De la violencia machista a la trama política

Ana López Pandiella, el pasado jueves, a la salida del juzgado. / Ángel González

La «operación Marea», supuesta trama corrupta con políticos, funcionarios y empresarios asturianos, lleva un año dando que hacer en el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón. Un año intenso en el que el mismo tribunal también hubo de hacerse cargo de la investigación del presunto desvío fraudulento de subvenciones desde Mina La Camocha o del hallazgo en Costa Rica del cadáver del asesino del hostelero Javier Fernández, Javi «el del Clan». Un año exigente para la titular del Juzgado. La magistrada gijonesa Ana López Pandiella, 37 años y camino de diez de ejercicio profesional, casi acababa de tomar tierra en Gijón cuando empezó a ver asomar la «operación Marea». Venía del 5 de Avilés, con competencia en materia de violencia contra la mujer y de cuatro años de carga de trabajo intensa con al menos otro caso polémico y de fuerte repercusión pública, el de María Amor González, la madre avilesina que trasladó de Israel a España a sus cuatro hijos menores de edad sin conocimiento del padre israelí, Moshe Elgozi. Fue el Juzgado número 5 el que instruyó la causa y el que en febrero de 2007 obligó a la mujer a llevar a los niños de regreso a Israel, resolviendo en primera instancia un asunto en el que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) llegó a emitir un comunicado defendiendo la competencia profesional de López Pandiella.

Su Juzgado fue también el encargado de resolver el asesinato de Anabel Gutiérrez a manos de su ex novio el 15 de junio de 2007 en el alto de Los Cañones, cerca del área recreativa de La Degollada, en el municipio de Candamo. La Audiencia Provincial condenó al ex compañero sentimental de la víctima a 23 años de cárcel, rebajados luego a veinte por el TSJA y a dieciocho por el Supremo.

La trayectoria profesional de Ana López Pandiella había arrancado en 2001 al cargo del Juzgado de primera instancia número uno de Mieres y continuó después en el dos de Las Palmas de Gran Canaria. El 30 de junio de 2005 regresó a Asturias, en el momento en el que la plaza avilesina que le asignaron asumió las competencias sobre violencia doméstica. En el duro comienzo, los casos del Juzgado se habían multiplicado por seis a los tres meses, pero el balance final era provechoso a la luz de las palabras que pronunció al marcharse y dejar allí, sin nada pendiente, dijo, «los mejores años de mi vida», aseguró en su despedida.

Se fue a Gijón en abril de 2009 para conocer de asuntos del mismo ámbito, a otro Juzgado con competencia sobre la violencia de género y entre causas de agresiones, abusos a menores y quebrantamientos de órdenes de alejamiento se dejaron ver algunos de los que han tenido más repercusión en la ciudad en los últimos años. Heredó al llegar la investigación del «caso Camocha» y la cerró el pasado octubre con la imputación de cinco directivos en una causa abierta por presunto fraude en el desvío de las subvenciones de Mina La Camocha.

En el Juzgado número 4 de Gijón, el desenlace de aquella investigación coincidió en el tiempo con otro asunto heredado del pasado, el asesinato, en 2002, de Javi «el del Clan». El hallazgo en Costa Rica del cadáver del asesino, el octubre pasado tras ocho años de fuga, reabrió el caso e indujo a Ana López Pandiella a prohibir la incineración del cuerpo para corroborar su identificación, aunque finalmente y a pesar del mandato judicial, el cadáver fue incinerado.

Para entonces, la denuncia de una vecina de Gijón apuntaba ya el origen de la «operación Marea». Alertada por la Agencia Tributaria de la existencia de una cuenta a su nombre que desconocía, lo puso en conocimiento del tribunal y el Juzgado número 4 abrió una investigación que condujo primero a la funcionaria Marta Renedo y después a los altos cargos de la Consejería de Educación José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero y a las empresas de material de oficina Igrafo y Almacenes Pumarín.