Los agujeros negros

La «operación Marea» suscita muchas interrogantes al estar bajo secreto de sumario. Éstos son algunos de ellos:

1. ¿Pero qué tiene la juez contra Riopedre? Quienes habían tratado durante años al ex consejero no pueden explicarse cómo aquel hombre, modelo de austeridad, puede estar implicado en una trama de corrupción económica. Cuando lo vieron ir a Villabona esposado, se preguntaron cuál era la prueba tan contundente que tenía la juez López Pandiella para tratarlo «como a un delincuente».

2. ¿Tuvo algo que ver con el caso la dimisión de Riopedre, que se anunció por su severa dolencia cardiaca? La consejera Migoya no lo pudo negar con más contundencia, casi fuera de sus casillas: «Rotundamente, no. Rotundamente, no». Sin embargo, si la investigación comenzó en febrero y la dimisión de Riopedre y Otero (que decidió jubilarse el mismo día) se produjo el 4 de agosto, y el Principado -tal como afirmó el presidente regional- estuvo aportando valiosa documentación a requerimiento de la juez durante este año, cabría pensar que algo pudieran intuir en la Administración regional sobre el rumbo que estaba tomando la investigación.

3. ¿Qué se investiga realmente? En términos generales, adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Pero digamos que en el caso hay dos agujeros por los que se colaba el dinero del Principado. En el centro de uno estaría Marta Renedo, que tenía tres sistemas de desviar dinero: uno, adjudicar directamente contratos a la empresa Implans Mounts de la que es socia y administradora única. Dos, certificar obras que realmente no se hacían; y tres, cobrar comisiones de las empresas a las que adjudicaba los proyectos. Pero, que se sepa, ese coladero se circunscribía a la Consejería de Administraciones Públicas. El otro agujero negro era, supuestamente, el de Educación, donde la mayor parte de los suministros los hacían Almacenes Pumarín e Igrafo. ¿Qué conecta un agujero negro con el otro? ¿Qué destino final tenía del dinero? ¿Son los propios empresarios ese «eslabón perdido», que estaban actuando en dos «mostradores» distintos?

4. ¿Quién destapó verdaderamente el caso? Una cajera de supermercado. Sin duda, otro dato que añade color al caso. Esta cajera habría recibido, a principios de 2010, una notificación de la Agencia Tributaria en la que se la conminaba a demostrar de dónde procedían los 100.000 euros que el Principado había ingresado en una cuenta a su nombre en Bankinter. Fue ella la que presentó la denuncia. La cuenta había sido abierta de manera fraudulenta por Marta Renedo, que había sacado los datos del fichero de acreedores del Principado. Una vez abierta la cuenta y hechos los pagos que ella misma había autorizado, Renedo tiraba de tarjeta y sacaba el dinero en un cajero. En los primeros días de febrero comenzó la investigación judicial. El Principado ha repetido hasta la saciedad que no sabía nada en absoluto de esta investigación cuando, tan sólo unos días después, el 19 de febrero, descubre los manejos de Marta Renedo. Inmediatamente lo denuncia ante la fiscalía. El fiscal jefe, Gerardo Herrero, ordena unir esta denuncia a las indagaciones que se están haciendo en el Juzgado número 4 de Gijón.

5. ¿Por qué puede pasar el caso ahora a un Juzgado de Oviedo? El argumento que se esgrime es que los delitos se cometieron en Oviedo, aunque la denuncia se interpuso en Gijón. ¿Pero por qué se «desbrozó» el camino de manera tan espectacular como para enviar a la cárcel a un ex consejero de Educación y ahora el balón cambia de campo?

La principal consecuencia del traslado de las investigaciones a Oviedo será que se levante el secreto del sumario, algo que podría perjudicar el avance de las investigaciones. De hecho, la semana pasada, la juez entendió como clave mantener el sumario secreto y anunció que liberaría al cabo de unas semanas sólo las partes relacionadas con los cinco detenidos.