La fiscalía de Gijón, partidaria de que el ex consejero Riopedre permanezca en prisión

José Luis Iglesias Riopedre es conducido al furgón de la Guardia Civil que lo llevó a la prisión de Villabona. / Marcos León

La fiscalía de Gijón es partidaria de que el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre permanezca en prisión, tras haber pedido informes a los servicios médicos del centro penitenciario de Villabona. El estado de Riopedre, cardiópata severo, es estable y no ha empeorado pese al internamiento.

La pelota de la instrucción de la «operación Marea» está ahora en el tejado de la fiscalía, que podría pronunciarse hoy sobre si mantiene en situación de prisión comunicada al ex consejero, aunque tiene de plazo para decidir hasta principios de la próxima semana. Riopedre fue consejero de Educación hasta el pasado 4 de agosto, cuando dimitió de su cargo aduciendo una grave dolencia cardiaca. Tiene un triple «bypass» y lleva marcapasos. El ex consejero de Educación permanece internado en el centro penitenciario de Villabona, donde también están su «número dos», María Jesús Otero, y la jefa de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo.

El ministerio público ha solicitado informes médicos sobre la situación del ex consejero en Villabona. La unidad terapéutica y educativa (UTE) de Villabona ha remitido esos informes a la fiscalía de Gijón, y en ellos se precisa que Riopedre se encuentra estable y que sigue una dieta especial. Según fuentes cercanas al caso, el estado de salud del ex consejero no sería impedimento para que permanezca internado en Villabona.

La juez instructora de la «operación Marea», Ana López Pandiella, acordó el pasado martes 25 de enero el ingreso en prisión del ex consejero, una medida que fue solicitada por la fiscalía de Gijón. El ministerio público argumentó la privación de libertad de Iglesias Riopedre aduciendo la gravedad de los delitos que se le imputan (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a los funcionarios) y la «existencia de riesgo de fuga y la posible ocultación de pruebas» en el caso de que hubiera sido puesto en libertad. Los abogados de las empresas investigadas recibieron ayer los recursos contra el auto de prisión de Riopedre, Otero y Renedo, a los que no tienen previsto oponerse.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguraron que en otras instrucciones similares se ha tenido en cuenta el estado de salud y la edad de los detenidos «una vez que ya se haya superado la fase de la investigación en la que se pueden eliminar pruebas relevantes». Fuentes penitenciarias aseguraron que una de las condiciones que se imponen a los internos que están en la UTE es que asuman la comisión del delito por el que han sido condenados, una situación que, evidentemente, no se ha dado en el caso del ex consejero, porque aún está en prisión preventiva, a la espera de que se cierre la investigación.