Las defensas de los imputados recurren ante la Audiencia los autos de prisión

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La jueza Ana López pandiella. / Marcos León

Los letrados que defienden a los tres imputados en la presunta trama de corrupción en la administración autonómica asturiana que permanecen en prisión provisional han presentado ya los recursos ante la Audiencia Provincial contra los autos dictados por la jueza de instrucción número 4 de Gijón.

Según han indicado a Efe los abogados de la exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación María Jesús Otero y de la funcionaria Marta Renedo, la sección octava de la Audiencia, con sede en Gijón, tendrá ahora un mes de plazo para pronunciarse sobre los recursos.

En ambos, que se suman al presentado ya por la defensa del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, los letrados alegan que el auto judicial no cumple la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni los requisitos constitucionales para decretar el ingreso en prisión sin fianza de sus patrocinados.

A juicio de ambos abogados, en ninguno de los dos casos existe el riesgo de fuga o de ocultación de pruebas alegado por la jueza.

Por su parte, los letrados encargados de la defensa de los empresarios Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín, y Víctor Manuel Muñiz, presidente de Igrafo, continúan buscando avales para el pago de la fianza de 300.000 euros establecido por la titular del juzgado, Ana López Pandiella.

El plazo para pagar dicha fianza, que también ha sido recurrida por ambas defensas, finalizará mañana y en el caso del propietario de Igrafo su abogado ha asegurado que contemplan la posibilidad de realizar el pago en metálico ante las dificultades que han encontrado para obtener los avales bancarios que necesitan.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el juzgado que instruye la causa no ha tomado hoy ninguna nueva declaración y el proceso se encuentra a la espera de que la jueza decida finalmente si se inhibe o no sobre la instrucción del sumario dado que algunos de los supuestos delitos investigados se cometieron en Oviedo.

Esta circunstancia provocaría el traslado de la causa a un juzgado de Oviedo y conllevaría, según las mismas fuentes, levantar el secreto sumarial decretado por la jueza, que inició las investigaciones tras las denuncias de tres mujeres cuya identidad habría suplantado la funcionaria Marta Renedo para abrir cuentas bancarias en las que ella figuraba como apoderada.

En estas cuentas, la funcionaria, que fue cesada de su cargo en la Consejería de Administraciones Públicas, habría cobrado las cantidades correspondientes a numerosos contratos menores, de importe inferior a 18.000 euros, adjudicados a una empresa de su propiedad falsificando supuestamente la firma de un director general, lo que está siendo objeto de investigación.