La Policía registra la caja de seguridad del dueño de Igrafo en un banco de Oviedo

La Policía registra la caja de seguridad del dueño de Igrafo en un banco de Oviedo  / LNE

La Policía ha registrado en las últimas horas la caja de seguridad que tiene en un banco de Oviedo el empresario de Igrafo Víctor Manuel Muñiz, que se encuentra en libertad bajo fianza por la instrucción de la «operación Marea» contra la corrupción, que ha llevado a la cárcel al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; a su «número dos», María Jesús Otero, y a la ex jefa de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo.

El registro de la caja de seguridad del empresario de Igrafo se produjo en la sede de una conocida entidad bancaria de la capital asturiana. Víctor Manuel Muñiz tiene alquilada una caja de seguridad, que está junto a otras similares en la planta sótano del banco, en unas dependencias dotadas con las máximas medidas de seguridad y con un cuarto especial que no está sometido a videovigilancia donde se preserva la intimidad de los clientes a la hora de consultar los preciados documentos y objetos que guardan en el interior de estas cajas.

La Comisaría de Gijón volverá a convertirse en centro neurálgico de las investigaciones pues se espera que en los próximos días pasen a prestar declaración empresas o particulares que se han visto perjudicados por la funcionaria Marta Renedo o que tienen alguna relación con las empresas de la ex jefa de servicio de la Consejería de Administraciones Públicas. Fuentes próximas al caso aseguraron ayer que en las escuchas autorizadas por la juez instructora se hace mención a otros cargos públicos vinculados con la administración y que hasta ahora no han sido llamados a testificar.

La fiscalía, por el momento, no se ha pronunciado sobre si el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre puede salir del centro penitenciario de Villabona, tal como ha solicitado su abogado, Sergio Herrero. El ministerio público dispone de un plazo de cinco días para decidir si mantiene esa medida preventiva. En el caso de que la fiscalía dé marcha atrás, el excarcelamiento de Iglesias Riopedre sería inmediato, ya que la juez acordó esa medida porque fue solicitada por el ministerio público. Es decir, la juez instructora, Ana López Pandiella, no tiene la potestad para mantener en prisión a un encausado si todas las partes, fiscalía, acusación particular y defensas, renuncian a dicha medida preventiva.

Fuentes judiciales consultadas por LA NUEVA ESPAÑA también desvincularon ayer una hipotética inhibición del Juzgado de Gijón en favor de otro Juzgado de Oviedo del levantamiento del secreto de sumario. En el caso de que la Sala Octava de la Audiencia acepte el criterio de la fiscalía y traslade la instrucción de la «operación Marea» de Gijón a Oviedo, esa decisión no tiene por qué acarrear el alzamiento del secreto de las actuaciones. El secreto del sumario tiene una duración de un mes, aunque puede renovarse automáticamente mientras dure la investigación judicial.

La «operación Marea» arrancó hace aproximadamente un año, a raíz de una denuncia presentada por una vecina de Gijón, tras un requerimiento de la Agencia Tributaria sobre un ingreso no declarado. Dicho ingreso, unos 100.000 euros abonados por el Principado, habían sido depositados en una cuenta bancaria abierta sin su consentimiento y de cuyos fondos disponía la funcionaria Marta Renedo.