Vaya a la casilla de salida

Gijón, R. GARCÍA

La «operación Marea» contra la corrupción podría volver a empezar prácticamente «de cero». O al menos eso es lo que esperan algunos de los implicados. Los abogados que defienden a los cinco asturianos imputados en este procedimiento penal, en el que se investigan irregularidades en adjudicaciones de contratos de la Administración del Principado, podrían solicitar al juez ovetense que asuma en los próximos días el caso la revisión de alguna de las decisiones tomadas por la magistrada que hasta la pasada semana se encargaba de las investigaciones, la gijonesa Ana López Pandiella. La inhibición ha abierto, por tanto, las puertas a la revisión del proceso contra la corrupción más importante abierto en Asturias.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial decidió el pasado viernes trasladar el proceso judicial a Oviedo por ser ésta la ciudad en la que se habían cometido los principales delitos. El fallo de los magistrados, contrario al criterio de López Pandiella, favorece las aspiraciones de los abogados defensores y de los representantes en este procedimiento de la fiscalía y del Gobierno del Principado de Asturias. Este cambio de rumbo puede incluso beneficiar a los imputados que se encuentran en prisión, ya que los abogados de la que fuera número dos de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, y los de la jefa de servicio de Procesos Administrativos, Marta Renedo Avilés, podrían solicitar de esta manera al nuevo juez de instrucción el excarcelamiento de sus clientes, que en su día fue denegado por la Audiencia Provincial.

Dentro de este caso permanecen además en libertad bajo fianza el ex consejero de Educación del Gobierno regional José Luis Iglesias Riopedre y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, dueño de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín. Fuentes judiciales cercanas al caso señalaron ayer a este periódico que el magistrado que a partir de ahora se haga cargo del procedimiento «puede tomar las decisiones que considere oportunas». «La Audiencia Provincial de Asturias tiene unidad de criterio, pero en instrucción cada juez es rey en su propia sala y puede decidir lo que quiera», señalaron estas mismas fuentes jurídicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias aún no ha podido concretar, según sus portavoces, qué juez será el que lleve a partir de ahora el peso de la investigación en torno a la supuesta trama corrupta. El Juzgado decano de la capital del Principado será el encargado de asignar el proceso a uno de los cuatro Juzgados de instrucción ovetenses después de que la magistrada López Pandiella envíe a las salas judiciales de esta ciudad un testimonio de los autos.

De aplicarse el criterio por el que se establecen las guardias, el proceso judicial iría a parar a las manos de la segunda sala de instrucción, una posibilidad que dan por segura algunas de las fuentes cercanas a la investigación del caso consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. El Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, cuyo titular es el magistrado Ángel Sorando, investiga actualmente la denuncia presentada por el PP en relación a la adjudicación del proyecto para los minipisos de la Laboral, en Gijón.

El traslado físico de la causa podría producirse en días. De hecho, los funcionarios del Juzgado de instrucción de Gijón se encuentran actualmente foliando los documentos para su envío. La causa cuenta ya con más de 3.000 folios distribuidos en ocho tomos. La mayor parte de los documentos se refiere a las transcripciones de las conversaciones telefónicas mantenidas entre los imputados.

Además, y como complemento a esos 3.000 folios de documentación, durante la última semana los directores de varios colegios de toda Asturias han tenido que remitir a la sala presidida por Ana López Pandiella los extractos bancarios en los que se reflejaban los «gastos de gestión» de los centros de los años 2009 y 2010. La juez exigía que en los documentos, que se debían remitir en setenta y dos horas, se refiriesen «las empresas o personas físicas que prestaron los servicios». Un nuevo paso en un procedimiento que, según los investigadores, «puede llegar a saturar el nuevo Juzgado que tenga que trabajar en él». No en vano, el juez que se encargue del caso tendrá que estudiar en días una investigación en la que Ana López Pandiella lleva ya trabajando ya más de un año, desde que en febrero de 2010 una cajera gijonesa denunciara en su Juzgado la suplantación de identidad que había sufrido: Marta Renedo Avilés había utilizado sus datos para abrir una cuenta bancaria en la que desviaba dinero público.