Marta se queda sin amigos

Migoya, la superior de la jefa de servicio, y Joaquín Aréstegui intercambian pullas sobre sus relaciones con la detenida - La Consejera acusa al diputado del PP de tener «una fuerte amistad» con Renedo y niega la existencia de una trama corrupta

Jueves 3 de Febrero de 2011
Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

Marta Renedo se ha quedado sin amigos. Al menos se ha quedado sin los que supuestamente tenía entre algunos de los políticos más importantes de la región a tenor del cruce de declaraciones de ayer entre Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas, y Joaquín Aréstegui, portavoz adjunto del PP en la Junta y presidente del Partido Popular en Avilés. Renedo, jefa de servicio de la Consejería que lidera Migoya, fue supuestamente sorprendida adjudicando contratos a empresas de su propiedad y ahora está en prisión junto al ex consejero José Luis Iglesias Riopedre y la ex alto cargo María Jesús Otero. Aréstegui es amigo de su marido y contó con el hermano de la detenida para completar la lista del PP al Ayuntamiento de Avilés en las elecciones locales de 2007.

Con estos argumentos ambos políticos se echaron ayer en cara la relación con la funcionaria, cuyo seguimiento por parte del Juzgado número 4 de Gijón dio origen a la «operación Marea». La primera en abrir fuego fue la propia Migoya, quien insistió en que no hay una trama corrupta en la Administración regional y que sólo se trata de «irregularidades de una funcionaria». La Consejera lo hizo con ganas y en respuesta a unas declaraciones que había realizado Aréstegui el día anterior y en las que se mostró «extrañado» de que el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, «no supiera nada» de lo que hacía Riopedre dada la estrecha colaboración y amistad que mantenía con el ex consejero de Educación.

Migoya arrancó su réplica con una pregunta a Aréstegui. «Siendo tan amigo como todos sabemos que es de la funcionaria Marta Renedo, ¿cómo no se dio cuenta antes de lo que estaba pasando?», ironizó la responsable de Administraciones Públicas. En este punto Migoya echó mano de la argumentación que el Gobierno viene repitiendo desde que Riopedre, Renedo y Otero entraron en Villabona. «Habría que recordarle (a Aréstegui) que fue la Consejería la que detectó todas las irregularidades y prácticas que estaba cometiendo». E insistió en que «es algo público y conocido» que a Aréstegui y a Renedo «les unía una fuerte amistad, incluso afinidad política».

La respuesta de Aréstegui fue inmediata. «La que tiene que tener muchísimo cuidado es Ana Rosa (Migoya)», dijo, repasando que «toda la fase ascendente de Marta Renedo en la Administración la pilotó Migoya. Fue ella quien se la llevó de la Consejería de Cultura a la de Administraciones Públicas». Y añadió que «Marta es la que en las escuchas dice que Ana Rosa es su amiga», en referencia a las grabaciones telefónicas realizadas por la Policía. En una de ellas, Renedo asegura que «soy muy amiga de la consejera Ana Rosa». De todas formas, y tras escuchar esta grabación en un interrogatorio, Renedo negó su amistad con la Consejera. Para Aréstegui, Migoya es «bastante mezquina» y señaló que «yo al que conozco es al marido de Marta, del instituto». El líder del PP avilesino insistió en que «todo ha ocurrido en la Consejería» responsabilidad de Migoya, a la que recomendó que «cuando las barbas de tu vecino veas cortar...».

Migoya también cargó contra el diputado popular Ramón García Cañal, que acusó al Gobierno de aprobar cientos de contratos a pesar de tener pegas de la Intervención General utilizando las convalidaciones, un mecanismo legal que permite al Ejecutivo saltarse las pegas de los interventores. «El levantamiento de reparo no es ilegal», advirtió Migoya, que aseguró que durante el Gobierno de Sergio Marqués (1995-99) el PP «levantó 113 reparos, y muchos ellos a propuesta de Cañal, que era consejero de Cooperación». Y añadió: «Le pediría a Cañal un poco de seriedad, rigor y coherencia. Si el levantamiento de reparos es una práctica tan perniciosa debería empezar a explicar los suyos, que hay muchos y por cuantías muy importantes».

Migoya eludió valorar las novedades que se han ido produciendo en la «operación Marea» esgrimiendo que el Gobierno respeta «el trabajo de la Administración de justicia». Eso sí, Migoya aclaró que «no hablaría de presunta trama, hablaría de irregularidades detectadas en el trabajo de una funcionaria y que se ponen en manos de la justicia». Migoya abundó en la calidad de los controles, que «son iguales» en todas las administraciones y «funcionan».

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