El juez amplía la investigación de contratos a todas las consejerías y entes públicos

El magistrado Ángel Sorando. / Miki López

Gijón, R. GARCÍA

La investigación de la «operación Marea» contra la corrupción en el seno de la Administración regional sigue creciendo. El juez que instruye la causa en la que se investigan supuestas adjudicaciones irregulares en el Principado, el ovetense Ángel Sorando, acaba de aceptar la petición de la acusación popular ejercida por la asociación Avall y ha ordenado la puesta en marcha de nuevas diligencias con las que pretende clarificar si las dos empresas implicadas en este procedimiento penal, Igrafo y Almacenes Pumarín, fueron homologadas de manera correcta para servir a la Administración pública.

El magistrado ha solicitado una copia de las resoluciones mediante las que se estableció el contacto entre estas firmas y la Administración asturiana. El juez pretende de esta manera conocer el convenio mediante el cual estas empresas empezaron a servir a las consejerías del Principado de Asturias, «sus organismos y entes públicos y a otras entidades adheridas mediante convenio». La Consejería de Economía deberá entregar además un informe donde consten todos los contratos de suministros adjudicados durante los últimos cinco años a las dos empresas implicadas extendiendo de esta manera a todas las consejerías la investigación, que hasta la fecha se había centrado sólo en los contratos que tanto Igrafo como Almacenes Pumarín recibieron de Educación.

El magistrado que instruye esta causa, en la que ya se han visto involucrados políticos, funcionarios y empresarios asturianos, ha pedido además a la Consejería de Economía y Hacienda que emita un informe en el que se especifiquen «las comunicaciones que hubieran sido efectuadas por las entidades Almacenes Pumarín e Igrafo» en el ámbito del acuerdo marco que las unía a la Administración para comprobar si «efectivamente se hizo la aplicación generalizada del mejor precio» para los suministros de un bien. Ambas empresas sirvieron productos para todas las consejerías del Principado al estar homologadas para ello. Sorando solicita además que se proceda a la identificación de los funcionarios regionales encargados de controlar «el ajuste de precios». Por último, a la causa se deben unir además «todos los expedientes que se hubieren formado en relación a las adjudicaciones efectuadas» a estas dos empresas «en las que se justifique la necesidad e idoneidad del contrato».

La juez que comenzó la instrucción de la «operación Marea» contra la corrupción, la gijonesa Ana López Pandiella, ordenó en el mes de enero la entrada en prisión del ex consejero de Educación del Gobierno del Principado de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre; de la que fuera su número dos, María Jesús Otero, y de la alta funcionaria Marta Renedo Avilés. En libertad con cargos y bajo fianza de 300.000 euros quedarían posteriormente los dos empresarios imputados, el dueño de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el propietario de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz. La Audiencia aceptaría posteriormente la salida de prisión de Iglesias Riopedre bajo fianza.