La juez preguntó al ex consejero si sabía «las instrucciones que Otero daba a Igrafo»

Oviedo, R. GARCÍA / J. A. ARDURA

La juez instructora de la «operación Marea», Ana López Pandiella, llevó el peso del interrogatorio al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, que tuvo lugar el pasado 25 de enero. La magistrada preguntó al ex consejero si conocía «las instrucciones» que su «número dos», María Jesús Otero daba al dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, sobre los concursos que convocaba la Consejería de Educación. Las preguntas realizadas por la jueza en ese interrogatorio ponen de manifiesto sus sospechas acerca de los supuestos manejos en las adjudicaciones realizadas por el departamento de Educación.

El ex consejero José Luis Iglesias Riopedre fue parco en la mayor parte de sus contestaciones a las preguntas realizadas por la magistrada instructora, hasta el punto de que en tres de ellas se limitó a dar la negativa por toda respuesta. Riopedre respondió con un escueto «no» cuando la jueza Ana López Pandiella le preguntó si «era conocedor de los consejos e instrucciones que María Jesús Otero daba» al dueño de Igrafo «en cuanto a las empresas y las cantidades que debían figurar en los concursos y licitaciones ofertados por su Consejería». Riopedre ofreció idéntica respuesta cuando la jueza instructora le interrogó acerca de «si estaba al corriente de que en muchas ocasiones todas las empresas que concurrían a un mismo concurso pertenecían, estaban dirigidas o vinculadas a Víctor Manuel Muñiz». El ex consejero también respondió con un escueto no a la pregunta de si «era norma habitual que entre el propio Riopedre y María Jesús Otero se hicieran adjudicaciones de forma arbitraria, sin publicidad ni concurso a diferentes empresas, concretamente a Igrafo y a Almacenes Pumarín», las dos firmas cuyos dueños están imputados, por ahora, en la «operación Marea».

El ex consejero se extendió un poco más cuando la jueza le preguntó si era habitual que en su Consejería se dieran consejos a las empresas sobre los límites que debían ofertar en los contratos. «Supongo que en la mesa de contratación entraría el juego de las empresas cuando se trataba de obras mayores», declaró para luego asegurar que desconocía la práctica habitual en el caso de los contratos para obras y servicios menores.

Ni el fiscal, que luego interesó el ingreso en prisión de Riopedre, ni el abogado del Principado formularon preguntas al ex consejero de Educación en su única declaración judicial, una estrategia que también adoptó la acusación particular.