La Audiencia no aprecia «riesgo de fuga» y baja a la mitad la fianza de los empresarios

Victor Manuel Muñiz, a la derecha, con su abogado, Miguel Valdés-Hevia. /

Gijón / Oviedo,

R. GARCÍA / P. GONZÁLEZ

La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha rebajado a la mitad la fianza que en su día impuso la juez Ana López Pandiella a los dos empresarios implicados en la «operación Marea» contra la corrupción. Tras estudiar el recurso presentado por los abogados del propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y del de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, los magistrados entienden que no existe riesgo «elevado» de que eludan la acción de la justicia y rebajan de 300.000 a 150.000 euros la cuantía de la fianza.

De esta manera la sección octava acepta, al menos parcialmente, la queja interpuesta por los letrados de los empresarios imputados dentro de este caso por irregularidades en la contratación del Principado en el que ya se han visto involucrados además políticos y funcionarios. Los jueces entienden que la fianza debe rebajarse atendiendo a la «naturaleza no violenta de los delitos que se imputan a los acusados» y a la «gravedad relativa» de estos hechos si se tiene en cuenta las penas recogidas en el Código Penal. Los magistrados admiten también dos de los argumentos que en su día esgrimieron los abogados: «el arraigo de los imputados en España» y la «actividad económica que llevan a cabo en Asturias». Estos dos puntos hacen suponer a los jueces que el riesgo de fuga o de que los empresarios eludan la acción de la justicia «no es elevado» y que se podría evitar con la imposición de una fianza menor, en este caso de 150.000 euros.

Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz fueron detenidos el lunes 24 de enero. La juez que instruye la «operación Marea» ordenó además por aquel entonces el arresto de tres altos cargos regionales: el ex consejero de Educación del Gobierno del Principado de Asturias José Luis Iglesias Riopedre, de la que fuera su número dos, María Jesús Otero, y de la jefa de servicio de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés. Los tres funcionarios fueron enviados a prisión mientras que López Pandiella dispuso la libertad con cargos bajo fianza de 300.000 euros para los dos empresarios asturianos. Los abogados de Sánchez y Muñiz depositaron la fianza en los juzgados a la vez que presentaban un recurso de apelación ante la sección octava de la Audiencia Provincial, un tribunal que ahora les da en parte la razón. «Ambos tienen familia y negocios importantes que dependen de ellos y no pueden hacer frente a este pago sin desestabilizar las empresas», manifestaron entonces los letrados. Igrafo presentaría días más tarde un concurso de acreedores para afrontar su «mala situación económica».

La juez imputa a estos dos empresarios la comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Los dos acusados habrían participado, tal y como resaltó además la fiscalía, en una trama de adjudicación irregular de contratos públicos mediante la manipulación.

Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz declararon el jueves 27 de enero ante la juez después de permanecer durante tres días detenidos en las dependencias de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de El Natahoyo, en Gijón. Horas después Muñiz se defendía de las acusaciones en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA: «Si invitar a un café es tráfico de influencias, lo hice, pero jamás he pagado una comisión».

En el caso de este empresario, los magistrados de la sección octava también contemplan en la resolución de su recurso que Víctor Manuel Muñiz pueda acudir a los juzgados de Oviedo para cumplir su obligación de personarse en una sede judicial cada viernes. De esta manera el propietario de Igrafo no tendrá que desplazarse todas las semanas hasta los juzgados gijoneses situados en la avenida Juan Carlos I, tal y como venía haciendo durante las últimas semanas desde que la juez Ana López Pandiella dispusiera su puesta en libertad con cargos. Entre tanto su abogado, Miguel Valdés-Hevia, y el del propietario de Almacenes Pumarín, Javier Díaz Dapena, continúan acudiendo a los juzgados periódicamente para controlar el volcado de la información de los ordenadores de sus clientes que se está realizando en la sala de instrucción. La ley recoge que este tipo de proceso debe realizarse siempre con la presencia del representante legal de los acusados.