La fiscalía de Gijón avala la validez de las escuchas telefónicas del «caso Marea»

Rosa Álvarez. / Ángel González

Oviedo,

R. GARCÍA / J. ORDÓÑEZ

La fiscalía de Gijón, a cuyo frente está Rosa Álvarez, defiende la validez de las escuchas telefónicas relacionadas con el «caso Marea», dentro de una investigación realizada «a rajatabla», que fue «completamente legal» y que, además, «sirvió para demostrar la ilegalidad de las actuaciones de los imputados». Ésta es la respuesta del ministerio público gijonés al recurso presentado por el abogado de Igrafo, Miguel Valdés-Hevia, en el que reclama la nulidad de unos pinchazos telefónicos que, a su entender, no sólo no estaban justificados, sino que vulneraron derechos constitucionales tales como el secreto de las comunicaciones o el derecho a una tutela judicial efectiva.

El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, reconoció el pasado miércoles que una hipotética anulación de las escuchas telefónicas podría «dar al traste con toda la investigación» en torno a este caso de supuesta corrupción en el seno de la Administración regional, por el que siguen encarceladas la que fuera directora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, y la ex jefa de Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas Marta Renedo Avilés. «Es un escrito de 70 páginas y muy pormenorizado, relacionado con una materia muy delicada, por lo que tendremos que analizarlo con calma», precisó el fiscal superior ese mismo día, tras la presentación de la memoria anual de la fiscalía.

La juez que instruyó en un primer momento la «operación Marea» contra la corrupción ordenó el pasado enero la entrada en prisión por esta causa del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; de la que fuera su «número dos», María Jesús Otero, y de la funcionaria Marta Renedo Avilés. En libertad bajo fianza de 300.000 euros quedaron entonces los dos empresarios detenidos en esta investigación. Son el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz. Este último se sentará en el banquillo del Juzgado social número 3 de Oviedo el 11 de julio, por el despido de una trabajadora, según informó ayer «Europa Press». La empleada recibió la notificación de la extinción del contrato el 28 de abril de 2011, a consecuencia de «causas económicas». Fue mes y medio después de que los trabajadores de Igrafo denunciaran los problemas de la firma a partir de la implicación de su propietario en el «caso Marea».