Almacenes Pumarín pide también la nulidad de las escuchas de la «operación Marea»

Alfonso Carlos Sánchez. /

Oviedo, E. L.

La defensa de Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín, una de las firmas involucradas en la «operación Marea», se ha sumado al recurso presentado por el otro empresario implicado, Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, para intentar que se declaren nulas tanto las escuchas policiales como los registros ordenados por la primera juez instructora del caso, Ana López Pandiella.

Los motivos esgrimidos por la defensa de Almacenes Pumarín se sustentan en una argumentación similar a la utilizada por Igrafo, en el sentido de que las actuaciones ordenadas por la juez fueron «decididamente agresivas con los derechos fundamentales» de los implicados en esta supuesta trama de corrupción en el seno de la Administración regional, por la que están encarceladas María Jesús Otero, ex directora de Planificación de la Consejería de Educación, y la jefa de servicio en la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo. En libertad bajo fianza se encuentran el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín.

La defensa de Alfonso Carlos Sánchez hace una reflexión final en su recurso e indica, «con el debido respeto» a la labor de la juez Pandiella, que «los árboles de su furia instructora le han impedido ver el bosque del respeto a la legalidad». Y añade que «tal vez espoleada por lo que consideró importantes posibilidades indagatorias y, sin duda, tratando de cumplir con su deber, orilló el respeto a la legalidad». En el recurso también se reitera que la defensa del propietario de Almacenes Pumarín «siempre» consideró la causa «absolutamente sobredimensionada, a buen seguro por la relevancia pública de algunas de las personas investigadas y su correlativo interés mediático». Añade que las escuchas se han obtenido «vulnerando la legalidad y profanando innecesariamente la intimidad de las personas».