Las debilidades del sistema

Abuso de la libre designación, fraccionamiento de contratos sin justificación, incapacidad de los sistemas de vigilancia para obligar a los entes fiscalizados a cumplir con sus recomendaciones o la relativa transparencia de las empresas públicas. Éstas son algunas de las debilidades que presenta la Administración del Principado que desde hace tiempo llevan denunciando tanto destacados juristas de la región como la oposición -el Partido Popular- o los sindicatos, en especial los sectoriales.

Estos «agujeros» de la Administración han vuelto al primer plano después de que saliera a la luz una supuesta trama corrupta en el Principado que ha llevado a la cárcel, entre otros, al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, amigo y hombre de confianza del presidente Vicente Álvarez Areces durante casi tres décadas, dentro de lo que la Policía ha bautizado como la «operación Marea».

La libre designación, una de las raíces del problema. No hay conversación o cotilleo sobre la sorpresa que a muchos ha producido la encarcelación de José Luis Iglesias en la que no aparezca la cuestión de cómo se ha venido utilizando la libre designación para cubrir los puestos de alto funcionario. El abuso de esta forma de provisión de cargos ha sido denunciado reiteradamente por muchos sindicatos, que han conseguido tumbar en los tribunales el nombramiento de cientos jefes de negociado, sección y servicio del Principado. Todos los colectivos que han criticado el abuso que se hace de la libre designación -una cuestión común a buena parte de las administraciones del país- coinciden en señalar que su mayor peligro es que el poder político consiga diseñar una administración sumisa a sus intereses, ya sean transparentes o interesados, y acabar con la posibilidad de que el funcionario diga «no».

En la práctica hay quien defiende que esto supone ascender a los funcionarios con carné y afines ideológicamente al partido que sustenta al Gobierno. Pero esto no siempre es así. En otros casos simplemente «se asciende a gente que acaba de sacar la oposición que tiene poca experiencia y ninguna antigüedad ni complemento salarial consolidado. Para esta gente un ascenso supone una buena inyección de dinero al mes. Por eso es lógico que en caso de duda acepten lo que les dice su superior político», explican trabajadores de la Administración. Un estudio realizado hace un par de años por Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, una asociación formada por funcionarios del Principado, señalaba que se había elegido a dedo 550 de los 2.100 altos cargos funcionariales que había en la Administración asturiana.

Sin concursos de méritos. A la libre designación habría que añadir la figura de la «comisión de servicios», que sobre el papel sirve para cubrir durante un año un puesto en la Administración hasta que se convoque el concurso para optar a la plaza. Pero estos concursos estuvieron durante años congelados, convirtiéndose así en una libre designación de facto.

¿Pero cuáles son los peligros? Fundamentalmente acabar con la independencia del funcionario. Un ejemplo. Las mesas de contratación por las que tienen que pasar las ofertas para los grandes contratos de obras y de suministros de la Administración están compuestos obligatoriamente por un letrado y un interventor, y habitualmente por el jefe de servicio del que depende la obra, que debe defender el porqué es necesaria. En este paso no puede participar ningún cargo político, desde el consejero al director general. Pero el jefe de servicio puede haber sido elegido a dedo y con la nueva Ley de Función Pública hasta los letrados pueden ser nombrados siguiendo este sistema. «¿Qué garantías hay de que siendo cargos de confianza del cargo político no se dejen presionar para apostar por una u otra oferta?», cuestionan fuentes de la Administración.

Las empresas públicas. O como machaconamente los denominada el PP, los «chiringuitos». Este tipo de empresas, muchas de ellas sociedades anónimas, han permitido al Principado agilizar grandes inversiones como el nuevo hospital o la compra de parte de las oficinas del edificio de Calatrava. Pero, según el PP, también han servido para ocultar deuda pública, adjudicar contratos con dinero público evitando el control parlamentario y contratar a trabajadores sin la criba de la oposición pública.

Las dudas en las adjudicaciones de los contratos. La Sindicatura de Cuentas, órgano de fiscalización por excelencia del Principado, repite constantemente en los informes que ha hecho sobre los organismos del Principado advertencias de cómo los criterios que se utilizan en las adjudicaciones no son objetivos, que hay métodos de adjudicación, como es el trámite de urgencia, que se ponen en marcha sin justificación aparente o cómo se abusa del fraccionamiento de contratos. Esto es, convertir un contrato mayor en uno o varios de menor cuantía y así poder adjudicarlo directamente sin concurso público. La ley de contratos públicos, cuya última versión es de 2007, clasifica los contratos menores en aquellos cuyo precio es menor de 18.000 euros para suministros, y los que son menores de 50.000 euros para obras.

Éstos pueden adjudicarse sin necesidad de concurso público. La práctica habitual es que la Administración invite a enviar ofertas a un mínimo de tres empresas. Las ofertas se valoran y se adjudica el contrato a la que se considere mejor de manera directa. El objetivo es dar agilidad a determinadas compras y obras que no pueden esperar al proceso burocrático que exige un gran contrato. Precisamente, la funcionaria Marta Renedo, una de las detenidas en la «operación Marea» y que alcanzó su puesto de jefa de servicio a través de la libre designación, utilizó la vía de los contratos menores para adjudicar miles de euros a sus empresas.

Leyes para cerrar heridas. El Gobierno del Principado ha tenido que crear una ley y modificar otra para dar cobertura legal tras sentencias desfavorables a la libre designación y a la carrera profesional, respectivamente. Una salida que desde varios frentes de la Administración se entiende como una estrategia de última hora para «desactivar» las sentencias desfavorables que primero tumbaron la carrera profesional y luego muchos nombramientos de altos funcionarios.

La gestión de los recursos humanos. El proceso de selección del personal del Principado, centralizado desde 2007 en el Adolfo Posada, ha recibido numerosas críticas y varapalos judiciales debido a sus luces y sombras. En este caso, las quejas se centran en la negligencia que ha coronado muchos procesos, que en algunos casos acabaron en los tribunales dejando fuera a opositores que habían aprobado.

Los órganos de control, sin capacidad sancionadora. La supervisión de la gestión del Principado está en manos de órganos internos, casi todos encabezados por cargos de confianza, y de la Sindicatura de Cuentas, que todos los años audita el Presupuesto y a varias entidades públicas y locales. Sin embargo, sus recomendaciones y advertencias que incluyen sus auditorías no son vinculantes, dado que sólo se trata de un órgano consultivo que no tiene instrumentos para obligar a la Administración a cumplir sus dictámenes.