13 Asturias necesita una fiscalía provincial

Completaría no sólo el despliegue territorial del ministerio fiscal, sino la verdadera equiparación con los órganos judiciales

Asturias necesita una fiscalía provincial
| Jorge Martínez
María Esther Fernández García
Fiscal Superior del Principado de Asturias

Sin entrar a analizar su origen histórico, ni su evolución a lo largo de estos años, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución de 1978, podemos afirmar que el ministerio fiscal es una institución integrada en el poder judicial con autonomía funcional. El ministerio fiscal surge de la necesidad de separar, para poner fin al proceso inquisitivo, la misión de juzgar y ejecutar lo juzgado (asignada a jueces y tribunales), y la de acusar, atribuida a otro órgano independiente, el ministerio fiscal. Esto hace que la labor principal del fiscal sea la de ejercer la acción pública en los procesos penales, pero no es la única, como pone de manifiesto la continua expansión de sus funciones.

Centrándonos en los cometidos del fiscal en el ámbito penal, y sin pretender en este artículo debatir sobre si la instrucción debe quedar en sus manos y cuál es el mejor modelo de procedimiento, lo que sí podemos afirmar es que, por mucho que se retrase, finalmente llegaremos al fiscal instructor, investigador o como quiera que se le denomine, con más o menos limitaciones, según disponga la futura ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR); y cuando esto suceda, los fiscales estaremos preparados para asumir inmediata y eficazmente los nuevos cometidos que se nos asignen, en aras de una óptima prestación del servicio, pues para ello la Fiscalía General del Estado, a través de las reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y, sobre todo, la operada por la ley 24/2007, de 9 de octubre, ya inició y puso en marcha los medios necesarios.

Se buscó con esta ley, según su propia exposición de motivos, reforzar la autonomía del ministerio fiscal como órgano de relevancia constitucional, mejorar su capacidad funcional y actualizar su estructura, buscando una mayor eficacia conforme a un criterio de especialización y de reordenación de su modelo de implantación geográfica. La organización territorial del ministerio fiscal fue objeto de nueva regulación para lograr un doble objetivo: de una parte, su adecuación al Estado de las autonomías y, de otra, permitir un despliegue territorial más eficiente, que posibilite hacer frente en mejores condiciones a las funciones que tiene atribuidas.

De esta manera, se crearon las fiscalías superiores de las comunidades autónomas como órganos diferenciados de las fiscalías provinciales, que actuarían ante los juzgados y secciones de las audiencias provinciales. No obstante, quedó a salvo la posibilidad de que, en algunas comunidades autónomas uniprovinciales, pudiera mantenerse la actual acumulación de funciones en una sola fiscalía, que sería la de la comunidad autónoma, y en un solo jefe, el fiscal superior.

La ley 24/2007, de 9 de mayo, de reforma de la ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprobó el EOMF, supuso una profunda reforma en la configuración estructural y territorial de la institución. Basándose en la nueva reordenación geográfica y en las esperadas reformas procesales, se creó, entre otras, la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, cuyos integrantes, tal y como se expresa en la exposición de motivos del EOMF, estaban llamados a despachar los asuntos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Esta creación, necesariamente, ajustó más la estructura orgánica del ministerio fiscal a la de la carrera judicial. No obstante, tal ajuste no llegó a completarse en nuestra comunidad, ya que no se creó la Fiscalía Provincial, cuyas competencias fueron asumidas por la Fiscalía Superior y todo ello basado en la menor carga de trabajo. Pero esta postura no tiene por qué ser eterna, pues la norma que lo permitió deja claro el carácter potestativo de esta opción.

La interinidad de la situación anterior resulta expresamente contemplada por la ley. Así, en el artículo 18.5 párrafo segundo del EOMF se prevé que "al menos cada 5 años", la plantilla orgánica del ministerio fiscal "será revisada… para adaptarla a las nuevas necesidades". Pero incluso el fundamento inicial para el no desdoblamiento de las fiscalías de las comunidades autónomas uniprovinciales, basado en una previsible menor carga de trabajo de éstas, ha sido superado tras las últimas reformas legislativas (tanto en el orden penal como en el contencioso-administrativo, entre otras).

Al cabo de los nueve años de vida del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tras la reforma del año 2007 se ha podido constatar, en las sucesivas memorias de la Fiscalía General del Estado, que la carga de trabajo desarrollada por la Fiscalía Superior del Principado de Asturias no difiere mucho de la desarrollada por las fiscalías superiores de otras comunidades autónomas pluriprovinciales.

Las recientes modificaciones procesales operadas por la ley Orgánica 13/2015 y por la ley 41/2015, de 5 de octubre, suponen una novedad en la vetusta ley de Enjuiciamiento Criminal y, sin duda alguna, esto va a implicar un claro esfuerzo de todos los operadores jurídicos llamados a trabajar y "pelearse" con la nueva regulación. Tras la entrada en vigor de la ley 41/2015, resulta evidente que, desde la estricta perspectiva penal, el nuevo sistema de apelaciones que establece el artículo 846.ter de la LECR va a implicar un notable incremento de trabajo para las salas de lo civil y penal de los TSJ, así como para las fiscalías llamadas a atenderlas.

Resulta ya inaplazable la creación en nuestra comunidad autónoma de la fiscalía provincial, completando así no sólo el despliegue territorial del ministerio fiscal, sino la verdadera equiparación con los órganos judiciales.