La Audiencia mantiene en Prisión a Otero

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La exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación María Jesús Otero, seguirá en prisión tanto por la gravedad de los delitos que se le imputan, y que pudo haber cometido con el beneplácito del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, como por el riesgo de fuga que presenta por su escaso arraigo social y disponer de amplios recursos económicos.

Así se destaca en el auto hecho público hoy por la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias en la que se rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Otero para que su cliente fuese puesto en libertad.

Otero, implicada en una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en el Principado, está acusada de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios y se encuentra en prisión desde el pasado 26 de enero.

El fiscal había solicitado que por la gravedad de estos hechos y el riesgo de fuga se mantuviese la situación de prisión provisional para la exdirectora, propuesta a la que se opuso la acusación particular que ejerce el Gobierno asturiano, que pidió su puesta en libertad.

No obstante, el magistrado José Francisco Pallicer, ponente del auto, considera que sí hay motivos para que esta ex alto cargo continúe en prisión y niega que la imputada no haya estado informada de los hechos que llevaron a su detención.

Así, en el auto asegura que "sí existen indicios de los delitos apuntados en el auto recurrido en tanto que la imputada, supuestamente, con abuso de la funciones de su cargo de directora general (...) con la anuencia de su superior el consejero Riopedre, y previo concierto con los representantes de determinadas empresas, dispensaba un activo trato de favor a las mismas adjudicándoles continuadamente obras o servicios públicos a cambio de recibir importantes sumas de dinero".

Añade que ese dinero era ingresado en alguna de sus "trece cuentas bancarias personales o bien en cuentas de empresas vinculadas a sociedades en las que la misma participaba con otros familiares y/o amigos".

Para este magistrado, la vía utilizada por Otero puede ser también inicialmente calificada como "posiblemente prevaricadora pues no en vano existía una permanente coincidencia entre las empresas de los coimputados que presentaban ofertas, con las que eran previa y finalmente elegidas"

Según doctrina del Tribunal Supremo eso "va más allá de la simple casualidad y sólo se explica mediante la existencia de la concertación previa".

El magistrado asegura que de esos hechos existe documentación bancaria, de la Agencia Tributaria e informaciones de terceros "que la imputada en su declaración no ha podido desvirtuar" y que se han visto también apoyados por las escuchas telefónicas practicadas.

De hecho, el auto señala que con los antecedentes existentes "no cabe excluir la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados, además de los señalados inicialmente, como un delito de cohecho continuado, integrado por múltiples actos de soborno, que conllevaría la imposición de una pena de entre cuatro y seis años de prisión.

Dada la gravedad de las penas a las que se enfrenta, hay un riesgo de fuga que no se puede descartar y que se ve potenciado por el hecho de que, aunque los bienes y cuentas de Otero han sido embargados cuenta con importantes recursos económicos.

Según el auto, "no cabe excluir la posibilidad de que pudiera disponer de otros bienes desconocidos para la investigación o que incluso puedan estar a nombre de terceros o pertenecer a sociedades de las que es partícipe, sin que tampoco se pueda descartar que personas próximas pudieran prestarle auxilio", afirma el ponente.

El auto señala también que a la hora de determinar el riesgo de fuga se ha tenido también en cuenta el rechazo social que merece su conducta, que está jubilada y que tiene un "escaso arraigo familiar en esta comunidad" ya que es soltera y los familiares más cercanos son sobrinos o hermanos con los que no convive.

Por último, mantiene también que las investigaciones siguen todavía practicándose a buen ritmo, siendo prueba de ello el hecho de que el sumario todavía permanece secreto, por lo que pueden aparecer todavía nuevos elementos de incriminacion o incluso nuevos imputados.

En este sentido, asegura que en el momento actual se encuentran pendientes de practicar importantes diligencias de investigación como son la apertura y estudio de los archivos informáticos incautados a los imputados y que "en rigor no cabe descartar que la imputada pueda alterar fuentes de prueba o tratar de influir en testigos".


El abogado de Otero pedirá amparo al Tribunal Constitucional

La defensa de la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, María Jesús Otero Rebollada, ha informado este jueves a Europa Press que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitución ante la desestimación del recurso contra el auto de prisión provisional para su cliente, ratificado este día por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

El abogado, Ángel Bernal, ha explicado que el recurso de amparo se basaría en la vulneración de derechos fundamentales, al haber una "absoluta" ausencia de justificación de la medida cautelar impuesta.

Bernal, que visitará esta tarde a su cliente en la prisión de Villabona, ha apuntado que, pese a tener un plazo de 30 días para presentar el nuevo recurso, tiene previsto hacerlo la semana próxima. Posteriormente será el Tribunal Constitucional quien diga si admite a trámite el recurso, tras lo que se entraría después al fondo de la cuestión. Pese a todo, el proceso es largo y es posible que se revocara antes el auto de prisión provisional si cambian las circunstancias.

Asimismo, ha reconocido que no le ha sorprendido mucho la decisión de la Audiencia y ha llamado la atención sobre que haya "un diferente rasero y criterio", ya que se usan argumentos iguales para el caso del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, al que se le ha estimado el recurso y se le ha dictado libertad bajo fianza de 100.000 euros, que para el de su cliente, pero con sentidos diferentes.

A este respecto, ha incidido en que se diga que no hay riesgo de fuga o de ocultación de pruebas en el caso de Riopedre, porque la investigación está muy avanzada, cuando en el de Otero se recalca que las investigaciones siguen realizándose "a buen ritmo", según el auto.

Además, ha enfatizado que Otero tiene bloqueados sus bienes y no consta que tenga nada al margen de lo ya intervenido, con alusión a que la Audiencia señale como posible riesgo de fuga, no en el caso de Riopedre, el que no se sepa si dispone de otros bienes desconocidos para la investigación o que incluso puedan estar a nombre de terceros o pertenecer a sociedades de las que es partícipe, sin que tampoco se pueda descartar que personas próximas pudieran prestarle auxilio.

"No puede basarse en hipótesis no contrastadas", ha dicho sobre la argumentación de la desestimación del recurso por parte de la Audiencia Provincial. Bernal ha añadido que la vista celebrada este miércoles le ha servido para ver que la fiscal solo habló de un supuesto cohecho y que no ofreció datos que justifiquen ni el riesgo de fuga ni la ocultación de pruebas. "Objetivamente, la idea debió ser otra", ha apostillado sobre que la Fiscalía mantuviera su petición de prisión provisional.

Por parte del abogado que representa a la ex funcionaria Marta Renedo, a la que también se le ha desestimado el recurso por motivos similares, ha indicado que estudiará con su cliente la acción a tomar, que pasaría por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El letrado Luis Tuero, no obstante, ha evitado pronunciarse por el momento sobre el auto judicial, ya que todavía no se le había entregado. Pese a todo, ha insistido en que "no hay riesgo de fuga" de su cliente y que lo lógico es que "una serie de premisas te lleven a una conclusión y no tener que motivar una decisión tomada".