El PP quiere presentarse como acusación particular y exige responsabilidades políticas

El PP asturiano está estudiando la posibilidad de presentarse como acusación particular en el caso abierto tras la «operación Marea», que ha llevado a prisión, entre otros, al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre. El PP considera que si se confirman las acusaciones de cohecho, malversación o prevaricación, el Principado estaría «ante un caso de corrupción que no tiene precedentes». El PP exige «responsabilidades políticas» al Gobierno de Vicente Álvarez Areces y la Federación Socialista Asturiana (FSA). Para el PP, «el "caso Riopedre" no es un hecho aislado en la Administración regional» y apunta a que los informes de la Sindicatura de Cuentas demuestran que «se trata de prácticas habituales».

Los populares asturianos ya han llevado a los tribunales la adjudicación del proyecto de los minipisos de la Laboral por irregularidades, por el que están imputados varios altos cargos del Principado. Para el PP «no es normal que sigan ocupando cargos de responsabilidad».

Por su parte, Jesús Iglesias, coordinador de Izquierda Unida, indicó ayer que el PP «no está para tirar ninguna piedra» con respecto al caso. «Si en este momento en el Estado español hay 700 imputados en casos de corrupción, la cuota del PP en ellos es muy elevada», sostuvo Iglesias, que también rememoró cómo entre las administraciones que han estado manteniendo relaciones con las empresas investigadas «hay algunas del PP con papeles protagonistas». Iglesias recalcó que IU es «firme defensora del Estado de derecho, y una de sus bases es la presunción de inocencia, aunque con la información que se está publicando hay alguno seguramente que tiene más derecho a esta presunción que otros». Iglesias señaló la urgencia de que se levante el secreto de sumario y defendió la honradez de «la inmensa mayoría» de los funcionarios y políticos.