Marta Renedo declara ´tranquila´ durante cuatro horas y se muestra ´colaboradora´

Play

Marta Renedo en una imagen de archivo. / Archivo lne

La funcionaria del Principado, Marta Renedo, detenida el pasado lunes en Asturias junto a otras cuatro personas, entre ellas el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, por presuntas irregularidades en contratatción, ha declarado "serena y tranquila" durante cuatro horas y se ha mostrado "colaboradora", según ha señalado su abogado, Luis Tuero.

El letrado afirma que Renedo llevaba esperando un año este momento y que por eso "colaboró con la magistrada en todo lo que sabía". A la pregunta de si reconoció los hechos, Tuero ha señalado tajantemente que la funcionaria "no tiene porque reconocer nada".

Esta previsto que la siguiente en declarar sea la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructura del Gobierno del Principado, María Jesús Otero.

El ex consejero de Educación y Ciencia del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, ingresó el pasado martes en prisión tras ser oído por la jueza de del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón. se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios.

Los cuatro detenidos, la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructura del Gobierno del Principado, María Jesús Otero; la funcionaria del Principado de Asturias, Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, de la empresa Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín llegaron esta mañana al juzgado gijonés para declarar como imputados a las 13.00 horas.

Al finalizar el interrogatorio a Marta Renedo, algunos abogados que llevan el caso han señalado a los medios de comunicación que durante la prueba se escucharon grabaciones, aunque no han precisado el contenido, y que fue la jueza la que realizó a la imputada el mayor número de preguntas.

Los delitos que se están investigando son prevaricación; cohecho; malversación de caudales públicos; tráfico de influencias; negociaciones prohibidas a funcionarios; fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales, según el TSJA.