El Principado respalda los contratos y pide que salgan de prisión los ex altos cargos

Gijón, R. G.

La Administración del Principado de Asturias, representada por el abogado Juan Serra y personada en la «operación Marea» como acusación y parte perjudicada por la supuesta trama que arrancó con la funcionaria Marta Renedo Avilés, ha pedido la excarcelación de los que fueran dos altos cargos del Gobierno regional: el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su «número dos», la ex directora general de Planificación, María Jesús Otero.

Ese cambio de postura -frente a la mantenida hace un mes, cuando la juez Ana López Pandiella ordenó el ingreso en prisión de ambos y entonces el abogado del Principado se limitó a dejar la decisión «en manos de la magistrada»- se fundamenta en el convencimiento de que se están malinterpretando los sistemas de contratación del Principado. Sobre todo los que tienen que ver con adjudicaciones menores que dependen de una fórmula como la homologación -«perfectamente legal», según insistió ayer ante el tribunal de la Audiencia el abogado Juan Serra-. Un sistema que garantiza la agilidad en los suministros al determinar qué empresas pueden ofrecer determinados productos, a precios fijos durante un período de tiempo pactado, sin necesidad de que cada compra que se haga pase por un concurso público. «Se hace ver que es irregular una actuación que es lícita», insistió Serra, quien lamentó que la actuación de la juez instructora Ana López Pandiella «está creando mala sensación en los funcionarios, que se sienten delincuentes» por aplicar procedimientos establecidos.

La fiscal María Luisa García quiso afear públicamente la conducta del Principado por ese cambio de criterio en un discurso que el entorno de Riopedre calificó de «populista y falto de argumentación real». Para García «no se entiende el cambio de criterio» de la Administración asturiana, máxime cuando «se pide la prisión únicamente para uno de los imputados -Marta Renedo-, que era una funcionaria». Según García, si con Renedo se apela a «la gravedad de los hechos», el mismo argumento debería servir para el señor Riopedre y para Otero», ya que «los tipos delictivos son igual de graves y complejos para los tres».

Huyendo de tecnicismos y formulaciones jurídicas, la fiscal María Luisa García insistió en la relevancia de una investigación que tiene que ver «con dinero público y con las actuaciones de personas que ejercían cargos de alta responsabilidad; que estaban en puestos clave porque se presupone que gozaban de la confianza de unos ciudadanos que tienen que ver que el estado de derecho funciona, que se protege sus intereses y que se actúa con el mismo rigor que ante un delincuente menor, sea un drogadicto o cualquier otro. Porque se está jugando con su dinero, con el que honradamente dan los ciudadanos a la Administración».

El abogado Juan Serra fue directo al grano para aclarar que si bien inicialmente no se opusieron a la entrada en prisión de los dos altos cargos del Principado imputados en la causa de la «operación Marea», fue debido al desconocimiento de las pruebas con las que contaba la magistrada para tomar una decisión tan drástica. Esa situación de desconcierto fue especialmente determinante en el caso de Iglesias Riopedre, ya que en su paso por el Juzgado apenas tuvo que responder a una decena de preguntas muy poco concretas y clarificadoras, según su defensa. Tras esa comparecencia, al día siguiente le tocó el turno a María Jesús Otero, quien durante más de dos horas se sometió a un interrogatorio judicial donde tuvo un gran peso una escucha telefónica en la que Otero y Riopedre hablaban sobre la necesidad de adjudicar de forma urgente un contrato de mobiliario para compensar las pérdidas causadas en el colegio de Arriondas por la riada.

El interés judicial por ese procedimiento fue el que llevó a las defensas de los dos altos cargos, y también al Principado, a sostener que la causa puede estar basada en actuaciones de la Administración perfectamente legales, como las homologaciones.

«El Principado ha cambiado de posición por los indicios que ha visto; porque en una escucha que se supone de interés, se trata de hacer ver que es irregular una actuación que es lícita», replicó ayer Juan Serra, en un discurso medido y que fue al fondo de la cuestión. Serra señaló que en esa conversación se citan dos empresas, lo que no sería ni siquiera necesario, ya que el procedimiento sería igualmente legal si se hubiera orientado la contratación a una sola firma. Para el abogado regional lo que es evidente es que «sí que hay pruebas delictivas en el caso de Renedo», de ahí que sigan pidiendo la prisión preventiva.