El juez descarta que Migoya declare como imputada por estar aforada

Gijón, R. GARCÍA

El juez que instruye la investigación en torno a la «operación Marea» contra la corrupción, el ovetense Ángel Sorando, descarta, al menos por el momento, que la consejera de Administraciones Públicas del Principado, Ana Rosa Migoya, declare como imputada en este procedimiento penal en el que ya se han visto involucrados políticos, empresarios y funcionarios asturianos. Sorando indicó ayer en un auto trasladado a las partes que la diputada regional tiene la condición de aforada, por lo que su imputación «debe ser ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias». A pesar de este revés a las peticiones formuladas por algunos de los abogados personados en este proceso, el juez admite la declaración de Migoya como testigo, por lo que la consejera en funciones deberá personarse en su Juzgado en septiembre.

El juez Sorando ha anunciado, además, su intención de abrir nuevas líneas de investigación. El magistrado pretende identificar a algunas de las personas que aparecen mencionadas en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía en el marco de la investigación de esta supuesta trama de adjudicación irregular de contratos públicos. «Una vez que se pongan nombres y apellidos, que es lo que ahora pretende su señoría, se pensará si hay que llamarlos al Juzgado o no», señalaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la investigación. En este mismo auto, el magistrado rechaza unir a la causa otras investigaciones paralelas surgidas a raíz de la «operación Marea», invitando a las partes a plantear estos asuntos en los juzgados que corresponda. Sorando entiende que estos supuestos delitos nada tienen que ver con los que actualmente se están investigando en su Juzgado.

La próxima semana puede ser clave para el avance del proceso. El juez Sorando tomará declaración el miércoles a dos de los secretarios generales técnicos de la Consejería de Educación del Gobierno regional. Poco después, el lunes día 20 de junio, el Juzgado que investiga la «operación Marea» acogerá la declaración de tres nuevos funcionarios, de dos secretarios y del actual director general de modernización, telecomunicaciones y sociedad de la información, Alberto Pérez Cueto. Está previsto que la declaración de cada uno de los testigos dure media hora aproximadamente.

Entre tanto, el grupo de delitos económicos de la Comisaría de Gijón continúa con las investigaciones. Los agentes elaboran estos días nuevos informes patrimoniales mientras investigan a algunos funcionarios de la Administración regional con intereses familiares en empresas privadas. En cuanto los datos de estas investigaciones sean expuestos en sede judicial, Sorando podría ordenar la apertura de nuevas diligencias.

La investigación de la «operación Marea» contra la corrupción, coordinada por la Brigada de la Policía judicial de Gijón, dio sus primeros pasos en el mes de enero de este año. La juez que por aquel entonces instruía la causa, la gijonesa Ana López Pandiella, ordenó el arresto del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, de la que fuera su «número dos» en la Administración regional, María Jesús Otero, y de la funcionaria Marta Renedo Avilés. La Policía también procedió entonces a la detención de los empresarios Víctor Manuel Muñiz, dueño de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín (APSA). Los dos empresarios quedaron en libertad bajo fianza de 300.000 euros, mientras que los responsables políticos ingresaron en prisión. La Audiencia rebajaría posteriormente la fianza de los empresarios a los 150.000 euros y permitió la salida de prisión de Iglesias Riopedre tras admitir sus problemas de salud.

La empresa de papelería Igrafo pasó, tras el arresto del propietario, un «mal momento económico». La firma entró en un concurso de acreedores que, según fuentes de la compañía, podría estar finalizado en los últimos días de este mes de junio.