Acabar con los contratos menores, «un paso atrás»

Una de las obsesiones de José Luis Iglesias Riopedre en su etapa como consejero de Educación fue la de dotar al sistema educativo de un método «eficaz» y «ágil» para «racionalizar» los recursos, dar más «autonomía a los centros» y lograr «una mayor eficacia administrativa». «Facilitan el funcionamiento de la Administración», defendía Riopedre, para quien eliminar este sistema sería dar «un paso atrás». De ahí que en su etapa se incrementara el número de los denominados «contratos menores», que permitían una mayor celeridad a la hora de gestionar pedidos y obras en los centros debido a que este tipo de contratos pueden adjudicarse sin concurso público. Hasta el 30 de octubre de 2007, antes de la transposición a la ley de Contratos del Sector Público de una normativa europea, se considera contrato menor aquel que estaba por debajo de los 30.000 euros. Con la nueva ley el límite para obras es de 200.000 euros y para suministros de 12.000,24 euros. Para poder adjudicar este tipo de contratos la Administración tiene que invitar a un mínimo de tres empresas, escuchar sus ofertas y elegir la que más le convenga.