Si recordamos cuál era la situación de la sanidad asturiana a principios de los años ochenta, veremos que se trataba, como en el conjunto de España, de un sistema sanitario mutual sostenido con las cotizaciones de la Seguridad Social, con millones de personas sin más cobertura sanitaria que la denominada Beneficencia, parcialmente costeada por los ayuntamientos.

La llegada del PSOE al Gobierno, en 1982, pone encima de la mesa la creación de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal y en el que la atención a la salud se concibe como un derecho ciudadano que es preciso hacer efectivo organizativa y financieramente. Y es así como se desarrolla la normativa que iba a posibilitar la gran reforma de la sanidad en España: el decreto de Estructuras Básicas de Salud, de 1984; la ley de Incompatibilidades, de 1985, y la ley General de Sanidad, de 1986.

En ese contexto, en Asturias se produce un hecho que marcaría el futuro y permitiría dar el salto más relevante de su historia a la sanidad asturiana: el acuerdo de colaboración y cooperación entre los gobiernos autonómico y central para desarrollar la reforma sanitaria.

El futuro requiere una financiación adecuada y una estrategia que supere los problemas que la organización de los hospitales y la demanda excesiva transforman en tiempos de espera inadecuados para muchas patologías

Comienza con la realización de un documento fundamental para que el proceso tenga sus rieles asegurados y sus objetivos encajados sobre la realidad: el mapa sanitario de Asturias, en 1984, uno de los primeros realizados en todo el país. Un documento administrativo y de planificación que se apoyaba, además, en un criterio del Gobierno presidido por Pedro de Silva: detener la despoblación de las alas y del interior, descentralizando y creando servicios en todo el territorio para fijar la población, valorando la distancia en tiempo -isócronas- antes que los kilómetros de carretera sobre un mapa.

En paralelo, la reforma de la atención a la salud mental que se desarrolla en Asturias incide en este acuerdo para colaborar en la desaparición de las estructuras manicomiales. Este desarrollo de la atención comunitaria de salud mental coincide con el plan de reformas en marcha, favoreciendo la integración de este modo de atención en el conjunto del sistema sanitario, creando progresivamente unidades de hospitalización de pacientes agudos de salud mental en los hospitales generales del sistema y colaborando en la creación de centros de salud mental en la comunidad, así como otros dispositivos intermedios.

El nuevo sistema sanitario se basa en el desarrollo de la atención primaria de salud, auténtica bandera de la reforma en Asturias, acompañada de una total reorganización y reordenación de los recursos hospitalarios.

En atención primaria, la intensa colaboración del Gobierno de Asturias propició la disponibilidad de espacios y la construcción intensiva de centros de salud y consultorios. Esto supuso un aumento de las plantillas de medicina de familia y enfermería, con la incorporación de profesionales a jornada completa, que ya estaban en el sistema, y multiplicó el tiempo de dedicación, mejorando la calidad de la asistencia de manera exponencial.

En la atención hospitalaria se encontraba una gran concentración de camas en Oviedo, con dos hospitales generales de tercer nivel, el Hospital General de Asturias, que venía de ser una de las referencias importantes de la atención hospitalaria española y lugar donde nació el MIR en nuestro país; y la Ciudad Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga, que, a su vez, incluía el Instituto Nacional de Silicosis y el Centro de Rehabilitación, ambos de referencia nacional.

Parte del equipo de cuidados intensivos del Hospital Universitario Central de Asturias

Sin embargo, hospitales como Cabueñes en Gijón y San Agustín en Avilés eran claramente insuficientes para las poblaciones que habían de atender, y el Hospital de Mieres, tras ser la residencia sanitaria más antigua del país, había tenido que cerrarse debido a problemas estructurales.

Mientras, la población de las alas y del Suroccidente, se mantenía en isócronas excesivas para acceder a servicios especializados.

En esa situación se plantea un proceso de redistribución de camas hospitalarias que cuenta con una decisión estratégica fundamental: el acuerdo mediante el cual el Insalud pasaba a gestionar el Hospital General de Asturias, lo cual posibilitó, por un lado, la viabilidad financiera de éste y, por otro, el inicio de un proceso que debía culminar en la construcción de un nuevo hospital, suma de los dos.

