Las dos firmas implicadas en la trama vendían equipamientos para gimnasios y guarderías

Gijón, R. GARCÍA

Las dos principales empresas implicadas en la supuesta trama de corrupción investigada por la magistrada gijonesa Ana López Pandiella, Igrafo y Almacenes Pumarín, no sólo vendían a la Administración material de oficina. Estas firmas, cuyos propietarios se encuentran en libertad bajo fianza de 300.000 euros desde el pasado 27 de enero, fueron adjudicatarias durante los últimos años de numerosos contratos para suministro de todo tipo de materiales: desde máquinas de musculación para gimnasios hasta mobiliario para casas sindicales pasando por equipamientos para piscinas. La Administración regional y los ayuntamientos asturianos se establecen de esta manera como unos de los principales clientes de estas firmas y esto sin contar los contratos de menos de 18.000 euros, aquellos que no tienen que salir a información pública.

Durante los últimos años estas dos empresas aparecen en varios contratos firmados con las instituciones públicas. Igrafo, por ejemplo, fue la beneficiaria en octubre del pasado año de un contrato para el suministro de aparatos de musculación en el gimnasio Florida Arena. El Ayuntamiento de Oviedo otorgó entonces a la empresa propiedad de Víctor Manuel Muñiz un contrato de más de 60.000 euros. El mobiliario demandado en el año 2004 por el Ayuntamiento de Mieres ya le había dado a la firma otro contrato de similar cuantía. En Navia, Igrafo había conseguido la adjudicación del suministro de mobiliario para la piscina municipal por un total de 11.678 euros. En Siero la misma firma logró un nuevo contrato para amueblar el edificio polivalente de Carbayín Alto.

En el inventario de las obras realizadas por estos dos empresarios figuran además proyectos en común. El suministro del mobiliario necesario para la puesta en marcha del edificio de la antigua Casa Sindical de Turón fue adjudicado en el año 2004 a las dos firmas. Gracias a este proyecto Almacenes Pumarín ganó 103.851 euros, mientras que Igrafo consiguió 124.109 euros.

Pero aún hay más. En el año 2008 el Ayuntamiento de Mieres otorga a Almacenes Pumarín un contrato bajo el epígrafe «suministro de vestuario y material especial a la Policía Local». Poco meses después esta empresa conseguiría el suministro del mobiliario y de «juguetes y material de psicomotricidad» para la escuela infantil de 0 a 3 años de Montevil de manos del Ayuntamiento de Gijón.

Fuentes cercanas a los empresarios justifican todos estos contratos en la operatividad de sus firmas: «No hay muchas empresas que puedan dar tanto a la Administración, sobre todo si se tiene en cuenta que tienen que estar homologadas», explican.

Todos estos contratos fueron firmados meses antes de que la Policía Nacional iniciara las investigaciones en torno a la presunta corruptela por la que ya cumplen una orden de prisión provisional el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; la que fuera su «número dos», María Jesús Otero, y la jefa de procesos administrativos de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés.