Pandiella marca los tiempos

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

Ana López Pandiella, la juez que está instruyendo la investigación de la «operación Marea», sostiene con fuerza las riendas del caso. Tanto es así, que desde algunos sectores relacionados con el asunto comienzan a señalar que tiene dos relojes, uno en hora para todo lo relacionado con la investigación, los interrogatorios y los registros, y otro, cuyas agujas se mueven con más lentitud, para poner al día la burocracia que debe desembocar en el estudio por parte de otro órgano judicial del traslado o no a Oviedo del caso de esta supuesta trama corrupta en la administración del Principado.

Y es que a partir del lunes deberían haber comenzado a contar las aproximadamente cuatro semanas que se calcula que la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón, y que preside Bernardo Donapetry, tardará en decidir si el caso, tal como solicitan todas las partes, se traslada a Oviedo. Defensas, fiscalía y Principado pidieron el traslado, casi todos a través de la Audiencia. El único que lo hizo a través de la juez -una de las posibilidades que permite la norma- fue el abogado de María Jesús Otero, la «número dos» del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre.

La juez decidió entonces no dar traslado de las peticiones a la Audiencia hasta resolver la petición de Otero, que ya sido denegada. El domingo finalizó el plazo para que todas las partes presentaran alegaciones. A partir de este momento todas las solicitudes de traslado deberían enviarse a la Audiencia para su estudio. Al cierre de esta edición no se había producido.

Quien ha cerrado filas en torno a la figura de López Pandiella son sus más altos superiores jerárquicos. Manuel Almenar, vocal territorial de Asturias en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aseguró: «Me consta personalmente que la juez es una magnífica profesional muy valorada tanto en el ambiente jurídico del Principado como en el Consejo». Sobre el mantenimiento del secreto de sumario, Almenar aseguró que López Pandiella está «realizando todas las actuaciones con un respeto escrupuloso a la legalidad vigente».

Almenar reconoció que la labor del juez, y más aún en un caso como éste, en el que están implicados dos ex altos cargos del actual Gobierno además de una alta funcionaria y dos importantes empresarios del sector de la papelería, está sujeta a críticas, incluso de los políticos. Almenar señaló que éstos tienen la «obligación de velar por la independencia de los tribunales».

Por su parte, Ignacio Vidau, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), reconoció que desde el inicio de la «operación Marea» los políticos han vertido «opiniones y críticas» sobre la investigación judicial, pero que «no han ido más allá». Vidau quiso dejar claro que estas opiniones no se pueden entender como una forma de presión a la juez y que «no perturban ni ponen en solfa la independencia de la juez». En ese caso López Pandiella podría pedir amparo al CGPJ.