La verdad y la justicia no se discuten, se prueban

Mucho agradezco, señor Molina, su nueva carta, que tiene la gran virtud de ponerme las cosas fáciles. Veamos.

1.º- “34 años después cuando, como testigo e investigador presencial de los hechos, estaba a punto de publicar un libro sobre la materia (que ahora ya está disponible, pero con la primera edición agotada)”. Eso es lo que digo. Me refiero a la fecha de publicación de mi libro titulado “34 años después. El asalto a la Embajada de España en Guatemala”. Nada más.

2.º- Yo llegué a Guatemala al día siguiente del Asalto a la Embajada. Permanecí cuatro meses y medio investigando a fondo con ayuda de expertos locales. Fui testigo presencial de las muchas barbaridades cometidas por el Gobierno guatemalteco: secuestro en el Hospital Herrera Llerandi y posterior asesinato del superviviente Gregorio Yujá, intento fallido de hacer lo propio, con el fin de silenciarlo, con el embajador Cajal, evitado por el embajador de Costa Rica Mario Esquivel; traslado del embajador Cajal con la colaboración de otros embajadores a la residencia del embajador de los Estado Unidos Frank Ortiz para salvaguardar su vida; especial referencia merecen en este caso el embajador de Venezuela Jesús Elías, encargado de los intereses españoles (quien se enfrentó dignamente con la Policía judicial que trató de evitar el traslado), y la cooperación eficaz del equipo de seguridad estadounidense; distintas reuniones con el canciller de Guatemala Castillo Valdez, que no sabía qué decir… y un larguísimo etcétera que figura claramente explicado en mi mencionado libro “34 años después. El asalto a la Embajada de España en Guatemala”.

3.º- El doctor Molina Orantes era un caballero que me distinguió con su amistad personal tanto como presidente del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica (nos veíamos prácticamente todas las semanas y estuvo en mi casa varias veces) como canciller. Estuve destinado más de cinco años en Guatemala y era, efectivamente, un secretario de Embajada segundo en la misión. Sucede que también fui encargado de Negocios ad Interim haciendo funciones de embajador durante siete meses, lo que me permitió seguir cultivando su amistad tanto profesional como personal. Charlamos de multitud de temas, incluido su permanente preocupación por Guatemala. Debido a esos profundos lazos y trabajos en común, al final de mi estancia en Guatemala me honró otorgándome e imponiéndome personalmente la Orden del Quetzal, máxima condecoración de Guatemala, que, en efecto, era inusual que se otorgara a un simple (como da usted a entender) secretario de Embajada.

4.º- Tiene usted mala suerte. Los tres misioneros del Sagrado Corazón (los jesuitas no estaban en el Quiché) asesinados José María Gran, Faustino Villanueva y Juan Alonso, a los que usted tacha irresponsablemente nada menos que de ser miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres (una falsedad perversa más que podría generar una querella), acaban de ser propuestos por el Vaticano para ser beatificados como mártires con el pleno apoyo del Papa Francisco. Repito que me parece vergonzoso y un sucio sarcasmo jugar de forma tan vil con personas que han sido torturadas y asesinadas por decir la verdad sobre el tema.

5.º- Fui enviado especialmente por el Gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) para declarar como testigo en el juicio contra Pedro García Arredondo, convocado por la honorable jueza guatemalteca. El Ministerio corrió con todos los gastos de vuelo y estancia. Me alojé en la residencia de la Embajada de España. Elaboré el informe correspondiente, que fue distribuido por el Ministerio en todas nuestras embajadas. Por ello me parece de una bajeza imperdonable su insinuación de que mi viaje fuese financiado por Rigoberta Menchú, que le recuerdo es premio Nobel de la Paz. Por estas dos últimas inmundas falsedades (viaje y misioneros), corto desde este instante cualquier relación con usted.

Por cierto, el acusado García Arredondo fue sentenciado a 40 años inconmutables por el asalto y el intento de asesinato en grado de tentativa del embajador Máximo Cajal y a 50 años adicionales de cárcel por la muerte de dos estudiantes universitarios dos días después, cuando participaban en el sepelio de las víctimas del incendio.

