El Principado fue advertido de los pagos de Renedo tres meses antes de su destitución

Oviedo, E. LAGAR /

L. Á. VEGA

La Agencia Tributaria dio la voz de alarma al Principado sobre las supuestas irregularidades en las que estaba inmersa la jefe de servicio Marta Renedo tres meses antes de que ésta fuese destituida fulminantemente por la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. Ésta, sin embargo, indicó al día siguiente de que LA NUEVA ESPAÑA revelase la existencia del fraude y la decisión de echar a la funcionaria que habían sido sus técnicos quienes lo habían detectado. Posteriormente, tanto ella como el jefe directo de Renedo, Alberto Pérez Cueto, insistieron en esta misma versión. «Yo lo denuncié», llegó a decir Migoya en el Parlamento, el pasado 10 de febrero, poco después de que Renedo, el ex consejero Riopedre y la ex directora general Otero ingresasen en prisión.

Sin embargo, un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la «operación Marea» pone en duda esta versión. El fisco detectó un desfase entre los ingresos y la declaración de la renta de 2008 presentada por Azucena V. F., la cajera gijonesa cuya identidad usurpó Renedo para abrir una cuenta, a la que desvió algo más de 134.000 euros. El 23 de octubre de 2009 requirió a la cajera que aclarase la discrepancia. La mujer se acercó a la Delegación de Gijón el 9 de noviembre, donde juró y perjuró que no eran suyos esos ingresos. Dos días después, el 13 de noviembre de 2009, la Agencia Tributaria requirió al Principado para que confirmase o rectificase los ingresos a Azucena V. F.

Trece días después, el 26 de noviembre, la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda confirmó los ingresos en la cuenta abierta por Renedo a nombre de Azucena, mediante el envío de un listado de desglose de las partidas, acompañado de un listado de la Tesorería General. La Agencia Tributaria consideró insuficiente esta información y requirió telefónicamente las facturas.

El 2 de diciembre de 2009, el Principado envió las facturas, en las que no constaban los datos identificativos del emisor, aunque sí los del receptor de la factura: la Dirección General de Modernización. La conformidad con el pago venía firmada por Marta Renedo.

En enero de 2010, Marta Renedo llamó por teléfono a Azucena V. F. y trató de convencerla de que le firmase una documentación para arreglar el asunto. Añadió que todo era un error del Principado y que no fuese al banco, que lo arreglaría todo ella. La cajera entró en pánico ante el acoso Renedo y denunció los hechos ante el grupo de delincuencia económica de la Comisaría de Gijón el 3 de febrero de 2010. Dieciséis días después, el 19 de febrero, la Consejera firmó la destitución de la funcionaria, decisión que se publicó en el BOPA del 23 de febrero. Al día siguiente, indicó que fueron sus servicios quienes habían detectado las irregularidades. Posteriormente, el Principado presentaría una denuncia ante la Policía.

Tras conocerse las detenciones de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero, el pasado 27 de enero, el jefe directo de Renedo, Alberto Pérez Cueto, aseguró que había sido el primero en denunciar a la funcionaria, tras descubrir que había falsificado su firma. El pasado 10 de febrero, Migoya aseguró en la Junta General que ella había denunciado las irregularidades de Renedo. El 1 y 2 de febrero volvió a reiterar esa misma idea.