Nadie conoce a nadie

Oviedo, M. P.

«La culpa ye soltera». El clásico de la charla de café, pronunciado hace unos días en uno de Oviedo, encaja sin martillazos en una síntesis apresurada de la semana en la que la «operación Marea» subió hasta la Junta General del Principado. En su casi recién estrenada dimensión política, el caso de supuesta corrupción en las contrataciones del Principado condujo a la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, hasta la tribuna de oradores del Parlamento para replicar a las acusaciones del Grupo Popular acotando al máximo las responsabilidades del proceso. «Aquí falló una persona», dijo Migoya en singular, señalando a Marta Renedo Avilés, la ex jefa de servicio de su Consejería encarcelada por malversación, cohecho y fraude. Erró ella, aseguró la portavoz del Gobierno, pero no la organización; tropieza el delincuente, no la policía: «El sistema funciona, lo detectó» y la encausada fue destituida, sostuvo la Consejera. También lo permitió, había azuzado el PP, relajando controles y tolerando el abuso de la libre designación. En la versión de la Consejera, «Marea» -acróstico del nombre y los dos apellidos de Renedo- sólo sería, pues, el patinazo de una funcionaria. Nada que declarar, porque «no puedo hablar de lo que desconozco», sobre los dos cargos políticos que comparten prisión con Renedo desde el pasado 25 de enero, el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su ex «número dos» María Jesús Otero.

l Tres, eran tres. Hablaba Migoya en singular y el diputado popular Ramón García Cañal elevaba desde su escaño un número tres con los dedos de la mano derecha para enseñar el número de nuevos inquilinos de Villabona. «No puedo hablar de lo que desconozco», el Gobierno presenta el «remake» del «A nosotros, que nos registren» del candidato socialista, Javier Fernández, al día siguiente del estallido del escándalo.

l La manta de Marta. Riopedre no conocía a Renedo, dice su entorno, ni Renedo al ex consejero ni «a la otra señora», afirma el hermano de la ex funcionaria, antes de que los tres coincidieran en la unidad terapéutica educativa (UTE) de la cárcel de Villabona. «A la que sí conoce es a Ana Rosa Migoya», advirtió, aunque es posible que ahora, después de la comparecencia de la consejera en la Junta, ya tampoco la reconozca. La portavoz del Gobierno dio la cara el jueves, un día después de la entrada en escena de la manta de Marta. José Antonio, hermano de la ex funcionaria, aseguró que ella no se siente cómoda en el papel de chivo expiatorio y que está dispuesta a tirar de ella para descubrir que no lo hizo sola, sino en compañía de otros, que pueden «salir empresas, políticos y altos cargos». «Marta sabe cosas de mucha gente, de muchas empresas y también de Migoya». La metáfora amenazante de la presa señalada por su antigua jefa hizo fortuna hasta el día siguiente, en la Junta, donde la estiró Fernando Lastra, portavoz del Grupo Socialista. Amenaza por amenaza: si levanta la manta, «puede quedar con sus propios pies al aire».

l La pleamar. Mientras los políticos tratan de delimitar las responsabilidades de la trama, la «operación Marea» en pleamar salpica y extiende las implicaciones del caso. La Policía acusó formalmente el miércoles a un empleado de banca de advertir a varias empresas adjudicatarias de contratos del Principado de que se las estaba investigando y al gerente de otra firma, Asac Comunicaciones, de presuntos delitos relacionados con la trama. Este empresario testificó sobre la supuesta relación de su empresa de consultoría informática con Implans Mounts, la sociedad de la que Marta Renedo es socia y administradora única y a la que la ex funcionaria supuestamente adjudicaba contratos de servicios informáticos. Ahora, la magistrada Ana López Pandiella debe decidir si amplía la nómina de imputados añadiendo al bancario, a Asac y al hijo de José Luis Iglesias Riopedre, interrogado la semana pasada sobre los contratos recibidos por su empresa de estudios geológicos, Geogal, y la supuesta vinculación de ésta con otras firmas de la trama corrupta. Es eso lo que, por el momento, ha trascendido de los pasos siguientes en una investigación sometida al secreto del sumario que hasta ahora tiene tres encarcelados y dos empresarios de papelería en libertad a cambio de sendas fianzas de 300.000 euros, Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín, y Víctor Manuel Muñiz, copropietario de Igrafo. Pendientes siguen además la vista por los recursos de los encarcelados contra la orden de prisión, el 23-F en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, y la resolución de las peticiones de las defensas sobre la inhibición de la juez en favor de un Juzgado de Oviedo con el argumento de que en la capital se habría cometido la mayor parte de los delitos.

l Igrafo y Pumarín también venden cuerdas para escalada. Alrededor de la «operación Marea» crecen revelaciones sobre la actividad de las empresas implicadas en la trama. Igrafo y Almacenes Pumarín vendían de todo cuando el comprador era el Principado, o eso aprovechó para denunciar esta semana el ex director de la Escuela del Deporte de Asturias, Javier Feito. Además del mobiliario y el material de oficina que comercializan por objeto social, según Feito, Educación avalaba un mecanismo para que las dos firmas ejercieran como intermediarias en el suministro de todo tipo de materiales: esquíes, cuerdas y equipos de escalada, sistemas de localización GPS y una vez un ordenador y una impresora destinados a una biblioteca que no existe en la escuela. El Principado replicó al día siguiente rechazando que hubiese ordenado comprar algo a alguna empresa en concreto, aunque no negaba que se hubiesen comprado esquís en una papelería.

La investigación de la supuesta trama corrupta, por lo demás, ha provocado numerosas denuncias entre los políticos de Oviedo y Gijón. Si en la capital es el PSOE el que denuncia las compras a las dos empresas por parte del PP, en Gijón son los populares quienes critican las adquisiciones de los socialistas.

l Trasnochando en la consejería. El sumario de la «Marea» crece, supera los 3.000 folios en ocho tomos y con las pesquisas prolonga el acopio. El caso está dando que hacer a los ex compañeros de Riopedre y Otero en la Consejería de Educación, que el jueves trabajaron hasta bien entrada la madrugada en la recopilación de miles de documentos, originales y copias de contratos y facturas requeridos por la magistrada López Pandiella como muy tarde para el jueves por la mañana. Antes del plazo convenido, un camión cargado de cajas llenas de documentos partió de la sede ovetense de la Consejería hacia el juzgado número 4 de Gijón.

l Uno más en Villabona. En la UTE, mientras tanto, José Luis Iglesias Riopedre lleva, según fuentes penitenciarias, «una vida de monje», más o menos la misma que sus allegados, incrédulos con su implicación en una supuesta trama de corrupción política, le atribuían fuera de la prisión. En su celda compartida con otro recluso lee, sigue escribiendo sus memorias, pasa mucho por la sala de ordenadores y charla con María Jesús Otero. Está tan integrado, apuntan las mismas fuentes, que hasta participó recientemente como uno más en la visita de una delegación de la Universidad de Castilla-La Mancha.