizar persecuciones políticas. La falta de legitimidad del franquismo quedará certificada por el Congreso. La República, con todas sus imperfecciones, fue un régimen amparado por lalegalidad que fue interrumpida por el golpe militar del general Franco al que siguió una cruenta guerra civil y cuarenta años de barbarie y arbitrariedad en forma de oprobiosa dictadura.

Dicho todo esto, pienso que no puede existir memoria colectiva sino consensobásico sobre la naturaleza de hechos en donde las víctimas lo son en funciónde sus circunstancias personales, que cuando provienen de una acción injusta debe ser repara en su memoria y también en los perjuicios que promovieron.

Una Ley de la Memoria puede ser un marco extraordinario para que el peso delos hechos violentos en el recuerdo sean soportables por los herederos dequienes los padecieron y que se sientan reconocidos por la sociedad quetiene la capacidad de realizar esa revisión. Pero no hay que dejar a ningunavíctima aparte en función del lugar que ocupó en aquel inmenso desastrecolectivo.

El PP se ha equivocado como tantas veces en esta legislatura- en la soledadde su aislamiento. La restitución de los derechos conculcados por un sistemailegítimo y violento no tiene que proferir ninguna ofensa si se hace desdeuna asepsia exenta de revancha. En esencia, este comportamiento es exigible a los partidos políticos porque sólo por el hecho de que reivindiquen un carácter democrático tienen que estar dispuestos a condenar los actos jurídicos llevados a cabo por la dictadura para depurar a los disidentes. Pero las víctimas que lo fueron de los abusos y falta de control de la República no deben ser discriminadas ni ofendidas.

Como en tantas otras cosas, esta ley es mucho mejor que las explicacionesque han dado sus promotores. Se ha trasladado a la opinión pública la sensación de que con esta ley se equilibraba las ofensas añadidas que la dictadura profirió a sus víctimas con la exaltación permanente de los caídos por Dios y por España. Pero el inmenso error de la dictadura noquita la condición de victimas a quienes lo fueron de la República, cuya legitimidad no es contradictoria con la violación de derechos que, sin duda, promovió o consintió. Como diría Giulio Andreotti, a nuestros políticos les falta 'finezza'. O quizá, sencillamente, grandeza.

