La juez niega que asesorara a la mujer de Riopedre sobre la colecta para excarcelarle

La juez Ana López Pandiella, a la derecha de la imagen, con otras funcionarias del Juzgado gijonés. / LNE

Oviedo / Gijón,

A. R. / J. E. M.

La juez Ana López Pandiella, que instruye el caso sobre una supuesta trama de corrupción urdida presuntamente por políticos, empresarios y funcionarios para llevar a cabo contrataciones irregulares en la Administración regional, rechazó ayer que haya prestado cualquier tipo de asesoramiento a la familia del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, para llevar a cabo la colecta pública con la que se pretende recaudar los cien mil euros de fianza que necesitan para sacar al político socialista de la cárcel de Villabona.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) negó que la mujer de José Luis Iglesias Riopedre haya pedido una reunión con López Pandiella y que este encuentro se haya producido. «En ningún momento la juez ha recibido petición de ayuda sobre ese tema o cualquier otro relacionado con el caso, por parte de nadie relacionado directa o indirectamente con algún imputado en la causa que se instruye», se añadió desde el órgano judicial, que además apuntó que las «labores de asesoramiento» están «prohibidas para un juez en el ejercicio de su profesión» y destacaron que López Pandiella no puede asesorar a la mujer de Riopedre porque, entre otras cosas, estaría incurriendo en un «delito».

López Pandiella responde así a algunas informaciones salidas desde el entorno de Riopedre. Fuentes de este entorno explicaron el lunes por la tarde que la familia y los amigos de Riopedre han mantenido durante los últimos días numerosos contactos en diversos ámbitos, incluido el judicial, para asesorarse sobre la mejor forma de llevar a cabo la colecta sin incurrir en ilegalidades que puedan alterar la marcha de la causa o perjudicar al ex consejero. Alguien de su entorno incluyó entre esos contactos una consulta con la juez López Pandiella, algo que la juez que instruye el caso rechazó de forma rotunda.

Esos contactos a los que alude el entorno de Riopedre se mantuvieron hasta el lunes. Ayer, varios amigos del ex consejero se reunieron para valorar las consultas realizadas durante los últimos días y diseñar la fórmula idónea para llevar a cabo la cuestación. El grupo, integrado por buenos amigos y fieles colaboradores del ex consejero, confía plenamente en la inocencia del político y también en conseguir en los próximos días el dinero de la fianza con la que se garantizará la excarcelación del ex consejero del Principado.

Después de muchas consultas y asesoramientos «para que la iniciativa no pueda perjudicar ni al propio José Luis, ni a su familia, ni su proceso judicial, ni siquiera al Gobierno», la plataforma de allegados espera comenzar hoy con la recogida de los 100.000 euros de la fianza. Portavoces del grupo aseguraban ayer que algo más de un centenar de personas ya ha confirmado su participación en una colecta que tendrá la fórmula de «préstamo sin intereses», con compromiso -incluso por escrito- de la devolución íntegra del dinero una vez concluya el proceso judicial en el que está inmerso el ex alto cargo del Gobierno regional. «Su familia se ha mostrado muy firme en que no sea una donación a fondo perdido. Se devolverá todo», sostienen los próximos.

La entrega de dinero se hará en una cuenta corriente que no estará vinculada a la mujer de Iglesias Riopedre, y se espera que la mayoría sean colaboraciones de entre 250 y 300 euros, aunque podrán hacerse ingresos mayores. Lo único que no interesa son grandes cantidades ni que ningún benefactor tome un protagonismo desmedido.

El ex consejero de Educación ingresó en prisión el pasado 25 de enero en relación con la investigación de una presunta trama corrupta que llevaba a cabo contratos irregulares. Junto a él, en la cárcel, también están la que fue su «mano derecha» en la Consejería, María Jesús Otero, y la funcionaria Marta Renedo. Igualmente imputados, pero en libertad bajo fianza de trescientos mil euros, se encuentran los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez. Ahora, tras un recurso ante la Audiencia Provincial, José Luis Iglesias Riopedre podría recuperar también la libertad abonando una fianza de cien mil euros.