En ese marco de cooperación interinstitucional se fueron produciendo importantes progresos en todas las comarcas de Asturias: se abrieron de nuevo el Hospital de Mieres (primavera de 1986), el Hospital de Cangas del Narcea (verano 1986), el Hospital de Jarrio (junio 1989), el Policlínico y Hospital de Arriondas (1989-1997).

Por otra parte, se reformaron y ampliaron el Hospital de Cabueñes, que incrementó el número de camas, recuperó un edificio en ruinas para desarrollar las consultas externas y renovó completamente la Escuela de Enfermería y la lavandería; el Hospital San Agustín, que casi triplicó su espacio disponible con obras en dos fases, y el Hospital Valle del Nalón, que también amplió sus espacios con especial incidencia en consultas externas.

A la vez, en Asturias existían una serie de hospitales vinculados a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, como los hospitales de Cruz Roja en Gijón y Oviedo, el Hospital Monte Naranco (dependiente de la AISNA) en Oviedo, el Hospital de Caridad en Avilés, el Hospital de Jove en Gijón, el Hospital Asilo de Luarca o el mismo Sanatorio Adaro en Langreo.

Con todos ellos se abrió un proceso de colaboración en el cual, además de facilitar su viabilidad financiera, se perseguía una integración funcional basada en la complementariedad y en el aprovechamiento de sus capacidades para satisfacer necesidades no cubiertas, como agilizar la espera quirúrgica con cirugía de baja complejidad, mejorar el rendimiento de las camas de agudos con los cuidados intermedios, ampliar la oferta de hemodiálisis o, en el caso del Hospital de Jove, convertirlo en hospital general moderno de referencia para un distrito del área sanitaria de Gijón.

Esta experiencia hizo de Asturias una referencia ejemplar para todo el Estado, tanto por las formas de gestión adoptadas como, sobre todo, por la integración y complementariedad asistencial con una red pública en pleno proceso de reordenación.

Ese proceso permitió, en un segundo tiempo, la construcción de un hospital nuevo en Oviedo que sustituyera al complejo hospitalario, cuyo tamaño ya había ido reduciéndose según crecían los recursos de otros centros de la comunidad. El primer intento en los años noventa fue inviable financieramente, y en los años posteriores se encontró, además, con dificultades políticas que no se resolvieron hasta las transferencias sanitarias, que permitieron al Gobierno asturiano iniciar y terminar su construcción.

El nuevo HUCA se pone en marcha en junio de 2014, naciendo como un gran hospital que pretende ser referente tecnológico y digital, consiguiendo impulsar la creación del Instituto de Investigación del Principado de Asturias (ISPA), con apoyo en la Fundación de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), e integrando la enseñanza clínica de las licenciaturas de Medicina y Enfermería, amén de otras enseñanzas sanitarias. Pero la descripción de cambios y desarrollos de estructuras, con ser importantes, no representan la totalidad de la realidad que ha supuesto el proceso de reforma sanitaria, sus cambios en dedicación, calidad, información y búsqueda de fórmulas de mejora continua.

La situación en la que se encontraba el sistema en los últimos años noventa, con espacios de organización profesional y autonomía de gestión que ahora son demandados y añorados, así como la posibilidad de que esa estrategia medrara en el ámbito hospitalario sufrieron un frenazo violento con la publicación del real decreto de febrero de 2012, que dinamitó la universalidad de la asistencia, y el recorte importantísimo de financiación, que hizo retroceder la participación del PIB en más de un 1% y que inició un proceso de descapitalización que amenaza con destruir nuestro sistema sanitario.

Aunque Asturias ha mantenido mejor que otras comunidades su funcionamiento y ambición (nuevo HUCA), también ha sufrido las limitaciones impuestas de reducción y limitación de las tasas de reposición de personal en todas sus estructuras.

El futuro inmediato demanda un retorno a la universalidad de la asistencia de un sistema que, desde 1991, es financiado en base a los Presupuestos Generales del Estado y debe extender su cobertura a toda la ciudadanía, puesto que, de forma directa o indirecta, toda persona residente en España está pagando impuestos.

Y, por supuesto, requiere una financiación adecuada y una estrategia que supere los problemas que la organización de los hospitales y la demanda excesiva (más de la mitad depende de peticiones entre especialistas) transforman en tiempos de espera inadecuados para muchas patologías.