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La escoba del diablo
POR M. MARTÍN FERRAND
JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero y Gaspar Llamazares, en desprecio de sus predecesores y maestros, Felipe González y Santiago Carrillo, han decidido echar por tierra los supuestos de la Transición y se disponen a declarar ilegítimos los juicios del franquismo. Es como abolir la ley de la gravedad. Las cosas seguirán cayendo por su propio peso; pero en lo que hay que fijarse, más que en el inexistente contenido ético del proyecto, es en el retintín de la propuesta. Se trata de proseguir el acostumbrado camino en el que media España, la de turno, se dedica a zaherir a la otra media. Un absurdo que le sirve al Gobierno como gran maniobra de distracción. Después de tres años de proclamas huecas, procesos sin final y exhibiciones tercermundistas, resulta imprescindible seguir sacando conejos de la chistera para que los ciudadanos no adviertan la inmensa vaciedad de una legislatura sin realizaciones concretas y plena de proclamas rimbombantes.
Zapatero, que debiera hacerse tratar sus fijaciones obsesivas, sigue fiel a su empeño de desenterrar cadáveres. En esta ocasión, con la ayuda de un Llamazares que, en oportuna paradoja, sólo puede presumir de ser el enterrador de un veterano PCE que supo mantener viva la esperanza democrática durante todos los años del franquismo y colaborar activa y eficazmente en el tránsito de una España totalitaria a otra democrática. Ahora, cuando dos tercios de la población han nacido ya al amparo de la Constitución, ¿qué sentido tiene la idea que perpetran, con ínfulas de izquierda rancia y trasnochada, dos políticos tan enjutos?
Las dos Españas, que también tienen espacio en el refranero, gran asilo para la pereza intelectual de la Nación, dicen -una- que «cuando el diablo no tiene que hacer... mata moscas con el rabo» y -la otra- que «cuando el diablo no tiene que hacer... coge la escoba y se pone a barrer». Izquierda y derecha. Ninguna de las dos opciones sirve de germen a nada de provecho. Ese es el sino nacional, una de las desgracias que siempre nos acompañan. El PSOE e IU quieren barrer los juicios del tiempo de Francisco Franco. ¿Por qué parar ahí? Ya puestos, podrían haber llegado a decretar la ilegitimidad de los juicios del Tribunal de la Santa Inquisición.
Franco es, para la mayoría de los españoles, alguien tan distante como Witiza. Sólo Zapatero y Llamazares le tienen siempre presente, quizás porque las vocaciones autoritarias -los extremos- tienden a juntarse con la avidez con que se atraen en los imanes los polos de signo distinto. Aquí, donde lo que importa es el futuro, incierto y centrífugo, resulta temeraria esa pasión por el pasado que evidencian el líder socialista y su eventual acompañante comunista. Buscan una nueva Transición. No les gusta la que se resume en la Constitución del 78, que les ha permitido ser lo que son, y quieren enmendarle la plana a sus predecesores. Olvidan, en su pequeñez un detalle importante: aquello fue posible gracias a la práctica unanimidad de todo el arco político nacional.
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La memoria legislada
POR CARLOS HERRERA
MIRAMOS adelante. Por eso dedicamos esfuerzos ímprobos a fijar nuestras energías en la reapertura del pasado. La entrada estruendosa en este siglo XXI consiste en detener la mirada setenta años atrás y en engrasar toda la metralla oral posible para crear un ambiente propicio al reajuste de los hechos. La historia como debió ser, no como fue. No la podemos cambiar, pero sí podemos reescribir y reinterpretar sus dramas para obtener beneficio electoral. La llamada Ley de Memoria Histórica queda oficialmente desbloqueada después de que PSOE e IU hayan llegado a un acuerdo en vista de la proximidad de las elecciones: se declara ilegal o ilegítimo todo juicio realizado durante el franquismo y se disponen mecanismos de compensación a aquellas personas que padecieran dichos arbitrios, se articulan mecanismos de ayuda para aquellos que quieran desbrozar cunetas y se abre el debate sobre el futuro del Valle de Los Caídos. Todo eso a grandes rasgos. Las pequeñas pinceladas quedan para la improvisación política que pueda surgir de aportaciones ocurrentes sobre el terreno.
Se trata, como pueden imaginar, no sólo de reparar aquellas cuitas trágicas que no hayan quedado suficientemente resueltas con las medidas diversas que se han tomado desde la Transición; la intención poco oculta tras las palabras de los inductores de la ley consiste en arrojarnos cadáveres a la cabeza unos a otros con la pretensión de separar cuáles son los buenos y cuáles los malos, cuáles murieron por la injusticia y cuáles por la defensa de la libertad. Es decir: no se trata sólo del natural deseo de recuperar restos humanos, sino, fundamentalmente, de recuperar rencores. Y, a ser posible, contemplar el pasado con ojos de la actualidad y así poder justificar su visión incompleta, falsa. El hecho inapelable de que las víctimas siempre son víctimas, independientemente de quien fuera su verdugo, no está contemplado en el espíritu de este acuerdo político de jugadores tramposos. La ley, que nació como un deseo de contentar a los energúmenos de ERC -que finalmente ni siquiera se han sumado al acuerdo-, hará al menos felices a los que, como el magistrado Martín Pallín, piensan que los muertos por el bando republicano o por los desmanes anarquistas de los años treinta ya tuvieron suficientes homenajes durante el franquismo. No reparan siquiera en la posibilidad de que estas familias se sientan legitimadas tan sólo por el homenaje de la democracia, no de un dictador. La tesis del juez viene a decir que esos son los muertos malos: el régimen democrático no puede homenajear jamás su memoria y quien ya lo hizo, un dictador, satisfizo suficientemente sus necesidades. Tremendo.
Santiago Carrillo, el nonagenario comunista que tan buen servicio brindó a su país en los años setenta cuando templó y modernizó las estructuras de su partido y adaptó sus aspiraciones a las que meramente favorecieran la convivencia y la democracia, parece estar ahora mucho más orgulloso de su trágico papel en la guerra civil que de su sensata aportación a la Transición española. ¿De verdad le interesa a Carrillo que se reabran las fosas de Paracuellos y se le asignen formalmente los muertos que provocó? ¿Tan respaldado se siente por esta ley fragmentada y fragmentadora?
La memoria, desgraciadamente, no se legisla. Si acaso sólo se legisla en las dictaduras más feroces, donde se decide la oficialidad de lo que pasó. Nunca en regímenes de convivencia racional. Cuando se desencadena una legislación adecuada a una forma de actuar, pensar y guerrear como la que representaba el escaso amor por la libertad y la democracia del Frente Popular se está intentando volver a poner el reloj en la hora del ayer. En la hora de un ayer que resultó trágico para una España que aprendió a mirar al futuro en tiempos que ya empezamos, lamentablemente, a añorar.
Y el que no esté de acuerdo con los preceptos elementales de esta ley ya sabe que, tácita o explícitamente, será acusado de franquista. Cosa que quizá sea uno de los objetivos de la misma, mire usted por donde. Que poco se imaginaba ese dictador que iba a seguir siendo protagonista de la política española tantos años después. Qué país.