La juez sigue la pista a una empresa que hizo numerosos contratos con el hijo de Riopedre

La vista celebrada la pasada semana en la Sección Octava de la Audiencia Provincial para analizar los recursos de excarcelación / LNE

Oviedo / Gijón,

R. GARCÍA / J. E. MENCÍA

La juez que instruye el sumario sobre el presunto entramado corrupto que llevaba a cabo contrataciones irregulares en la Administración del Principado de Asturias, la titular del Juzgado de instrucción número cuatro de Gijón, Ana López Pandiella, sigue la pista de una empresa que ha llevado a cabo numerosas contrataciones con la firma Geogal, propiedad del hijo de José Luis Iglesias Riopedre, E. I. G., también investigado por la Policía.

López Pandiella relaciona esta sociedad, que tiene su sede social en Oviedo, con la compañía Comercial Asturiana de Papelería Igrafo a través de los estrechos vínculos personales que mantienen algunos de sus principales accionistas.

Los responsables de la investigación judicial y policial, esta última llevada a cabo por la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Policía Nacional de Gijón, sita en el barrio de El Natahoyo, tratan de aclarar si la trama compensaba el supuesto trato de favor que recibía al acceder a los contratos de la Administración regional con otros acuerdos comerciales que luego firmaban mediante segundas empresas con la sociedad que dirige el hijo del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la firma Geogal. La juez López Pandiella preguntó en los interrogatorios sobre algunos de estos contratos y los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Gijón ya han tomado declaración en la Comisaría de El Natahoyo a responsables de la nueva firma investigada. La investigación también cree que la ex directora general de Educación y «mano derecha» de Riopedre en la Consejería, María Jesús Otero Rebollada, pudo mantener algún tipo de vínculo con esta compañía ovetense.

Otero Rebollada permanece, junto a la ex jefa de servicio de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés, en prisión preventiva en la penitenciaría de Villabona desde hace poco más de un mes, concretamente desde el día 26 de enero cuando ambas pasaron a declarar ante López Pandiella. Con ellas, en la cárcel está también el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, que en los próximos días podría salir después de que la Sección Octava de la Audiencia Provincial estimara en parte el recurso interpuesto por su abogado, el gijonés Sergio Herrero, contra el encarcelamiento del político. Riopedre debe aportar ahora un aval por valor de cien mil euros para salir de Villabona. Sus amigos y allegados han iniciado una colecta pública, ya que la familia del ex consejero no dispone de esa cantidad ni de posibilidad de lograr el aval. Fuentes cercanas a la familia explicaron que el matrimonio atraviesa una difícil situación económica al haber perdido casi todos sus ahorros en la empresa de su hijo y que tampoco puede avalar con sus propiedades al encontrarse hipotecadas y en situación de «embargo previo» por parte del Juzgado. La empresa del hijo de Riopedre perdió 154.431,15 euros en el año 2009. En 2008 había obtenido unos beneficios de 75.962,24 euros. La cifra de negocios de Geogal cayó en 2009 un 42,36% respecto al 2008 (252.553,68 euros en el ejercicio 2009, frente a los 438.155,12 euros del ejercicio 2008).

Imputados también, en libertad bajo fianza, se encuentran los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez, respectivamente.

Oviedo / Gijón

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, aceptó la pasada semana «parcialmente» el recurso interpuesto por el abogado del que fuera consejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre. Los magistrados dieron de esta manera el visto bueno a la salida de prisión del político previo pago de una fianza de 100.000 euros. «En cuanto se abone el dinero en la cuenta del Juzgado o se presenten avales en las dependencias judiciales gijonesas la salida de la cárcel de Riopedre sería inmediata», aseguraron ayer a este periódico fuentes judiciales. Un representante del preso, que está acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios, debe presentar en el Juzgado el documento bancario con el que se acredite legalmente el pago después de realizarlo. La fianza se establece, según el ordenamiento jurídico español, para evitar la fuga del acusado y su incomparecencia ante el tribunal.

José Luis Iglesias Riopedre, al que se relaciona con una presunta trama corrupta dedicada a la adjudicación de contratos públicos mediante la manipulación, podría salir por tanto de la cárcel en sólo unos días. Para hacer frente a la fianza su abogado tiene varias opciones. La más habitual, según los juristas, es la del aval bancario. Esto es, la representación del reo deposita la cantidad exigida por el juez -100.000 euros en este caso- en una cuenta y se pignora a favor del banco, para que los responsables de la entidad abonen el dinero al Juzgado en caso de que el preso eluda sus obligaciones ante los tribunales. Ese dinero sigue dando intereses en la cuenta, a diferencia de cuando el abogado decide realizar una transferencia directa a favor de la cuenta de los juzgados.

Otra posibilidad que se puede contemplar en estos casos, según los expertos en derecho, es la de entregar n el tribunal -el de instrucción en horario laboral o el de guardia fuera de este horario- «garantías alternativas» como posesiones inmobiliarias, que en el caso de Riopedre no pueden ser utilizadas por estar aún hipotecadas.

Los magistrados de la Audiencia no han puesto plazo a la fianza. En este sentido los juristas lo tienen claro, «hasta que no se paga no se sale de la cárcel y no hay tiempo estipulado».

Oviedo / Gijón

La familia del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, se reunirá hoy con el abogado del político, el gijonés Sergio Herrero, para decidir cómo afrontar la nueva situación en la que se encuentra el preso, al que la Audiencia Provincial concedió la pasada semana la posibilidad de salir de la cárcel tras el pago de una fianza de 100.000 euros. La familia mantendrá luego un encuentro con amigos del ex consejero para analizar la vía a seguir para pagar la fianza o lograr un aval. Desde el círculo más cercano a Riopedre se asegura que la familia no tiene fondos para hacer frente a la cifra impuesta por el tribunal. La familia cuenta con dos posesiones inmobiliarias hipotecadas y una cuenta con una liquidez de unos 1.500 euros. Ahora el letrado que defiende los intereses del que fuera máximo responsable de educación en el Gobierno regional tiene varias opciones encima de la mesa. Los familiares puede optar por pagar la fianza, recurrirla o apelar al Constitucional. Los amigos de Riopedre ya han constituido una plataforma para recaudar el dinero.