Las escuchas llevan al juez a solicitar la apertura de ocho nuevos procedimientos

Marta Renedo Avilés. / Ángel González

Gijón, R. GARCÍA

Las escuchas telefónicas, unidas a los documentos aportados por las partes personadas en el procedimiento judicial abierto a raíz de la «operación Marea» contra la corrupción, han llevado al juez que instruye la causa, el ovetense Ángel Sorando, a solicitar la apertura de ocho nuevos procedimientos en cuatro Juzgados de la comunidad. El magistrado entiende que puede haber delito en alguna de las actuaciones denunciadas por las acusaciones populares, pero mantiene que «en modo alguno es conveniente acumular las causas porque ésta no es ni puede ser la causa general contra la corrupción en Asturias ni éste es el único Juzgado de instrucción del Principado». En palabras del magistrado, la ley de enjuiciamiento criminal es contraria «a las macro-causas». Lo que sí reconoce Sorando es la necesidad de abrir nuevas diligencias, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Los nuevos procedimientos abiertos a partir de ahora son resultado de algunos de los flecos de la «operación Marea» contra la corrupción en la que se investiga una supuesta trama de adjudicación ilegal de contratos públicos y en la que ya están involucrados políticos, funcionarios y empresarios asturianos. Estos nuevos casos se repartirán en los próximos días entre los juzgados de Lena, Llanes, Gijón y Oviedo. En estos procedimientos, que serán repartidos y cuya responsabilidad recaerá ahora en nuevos magistrados, se investigarán las obras en centros educativos de Lena, las deficiencias del Instituto de Llanes, adjudicaciones de equipamientos del Florida Arena (Oviedo) o presuntos sobornos en la Universidad.

El Juzgado de Gijón, por ejemplo, intentará esclarecer si María del Mar Zapico (comercial de Almacenes Pumarín, una de las empresas implicadas, y esposa de José Manuel Sariego, líder del PSOE gijonés), jugó algún papel importante en las adjudicaciones de contratos del Conservatorio de Música de Gijón, en cuyo concejo escolar Zapico era representante municipal. Los magistrados de Llanes investigarán, por su parte, si dos bancarias avisaron a una de las imputadas de que la estaban investigando.

Pero éstas no son las únicas decisiones tomadas por Sorando y trasladadas a las partes el pasado miércoles. El juez de instrucción pretende, además, a instancias de Avall y de Bloque por Asturies, ampliar las investigaciones. Así, el magistrado ha solicitado a la Policía que identifique a «Pedrón» y «Luciano el del Principado», dos de los aludidos en las conversaciones telefónicas, que podrían haber llevado a cabo acciones delictivas. El magistrado solicita, además, que se relacionen todos los viajes al extranjero realizados en los últimos 15 años por un socio de Igrafo y que se remita «un oficio a la Hacienda Pública española» para que «recabe el auxilio de la Hacienda Británica a fin de averiguar si alguno de los acusados o sociedades implicadas en la presente causa tienen fondos o propiedades en el Reino Unido». También pide a la Policía que determine si se modificó el ordenador que en el Principado tenía Marta Renedo -la funcionaria cuyos manejos desataron el caso- tras su cese. Según consta en el sumario, el ordenador fue requisado inicialmente por la Consejería de Administraciones Públicas.

La investigación de la «operación Marea», coordinada por la Unidad de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón, dio sus primeros frutos en enero. La juez que por aquel entonces instruía la causa, Ana López Pandiella, ordenó el arresto de cinco imputados. Tres de los arrestados, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, su número dos María Jesús Otero y la funcionaria Marta Renedo Avilés fueron enviados a Villabona, mientras que los dos empresarios Víctor Manuel Muñiz, dueño de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín (APSA) quedaron en libertad con cargos bajo fianza de 300.000 euros.