El Principado urge a las consejerías una lista de todos sus contratos menores

El Principado ha pedido a sus departamentos un listado de todos los contratos menores autorizados en los últimos doce meses y adjudicados sin ningún tipo de publicidad. El Gobierno regional realizó esa petición, con carácter de urgencia, tras producirse la detención del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre. La investigación de la «operación Marea» ha llegado hasta el «corazón informático» de la contabilidad de la Administración regional. La Policía se personó la pasada semana en la Consejería de Economía para revisar numerosas facturas de la administración regional, según aseguraron a este periódico fuentes cercanas al caso.

Los responsables de las distintas consejerías han pedido a su personal que ese listado de contratos menores se haga con carácter de urgencia, hasta el punto de que muchos funcionarios han tenido que dejar sus ocupaciones habituales para centrarse en su elaboración.

Fuentes de la Administración regional vincularon esa orden con la investigación abierta por el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón en la «operación Marea».

El Gobierno regional rechazó la pasada semana que haya puesto en marcha una indagación interna ya que, a su juicio, los controles funcionaron al detectar las actividades supuestamente irregulares de la funcionaria Marta Renedo. A la Consejería de Educación sólo se le solicitó información, dentro de esta investigación, después de la detención de José Luis Iglesias Riopedre, según subrayaron ayer fuentes del Principado. Un dato que contrasta con las declaraciones realizadas el pasado lunes por el actual responsable de esa Consejería, Herminio Sastre, quien afirmó: «Nadie nos ha demandado aún ningún documento; ni la fiscalía ni los jueces».

La investigación de la «operación Marea» llegó la pasada semana hasta las dependencias de la Consejería de Economía. Los agentes se personaron en la planta segunda de este departamento, donde están ubicado el servidor informático con el programa «Asturcón XXI», que centraliza la ejecución, tramitación y seguimiento de los Presupuestos regionales. La Policía revisó varias facturas a las que tuvo acceso a través del citado programa.

El Gobierno regional ha eludido repetidas veces informar sobre el volumen de facturación de las dos empresas implicadas en esta investigación, Almacenes Pumarín e Igrafo, a la Administración autonómica en los últimos ejercicios. El argumento del Principado para no dar esa información ha sido siempre el secreto de sumario de la «operación Marea».