El juez investiga la fuga de capitales de una empresa imputada hacia Luxemburgo

El juez Ángel Sorando. / Miki López

Gijón, R. GARCÍA

El juez que instruye el procedimiento judicial abierto a raíz de la «operación Marea» contra la corrupción, el ovetense Ángel Sorando, ha ordenado investigar los viajes al extranjero realizados a lo largo de los últimos 15 años por el socio de una de las empresas imputadas en la supuesta trama corrupta en la que ya se han visto involucrados políticos, funcionarios y empresarios asturianos. El magistrado pretende, de esta manera, averiguar si el ejecutivo de esta firma asturiana salió de España con destino Luxemburgo o algún otro país de la Unión Europea con el objetivo de ingresar en un banco extranjero capitales en efectivo que supuestamente habrían sido defraudados previamente a la Administración pública.

Ésta es una de las nuevas pruebas que ha solicitado el Juzgado ovetense de instrucción, pero no la única. Ángel Sorando también ha pedido, después de recoger la solicitud de una de las acusaciones populares, que se remita «un oficio a la Hacienda Pública española para que recabe el auxilio de la británica a fin de averiguar si alguno de los acusados o sociedades implicadas en la presente causa tiene fondos o propiedades en el Reino Unido». Desde el comienzo de las investigaciones la juez gijonesa Ana López Pandiella ordenó el embargo de todas las posesiones de los acusados, que podrían tener que utilizarlas en un futuro para responder ante la justicia de los delitos que hubieran cometido.

Ahora el Juzgado ha abierto una nueva investigación con la que pretende concluir si una de las imputadas que actualmente se encuentra en la cárcel de Villabona, la ex «número dos» de la Consejería de Educación María Jesús Otero, es propietaria de algún bien inmueble en Inglaterra. El juez no descarta, y así lo hace constar en su auto, que estas propiedades hayan sido inscritas a nombre de alguna de las sociedades de las que Otero es titular en España. De confirmarse las sospechas, el magistrado podría ordenar el embargo de estos bienes inmuebles.

Los resultados de estas nuevas investigaciones serán incluidos dentro de unos días en el sumario de la «operación Marea» contra la corrupción, aunque, según algunas partes personadas en este proceso, los nuevos datos «no variarán sustancialmente el contenido de la causa». La Fiscalía de Asturias tiene ya preparado, de hecho, un borrador de acusación. Un documento que, no obstante, «se matizará» en los próximos días con las declaraciones ante el Juzgado que aún quedan pendientes de realizar. Entre estos interrogatorios se encuentra el de la actual consejera de Administraciones Públicas del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya.

El juez Sorando ha ordenado además a la Policía que se determine si el ordenador de la funcionaria Marta Renedo Avilés, imputada en esta causa, fue modificado después de su cese en la Consejería dirigida por Migoya. El juez de instrucción también quiere identificar con nombres y apellidos a «Pedrón» y «Luciano el del Principado», dos personas que aparecen nombradas en las conversaciones telefónicas intervenidas. El juez trata de averiguar si estas personas están relacionados con los delitos supuestamente cometidos por los hasta la fecha imputados en el procedimiento penal.

La juez gijonesa Ana López Pandiella ordenó en enero de este año, como juez instructora de la causa por aquel entonces, el ingreso en prisión de tres de los imputados en esta causa en la que se investigan supuestas adjudicaciones irregulares en la Administración regional: el ex consejero de Educación del Gobierno asturiano José Luis Iglesias Riopedre, la que fuera su «número dos» en la Consejería María Jesús Otero y la funcionaria Marta Renedo Avilés. Los dos empresarios detenidos en enero, el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, quedaron en libertad bajo fianza de 300.000 euros. La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias decretó posteriormente la puesta en libertad de Iglesias Riopedre bajo fianza de 100.000 euros. El mismo tribunal, presidido por Bernardo Donapetry, rebajó hasta los 150.000 euros el dinero que los empresarios debían depositar ante el juez para su libertad.