Confidencias bajo llave

La juez Ana López Pandiella, primera por la derecha. / LNE

Gijón, R. GARCÍA

La juez que instruye la investigación en torno a la «operación Marea» contra la corrupción, la gijonesa Ana López Pandiella, decretó en el mes de febrero del año pasado el secreto de sumario en torno a estas actuaciones. Por aquel entonces una cajera gijonesa acababa de denunciar en su Juzgado la suplantación de identidad que había sufrido. A raíz de esta denuncia, la magistrada López Pandiella decidió intervenir varios teléfonos y cuentas bancarias de funcionarios. La juez no quería que nadie ocultase datos fundamentales para la investigación que estaba llevando a cabo el grupo de delincuencia económica de la Comisaría de Gijón y que aún continúa a día de hoy. ¿Hasta cuándo va a durar este secreto de sumario tan criticado por los abogados que defienden a los imputados?

El ordenamiento jurídico español es muy claro a este respecto: la juez puede prolongar el secreto de sumario siempre que éste sea necesario, pero, eso sí, debe levantarlo como mínimo quince días antes de que finalice la instrucción del caso, un momento para el que, según fuentes cercanas a la investigación de la presunta corruptela, «aún quedan meses».

La ley de Enjuiciamiento Criminal que actualmente se encuentra en vigor en España dice que el secreto debe renovarse «cuando el juez lo estime oportuno». Esto es, la magistrada encargada de investigar la presunta trama de adjudicación de contratos públicos debe extender periódicamente un «auto motivado» en el que se renueve la privacidad de las actuaciones.

El Tribunal Supremo establece que dentro del secreto de sumario se pueden incluir «las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y las prácticas para averiguar y hacer constar la perpetración de delitos». El punto discutible, para los abogados de la defensa, es el que establece la «proporcionalidad» de la medida. Los letrados que velan por los derechos de las dos imputadas que actualmente se encuentran en prisión -la que fuera número dos de la Consejería de Educación María Jesús Otero y la funcionaria Marta Renedo Avilés- aseguran que sus clientas han sido enviadas a la cárcel de Villabona con un auto en el que sólo se detallan «tipos penales sin hechos concretos». Estos abogados matizan que el secreto de sumario establecido sobre las actuaciones «genera indefensión», un extremo también defendido por el abogado del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, actualmente en libertad con cargos.

Opinión contraria mantienen, sin embargo, los tribunales y la representante de la fiscalía, María Luisa García Vega. El ministerio público asegura que los autos de prisión de Ana López Pandiella «están extraordinariamente motivados» y basa su argumento en sentencias del Tribunal Supremo en las que se establece que el secreto de sumario no «genera indefensión a ningún imputado» ni vulnera «por sí mismo» derecho fundamental alguno. De hecho, el alto tribunal asegura que este tipo de investigación se puede argumentar teniendo en cuenta «la gravedad de los hechos enjuiciados». García Vega aseguró durante la comparecencia en la que se vieron los recursos contra la prisión de tres de los imputados que la trama corrupta cometió infracciones que pueden ser consideradas como «muy graves».

Contra este secretismo han cargado también durante los últimos días los dos abogados de los empresarios que se encuentran en libertad bajo fianza de 300.000 euros, el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el de Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo), Víctor Manuel Muñiz. Los acusados aseguran que «no saber qué se imputa concretamente afecta de forma muy negativa a las empresas, que tienen que seguir funcionando porque de ellas dependen muchos trabajadores». En el otro lado de la balanza se sitúa la Policía. Los agentes encargados de investigar esta presunta corruptela se encuentran «cómodos», según fuentes cercanas a la Comisaría, con esta situación en la que se les permite trabajar con más libertad. El levantamiento del secreto podría provocar que saliesen a la luz nombres de personas que aún no han sido llamadas a declarar a la Comisaría y que podrían entonces ocultar pruebas fundamentales para su imputación.