«Operación Marea»: ojo al dato

Gijón, R. G.

Un nuevo recurso se suma desde hace días a la lista de los que tendrán que estudiar en las próximas jornadas los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias por la «operación Marea». Javier Díaz Dapena, el abogado de Almacenes Pumarín, una de las empresas implicadas en esta investigación sobre contrataciones irregulares en la Administración regional, ha presentado una nueva queja ante los magistrados provinciales. El letrado gijonés considera «desproporcionado» que la magistrada encargada de la instrucción del procedimiento, Ana López Pandiella, haya ordenado el volcado de todos los datos que se encontraban en los ordenadores de Almacenes Pumarín, algunos de ellos de carácter personal.

La magistrada que investiga la supuesta trama de adjudicación irregular de contratos públicos ordenó el arresto del propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, en el mes de enero. La Policía también detuvo por aquel entonces al dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz. Tras pasar tres días en los calabozos, los imputados salieron en libertad con cargos después de depositar en los Juzgados una fianza de 300.000 euros. Pero la investigación continuó dando pasos.

De hecho, días más tarde la juez ordenó el traslado a las dependencias judiciales gijonesas de gran parte del material informático de la empresa. El objetivo por aquel entonces era el de encontrar facturas y documentos que demostraran el trato de favor que la Administración dispensaba a las empresas. Es este trámite precisamente el que ha generado una nueva controversia judicial que, de nuevo, tendrán que resolver los magistrados de la sala gijonesa de la Audiencia Provincial.

Además de los dos empresarios acusados, la juez Ana López Pandiella ordenó, en enero, el encarcelamiento de tres funcionarios públicos a los que considera autores de varios delitos: el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; la que fuera su número dos, María Jesús Otero, y la jefa de procesos administrativos de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés.

La sección octava de la Audiencia aceptó en febrero la salida de prisión de Riopedre, que abandonó el penal asturiano después de que sus familiares y amigos depositaran en el Juzgado una fianza de 100.000 euros. Los magistrados aún deben decidir estos días en torno al traslado de la causa a los Juzgados de Oviedo solicitado por los abogados defensores y la fiscalía. Los recurrentes aseguran que los delitos fueron cometidos en su mayor parte en la capital asturiana.