La primera ola llegó un 3 de febrero

La primera ola de la «Marea» cayó sobre la Comisaría del barrio gijonés de El Natahoyo hace ahora justo un año. El 3 de febrero de 2010, una joven cajera de supermercado se presentó ante los agentes para denunciar que una tal Marta Renedo Avilés, a la que no conocía de nada, había abierto una cuenta a su nombre en una sucursal de Bankinter de la ciudad y que, además, le habían ingresado en ella unos 100.000 euros. Con aquel testimonio se iniciaba una operación que se denomina «Marea» por las iniciales de Marta Renedo Avilés y que doce meses después mantiene en la cárcel al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, a quien fuera su «número dos», María Jesús Otero, y a Renedo, que era jefa de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, a cargo de Ana Rosa Migoya.

La joven cajera supo de la existencia de la cuenta a través de una notificación de la Agencia Tributaria, en la que se le pedían explicaciones sobre el origen de esos 100.000 euros depositados a su nombre en una sucursal de Bankinter. El dinero era fruto, supuestamente, de las actividades delictivas de la funcionaria Renedo y de sus relaciones con las empresas que después aparecerían implicadas en la trama. Tras la denuncia, agentes de delitos económicos abrieron una investigación sobre el caso, que quedó en manos de la titular del Juzgado número cuatro de Gijón, Ana López Pandiella.

El 23 de febrero de 2010, el «Boletín Oficial del Principado» publicaba una resolución de Migoya, fechada el día 19, por la que destituía a su jefa de Procesos Administrativos. Además, la denunció ante la fiscalía por un presunto desfalco económico, al sospechar que Renedo adjudicaba contratos informáticos de la Administración autonómica a una empresa de su propiedad, Implans Mounts, firma que en sólo cinco meses de actividad declaró unos beneficios de 354.275 euros. Migoya asegura que cesó y denunció a la funcionaria sin tener conocimiento de que ya estaba siendo investigada por el caso de la cuenta fraudulenta.

Las investigaciones sobre las andanzas de Renedo con los contratos informáticos permitieron destapar otra trama de supuesta corrupción en la que aparecieron implicadas las empresas Almacenes Pumarín e Igrafo, y la directora general de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero. Las escuchas telefónicas autorizadas por la juez llevaron las pesquisas hasta José Luis Iglesias Riopedre, que había dimitido el 4 de agosto -y con él María Jesús Otero- aduciendo graves problemas de salud.