Considero inútil seguir argumentando en contra de sus evidentes desatinos. Prefiero que lo haga Naciones Unidas, organización, por cierto, muy respetada por su padre. Ya que usted pide pruebas, ahí están todas.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de los Hechos del Pasado –CEH–, más conocida como la Comisión de la Verdad de la ONU, creada y apoyada por todos sus estados miembros, efectuó una investigación exhaustiva, con informes de un completísimo número de técnicos y expertos de impecable imparcialidad, a petición incluso del propio Congreso de la República de Guatemala (punto resolutivo n.º 6-98). La Comisión de la Verdad, creada el 31 de julio de 1997, presentó en febrero de 1999 su informe (que nadie puede descalificar por ser el de la ONU), titulado “Guatemala, memorias del silencio”, sentenciando implacablemente la culpabilidad y responsabilidad del presidente, gobernantes y las mal llamadas “fuerzas del orden” guatemaltecas de entonces, y dando toda la razón a las tesis esgrimidas por España. TODOS los estados miembros respaldaron el informe, cuyas conclusiones fueron:

Conclusiones:

“Analizados todos los antecedentes de este caso, la CEH llegó a la convicción de que agentes del Estado, en concreto la Policía Nacional, judiciales y miembros de la Inteligencia del Ejército, uniformados y de civil, atentaron contra el derecho a la vida de personas que fueron los responsables materiales de la ejecución arbitraria de quienes estaban dentro de la Embajada de España, y que las más altas autoridades del Gobierno de Guatemala de la época son responsables intelectuales de esta gravísima violación de derechos humanos.

”La CEH considera que carece de toda base la hipótesis de que las víctimas se autoinmolaron.

”La CEH estima que la reacción del Estado fue injustificable, ya que su operativo y despliegue ofensivo fueron totalmente desproporcionados en relación con la amenaza que representaban los ocupantes, quienes se encontraban, prácticamente, en estado de indefensión.

”Del mismo modo, asiste a la CEH la convicción plena de que agentes del Estado ejecutaron arbitrariamente, bajo protección de las autoridades superiores, al único ocupante que sobrevivió la masacre de la Embajada, Gregorio Yujá.

”La CEH, coincidiendo con la opinión del Congreso de la República de Guatemala, considera que los ocupantes tenían como única intención la denuncia pública y pacífica de las graves violaciones a los derechos humanos que sufría la población maya en zonas rurales. No haber sido escuchados por autoridad alguna ni por la prensa los llevó al extremo de ocupar la Embajada de España.

”Los antecedentes del caso establecen de forma plena que el Estado de Guatemala no llevó a cabo investigación real alguna encaminada a establecer la responsabilidad de los hechos, incumpliendo su deber de perseguir, enjuiciar y sancionar a los responsables y favoreciendo, de este modo, la impunidad.

”Por otro lado, a la luz de las normas del derecho internacional, los agentes del Estado atentaron flagrantemente contra el Convenio de Viena, al entrar en la Embajada aun contra la voluntad expresa del jefe de misión, al desproteger y atentar contra la vida de su personal y al violar y destruir el recinto diplomático.

”El caso de la masacre de la Embajada de España es precedente, y prueba de la intensidad y el exceso que alcanzó en 1980 la represión política durante el Gobierno de Lucas García, y refleja tanto la imposibilidad de cualquier acción de oposición, de demanda social de justicia y de denuncia de violaciones de los derechos humanos cometidas en esa época, así como el ambiente de terror y amenaza que se vivía en el país.

”La CEH resalta el valor y el significado de la resolución del Congreso de la República de Guatemala, que consideró y reconoció de un modo formal que ‘un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate en la pobreza y pobreza extrema, al tomar la Embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación’, y que ‘la memoria histórica es parte de la cultura social y que esa misma debe ser inspiración de reconciliación y paz, para que los hechos acaecidos nunca más vuelvan a repetirse en la sociedad guatemalteca’.

Por último, el caso fue un hito en el enfrentamiento armado interno, porque en él confluyeron la violencia que se vivía tanto en las zonas rurales como en las urbanas, en un suceso en que murieron tanto indígenas como ladinos, campesinos, obreros, estudiantes, personal de la Embajada, y que evidenció que el Estado no autoimponía límite alguno, jurídico o ético, a sus acciones represivas”.

El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Álvaro Arzú, Eduardo Stein, visitó oficialmente España en marzo de 1996 y pidió “públicas excusas” al Gobierno y pueblo español por la “vergonzante actuación” de las fuerzas armadas en el asalto a la Embajada de España, que constituyó “no solo una violación del derecho internacional, sino uno de los episodios más negros de la Historia guatemalteca”. Stein confesó “sentir vergüenza” personal por actuación tan brutal y la insidiosa y falsa campaña contra el embajador Cajal.

Pregunta sencilla: al cumplirse el 40.º aniversario del asalto, ¿por qué si la ONU, es decir, toda la Comunidad Internacional, el Parlamento y el ministro de Relaciones Exteriores guatemaltecos y el Vaticano reconocen lo que sucedió, algunos se empecinan todavía en negarlo todo? En suma: la verdad y la justicia no se discuten, se prueban.