El PP exige la dimisión de Migoya «por no enterarse de que robaban en su consejería»

El PP asturiano exigió ayer la dimisión inmediata de la portavoz del Gobierno regional y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, porque «cuando menos no se enteró de que estaban robando en su Consejería». Los diputados populares José Agustín Cuervas-Mons y Ramón García Cañal también instaron al Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces a dar «explicaciones políticas» sobre la supuesta «trama de corrupción en la Administración regional» al tiempo que emplazaron al Gobierno a «no escudarse en el secreto del sumario».

Los diputados populares elevaron ayer el grado de crítica al Gobierno regional y a la consejera portavoz, después de que Migoya vinculase a la funcionaria Marta Renedo (jefa de servicio en la Consejería de Migoya) con el PP asturiano y, sobre todo, con su portavoz adjunto en el Parlamento, Joaquín Aréstegui. La consejera de Administraciones Públicas manifestó el miércoles que «es algo público y conocido» que al portavoz popular y a la funcionaria detenida, Marta Renedo, «los unía una fuerte amistad, incluso afinidad política». Unas palabras a las que Aréstegui respondió indicando que «toda la fase ascendente de Marta Renedo en la Administración la pilotó Migoya, que fue quien la llevó a la Consejería de Cultura y a la de Administraciones Públicas».

El también diputado popular José Agustín Cuervas-Mons calificó de «salida de pata de banco» la vinculación establecida por Migoya entre la funcionaria investigada y el PP. «Los nervios traicionan y mucho a esta señora, que tiene una chulería sin límites». En su opinión, «si a Migoya le queda algo de dignidad debería dimitir de forma inmediata». Para el parlamentario del PP, la titular de Administraciones Públicas es, «al menos, responsable de que estén robando en su Consejería desde 2008 y, aunque a algunos nos resulta difícil de creer, sin enterarse hasta alcanzar una cantidad de dinero que no es pequeña».

Cuervas-Mons sostuvo que el Gobierno regional no ha estado a la altura ante este caso. «Estamos ante la trama de corrupción más grave que ha pasado en Asturias y el Gobierno de Areces no ha dado explicaciones», reprochó el diputado popular, quien planteó al Principado que «no pueden seguir escudándose en el secreto del sumario». Migoya anunció la pasada semana que el Gobierno regional comparecerá de forma voluntaria ante la Junta General del Principado «cuando se levante el secreto del sumario».

El diputado Ramón García Cañal reveló que la Intervención General del Principado formuló reparos a cinco contratos de compra de material y mobiliario entre Educación y las dos empresas relacionadas con la «operación Marea», Igrafo y Almacenes Pumarín. La Intervención del Principado detectó que Educación había realizado dichos contratos «sin la previa tramitación de un expediente» y que al fraccionar alguno de ellos no se había aplicado el obligado descuento. Según Cañal, el reparo de Intervención permitió corregir esa situación y recuperar ese descuento. Cañal se preguntó: «¿Cuántos contratos similares habrán pasado con esas anomalías sin detectarse?».

Las compras en cuestión

Cinco contratos

La Intervención del Principado planteó en el mes de diciembre de 2008 reparos a cinco contratos entre la Consejería de Educación y las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, cuyos dueños han sido imputados en la «operación Marea».

Mobiliario

El importe de esos contratos con reparos ascendía a 2.250.000 euros, por el pago de mobiliario para el Conservatorio de Oviedo, los institutos de Enseñanza Secundaria de Nava, La Corredoria y La Ería y para el Conservatorio de Gijón.

Contra la norma

La Intervención advirtió de que la Consejería de Educación había adquirido el mobiliario contraviniendo las normas del Principado, sin la previa tramitación de un expediente de contratación. También advirtieron de que en una de esas compras, la del mobiliario del Instituto de La Ería, uno de los pagos, por importe de 191.211 euros, se había realizado a través de la presentación de tres facturas individuales.

Descuentos

La Intervención también señaló que la Consejería de Educación, ante ese fraccionamiento de los contratos, no exigió los descuentos vigentes que el proveedor podía aplicarse en el concurso de bienes homologados vigente.

El importe de ese descuento debía ascender a un cinco por ciento del coste total. Según el PP, el perjuicio mínimo para la Administración regional por no exigir ese descuento habría superado los 6.000 euros. La advertencia de la Intervención permitió subsanar el error y se aplicó el citado descuento.

Informe

El informe justificativo al reparo no iba firmado por ningún funcionario, sino por la directora general María Jesús Otero, quien admite el criterio de la Intervención, aunque argumenta que «nos encontramos en presencia de unas obligaciones reconocidas con las empresas adjudicatarias de los suministros y no se puede ignorar (...), resulta preciso saldar las consecuencias económicas de la tarea realizada por la empresa».