La Policía investiga los contratos que Marta Renedo firmó en la Consejería de Cultura

La investigación en torno a las supuestas adjudicaciones irregulares en la Administración pública regional continúa su curso. El grupo de delincuencia económica de la Comisaría de El Natahoyo en Gijón investiga estos días los movimientos de dinero público que tuvieron lugar durante los últimos años en al menos tres consejerías: Educación, Administraciones Públicas y Cultura. Marta Renedo Avilés, la funcionaria que lleva dos meses encarcelada por su supuesta participación en la trama, podría haber desviado fondos desde al menos dos de estas consejerías.

La funcionaria, origen de toda la investigación en la que ya se han visto implicados políticos y empresarios, trabajó como jefa de servicio en la Consejería de Cultura y como responsable de procesos administrativos en Administraciones Públicas. En ambas instituciones Renedo coincidió con Ana Ropa Migoya. La responsable política, que fue consejera de Cultura en la segunda legislatura presidida por Vicente Álvarez Areces y dirige actualmente los designios de Administraciones Públicas, declinó ayer en Piloña la posibilidad de hacer declaraciones en torno a la investigación del procedimiento. Migoya aseguró a los periodistas que «todo está bajo secreto de sumario y somos muy respetuosos con la investigación» y defendió su actitud de colaboración con la juez instructora: «Estamos aportando toda la documentación que se requiere para que se esclarezcan los hechos». «No voy a valorar más el asunto», concluyó tajante la Consejera.

Al menos tres ciudadanos llegaron a denunciar en su día a Renedo por utilizar su identidad para abrir cuentas en las que desviaba fondos públicos. Fue precisamente una de estas demandantes, una cajera gijonesa, la que dio pie a la investigación. Ante la juez, Renedo llegó a reconocer que los pagos que se investigan se iniciaron ya en la época en la que trabajaba dentro de la Consejería de Cultura.

Entre tanto, los dos empresarios que se encuentran en libertad bajo fianza de 300.000 euros continúan acudiendo cada viernes a la sede judicial gijonesa para firmar ante el Juzgado de instrucción. Fuentes cercanas a los propietarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, respectivamente, señalaron ayer a este periódico que los empresarios asturianos continúan, además, «realizando en el Juzgado el volcado de datos de sus ordenadores».

La juez que investiga la «operación Marea» contra la corrupción dictó hace dos meses una orden de entrada en prisión contra el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre (actualmente en libertad bajo fianza de 100.00 euros), la que fuera su «número dos», María Jesús Otero, y Marta Renedo Avilés, la funcionaria cuyas iniciales dan nombre a la «operación Marea».

La investigación podría sufrir un importante cambio la próxima semana. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, debe resolver en los próximos días los recursos contra la no inhibición de la magistrada Ana López Pandiella presentados por la fiscal encargada del caso, María Luisa García Vega, y por los abogados de la defensa. La Sala, presidida por Bernardo Donapetry, decidirá, por tanto, si el procedimiento sigue investigándose en Gijón o si, por el contrario, es una sala ovetense la que se encarga de la investigación, tal y como reclaman los recurrentes alegando que los delitos que se enjuician se cometieron en Oviedo.