La juez no ve injuria en sospechar que el PSOE gijonés se «benefició» de Almacenes Pumarín

Ana López Pandiella, a la derecha, con otras funcionarias, a la salida del Juzgado de Gijón / Marcos León

Gijón, R. VALLE

La juez del Juzgado de instrucción n.º 4 de Gijón, Ana López Pandiella, ha dictado el sobreseimiento de la denuncia presentada por el secretario general de la agrupación socialista de Gijón y teniente de alcalde, José Manuel Sariego, y su mujer, María del Mar Zapico, contra Manuel Pecharromán, edil del PP gijonés, por un supuesto delito de injurias y calumnias. La juez Pandiella, la que inició la instrucción de la «operación Marea», descarta que Pecharromán haya injuriado o calumniado al matrimonio Sariego por divulgar que María del Mar Zapico trabaja como comercial en Almacenes Pumarín, una de las empresas investigadas, y por indicar que la supuesta trama de corrupción investigada podría tener ramificaciones en el Ayuntamiento de Gijón.

Pero, además de desestimar la demanda de Sariego, la juez hace en su auto duras consideraciones sobre la relación entre Almacenes Pumarín y el gobierno municipal gijonés. Como ésta: «La habitual adjudicación de contratos por parte del Ayuntamiento de Gijón a Almacenes Pumarín, empresa en la que trabaja como comercial la mujer del teniente de alcalde, pudiera ser o no legal ya lo dirá en su caso el Juzgado encargado de continuar la instrucción del caso, pero lo que parece ser una conclusión lógica es que a los ojos de cualquier observador imparcial y desde un punto de vista estrictamente ciudadano se puede interpretar con relativa facilidad que el hecho de la decisión de contratación con dicha empresa pudiera ser, al menos, de muy dudosa moralidad pública».

Ana López Pandiella echó a andar en febrero de 2010 la investigación de la «operación Marea» por supuestas irregularidades en los contratos públicos y en la que han resultado imputados el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, su «número dos» en la Consejería, María Jesús Otero, la funcionaria Marta Renedo y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín) y Víctor Manuel Muñiz (Igrafo). Al mes del encarcelamiento de Riopedre -hoy en libertad bajo fianza-, Sariego reivindicaba la puesta en libertad del ex consejero en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA donde aseguraba que una «desatada furia justiciera difícil de comprender ha encerrado a un septuagenario enfermo en Villabona» y, en aquellos momentos en los que Ana López Pandiella llevaba las riendas del caso, reflexionaba sobre «lo que aterra es la impiedad, la inmisericordia, la prepotente implacabilidad de un acto de justicia».

En su fallo de ayer, la juez López Pandiella no sólo considera que no hubo tal delito de injurias y calumnias, sino que da amparo a las manifestaciones de Pecharromán. Y dice: «En resumen, partiendo de unos hechos bastante objetivos se llega a la conclusión de que con la constante adjudicación a Almacenes Pumarín de múltiples contratos por parte del Ayuntamiento de Gijón se ha beneficiado a diversos miembros del Consistorio y del mismo partido político del querellante, cuyos familiares figuran como trabajadores de dicha empresa. Por ello, de ahí a pasar a escribir que se utiliza el cargo en beneficio de amigos o compañeros, como sería el caso, no hay salto antijurídico alguno, pues simplemente es la valoración interpretativa, certera o errónea, eso es otra cosa, que haría cualquier ciudadano de tipo medio de esa misma situación». La juez añade en su auto que «el concejal del PP lo narra y explica porque tiene el medio para hacerlo y el ciudadano lo piensa y se lo calla porque él no lo puede transmitir públicamente; ésa es la diferencia entre ambos en este caso concreto».

Sus apreciaciones no se quedan ahí. Así, la magistrada que echó a andar la investigación sobre la supuesta corrupción en el seno de la Administración asturiana (hoy en manos del Juzgado número 2 de Oviedo) añade: «Además, desde el punto de vista de la ética democrática no parece ser una conducta muy adecuada y digna del respeto ciudadano, sobre todo si lo que se quiere transmitir a la ciudadanía son criterios de rigor y apariencia de legalidad, que se insista en adjudicar los contratos casi siempre a la misma empresa cuando diversos miembros del partido tienen a sus familiares trabajando en ella. Por tanto, tampoco se miente vilmente, o sea, tampoco se comete el delito de injurias en la modalidad de imputación de unos hechos a sabiendas de su falsedad. Estamos simplemente ante una cuestión de matices -actuación legal o no legal del Ayuntamiento de Gijón y de los querellantes- y ante una interpretación subjetiva de unos hechos concretos que parecen responder a la realidad de lo sucedido».

Sariego y Zapico formularon la querella contra Pecharromán ante el Juzgado de instrucción de Pandiella después de un acto de conciliación que no resultó fructífero. La querella incluía un pago de 12.000 euros -6.000 a cada querellante- por el daño moral causado. Paralelamente, el matrimonio inició un proceso judicial similar contra el también edil del PP gijonés Eduardo Junquera por unas declaraciones en el mismo sentido que su compañero. En este caso, aún no hay decisión judicial.

En su fallo de ayer, y tras reivindicar el valor preponderante de las libertades de expresión e información avalando su argumentación en doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Pandiella asegura que «las circunstancias del caso concreto no permiten sostener con el mínimo rigor jurídico que dichas opiniones (por las de Pecharromán) puedan ser constitutivas de los delitos de calumnias o injurias». Y apunta que «no se puede confundir la crítica voraz y dura» con el delito de injurias.

A la hora de analizar las circunstancias en las que Pecharromán hizo las declaraciones motivo de la denuncia, la juez parte del reconocimiento de que «es un hecho notorio para la sociedad asturiana que en los últimos meses han salido a la luz, gracias al trabajo de los propios medios de comunicación social y a la actividad profesional de jueces, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y AEAT y fiscales, muchas e importantes irregularidades jurídicas en el ámbito político autonómico (...) y en un Estado democrático de derecho como el nuestro es fácil establecer que los ciudadanos en general están muy interesados en conocer este tipo de cuestiones que afectan directamente a la buena o mala gestión de lo público».