El juez rechaza la petición del Principado para eludir las indemnizaciones del «caso Marea»

Ángel Sorando Pinilla / Miki López

Gijón / Oviedo,

M. CASTRO /

Pablo GONZÁLEZ

El juez instructor de la «operación Marea», Ángel Sorando Pinilla, ha decidido mantener al Principado de Asturias como responsable civil subsidiario, al desestimar el recurso que había presentado el abogado del Principado para intentar evitarlo. La decisión del juez, que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial, implica que los perjudicados por la trama de corrupción en la Administración autonómica podrán reclamarle a esta última el cobro de las posibles indemnizaciones en el caso de condena a los altos cargos y funcionarios imputados.

Entre los imputados en la «operación Marea», que investiga una supuesta trama de corrupción en la Administración regional, figuran el ex consejero de educación, José Luis Iglesias Riopedre; su número dos, María Jesús Otero Rebollada y la funcionaria Marta Renedo Avilés, las dos últimas en prisión preventiva y el tercero excarcelado bajo fianza. También están imputados dos empresarios propietarios de firmas proveedoras de la Administración regional, Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín).

El Principado es a la vez acusación particular y responsable civil, algo que el abogado de la Administración consideraba incongruente. El magistrado lo rechaza y señala que «en cuanto a la pretensión de que por haberse personado como acusación particular, no pueda ser a la vez responsable civil carece de cualquier fundamento; de los autos aparecen indicios más que suficientes para considerar que ha habido terceros perjudicados por la acción criminal de personas que trabajaban para el Principado de Asturias».

El magistrado subraya que el artículo 121 del Código Penal «es bien claro al establecer que la comunidad autónoma es responsable civil subsidiario». El citado artículo indica que las comunidades autónomas «responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados».

Al tiempo, Sorando Pinilla dio orden de entregar a los responsables policiales encargados de la investigación de la documentación incautada semanas atrás en la sede de Almacenes Pumarín y de parte de la solicitada al Principado, fundamentalmente de la Consejería de Educación y Cultura.

Mientras, los abogados del Principado se reunieron días atrás con todos los secretarios generales técnicos que han pasado por el departamento de Educación desde la victoria socialista en las autonómicas de 1999. Y es que el juez Ángel Sorando Pinilla ha llamado a declarar a cuatro de los secretarios generales técnicos que tuvo la Consejería de Educación en la etapa de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero Rebollada. Pero en la reunión participaron todos los secretarios generales técnicos, un total de seis, que ocuparon el cargo en las distintas administraciones socialistas, incluido el primero, cuando Educación era una viceconsejería, y la última en ocupar ese cargo, que llegó a él después de la remodelación que sufrió el departamento tras la salida de Riopedre y Otero, en agosto de 2010.

Según fuentes de la Administración consultadas ayer por este periódico, la reunión se celebró a petición de los secretarios generales técnicos, preocupados por la llamada del juez. Durante la reunión, los letrados del Principado expusieron sus sensaciones sobre el caso, como que aprecian inconsistencias en la instrucción o que no hay material de peso para mantener determinadas acusaciones contra uno de los principales encausados, el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre.

Por otra parte, la fiscalía del Principado desconocía ayer la providencia del juez Ángel Sorando Pinilla en la que insta al ministerio fiscal a decidir si Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas y responsable última de la funcionaria Marta Renedo Avilés, declarará en calidad de imputada o como testigo en relación a unos pagos que autorizó a una de las empresas de Renedo. Si la decisión es que declare como imputada el caso podría pasar a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del Principado (TSJA) dado que está aforada. Según fuentes, el caso pasaría entero al TSJA «si hay conexión directa entre la causa y el aforado».