El PP acusa al Gobierno de aprobar cientos de contratos a pesar de ser «irregulares»

El PP cargó ayer con dureza contra el Gobierno regional por haber pasado por alto los reparos por «irregularidades» que hizo la Intervención General del Principado, uno de los órganos de control de la Administración, a «cientos de contratos» públicos y que el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces convalidó haciendo valer la prerrogativa legal que tiene para ello. «Es una prueba más de la relajación en los procesos de contratación que se ha venido produciendo en los años de Gobierno de Areces», aseguró Ramón García Cañal, diputado regional del Partido Popular (PP).

Para sostener sus acusaciones, Cañal esgrimió varios informes con reparos en varias obras de la Intervención delegada en la Consejería de Educación, una Consejería cuyas contrataciones se han puesto bajo sospecha tras la detención del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre y su «número dos», María Jesús Otero. Entre otras cosas, en los informes de Intervención se señala que se abonaron obras por encima del precio aprobado, y que al pagar por encima del precio licitado esto se considera un nuevo contrato que se llevó a cabo sin la aprobación previa necesaria. Algunos de estos contratos rozan los 300.000 euros.

Cañal acusó al Gobierno de haber utilizado su capacidad para convalidar los contratos para pagar las obras y no hacer «más seguimiento» del caso. Para el diputado regional este tipo de hechos demuestran que Herminio Sastre, actual consejero de Educación, «miente» cuando asegura, tal y como hizo anteayer, que «no hay ilegalidades en su departamento». El diputado popular afirmó que ésta es una costumbre adoptada por el Gobierno desde hace varios años «y termina pasando lo que pasa, que aparecen problemas de corrupción». El PP ha pedido por la vía de urgencia la comparecencia de Sastre en el Parlamento para que informe sobre las detenciones practicadas en el desarrollo de la «operación Marea» y que ha supuesto el ingreso en prisión de José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y Marta Renedo.

Precisamente, ayer, Vicente Álvarez Areces, que tuvo en Riopedre a un fiel amigo y colaborador durante 27 años, recordó la figura del ex consejero durante la inauguración de varias instalaciones en el campus universitario de Mieres. Areces agradeció el trabajo de «todas las personas que han tenido la responsabilidad de la gestión educativa desde el primer momento en que tomé posesión como presidente del Gobierno de Asturias en 1999, a Francisco Javier Fernández Vallina, a José Luis Iglesias Riopedre y a Herminio Sastre, que, de una u otra forma, han estado presentes y gestionando estos espacios». Mientras, Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas, donde estaba destinada por la vía de la libre designación Marta Renedo, aseguró que desde su departamento «colaboramos con la justicia. Fue en la Consejería donde se detectaron irregularidades con una funcionaria y se puso a disposición de la justicia. Y seguimos colaborando en lo que nos sea requerido». Migoya insistió en que la Administración asturiana «tiene unos controles que funcionan perfectamente y que han hecho posible detectar este caso» y en su deseo de que «se levante pronto el secreto de sumario para poder explicar la actuación diligente del Gobierno». La Consejera subrayó «el trabajo honesto de muchos trabajadores públicos». La responsable de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno defendió su actuación en el caso, y subrayó que fue ella quien llevó el caso a los tribunales. «Yo tuve la responsabilidad de poner los hechos en manos de la justicia. Mi actuación está bien clara. Se detectó una irregularidad, se vieron pruebas e indicios de delito y se puso en manos de la justicia. Se cesa de forma fulminante a la persona que hacía estas cosas y se la suspende de empleo y sueldo. La actuación fue fulminante», repasó. Y sobre Riopedre sentenció: «Dejemos que la justicia trabaje. Ya ha habido muchos pronunciamientos acerca de la trayectoria y compromiso del ex consejero. Vamos a dejar a la justicia que trabaje para que se aclare todo».

Por su parte, Joaquín Aréstegui (PP) señaló ayer que le «extraña mucho» que Areces «no supiera nada de lo que hacía» Riopedre. «Es extraño que una juez mande a la cárcel a un ex consejero del PSOE. Si fuese del PP no habría ningún problema. Además es una persona con problemas de corazón, por lo que tiene que haber algo muy gordo», dijo.

Aréstegui aseguró, tras la decisión adoptada por la juez Pandiella de declararse competente y mantener el secreto del sumario, que la situación «está descontrolada y puede dar más sorpresas» de forma que, a partir de ahora, «cualquiera puede ir a la cárcel». Para Aréstegui el caso supone «un fin de ciclo» para el Ejecutivo regional que refleja que «el colofón de todo Gobierno socialista es paro, crisis y corrupción».

«Es otra prueba de la relajación en los procesos de contratación»

Diputado del PP

«Mi actuación es clara, puse los hechos en manos de la Justicia»

Consejera de A. Públicas