Avispas en el corazón

El empresario Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, a su llegada el viernes a los Juzgados de Poniente, en Gijón. / Marcos León

El pasado jueves día 3 de febrero, en torno a las once de la mañana, en uno de los ascensores del edificio de las consejerías en Llamaquique, Oviedo, una funcionaria morena explotaba ante una compañera con mechas. Juntas eran un poco Zipi y Zape. Descargó a saco:

-¡Estoy hasta los cojones de esta Marta Renedo! Por su culpa nos están haciendo revisar toda su documentación, papel a papel.

Papel a papel, la Administración regional sonó esta semana a un frufrú de facturas crepitando. Fue una agitada revisión que también hicieron por su cuenta algunos empresarios que venden sus productos o servicios al Principado. Todos hacían repaso. Que no faltase nada. Que nada sobrase. Casi un año después del cese fulminante de la jefa de servicio de procesos administrativos en la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés, en el Principado decidían poner la casa patas arriba. No fuera que debajo de alguna alfombra contable apareciera otro cabo suelto del que, en una de estas, pudiera tirar la juez Ana López Pandiella.

Pandiella instruye en el Juzgado número 4 de Gijón y bajo secreto de sumario la llamada «operación Marea». Es el primer caso de supuesta corrupción en la historia de la autonomía asturiana con implicados en la cárcel. Así va el marcador: Renedo, en Villabona; el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, en la unidad terapéutica de la prisión; también entre rejas su «número dos» en este departamento, María Jesús Otero. En la calle, con fianza de 300.000 euros, los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, ambos suministradores de material de todo tipo para el Principado. Listado de supuestos delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes y exacciones ilegales, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Un marrón de los gordos.

Los sistemas de contratación del Principado y los controles a los que están sometidos se han puesto seriamente en tela de juicio, así que hay razones para el ataque de nervios entre responsables políticos, funcionarios con mando en caja y empresarios que venden a la Administración. «Las consejerías parecen una colmena de avispas», dibujaba un acreditado conocedor de la estructura interna de la Administración. Nunca la dulce figura de «la rubiuca», como cariñosamente algún policía alude a la juez Pandiella, inspiró tanto temor.

La cosa va en serio. Y eso que la segunda semana de la «operación Marea», ésta que hoy termina, comenzó con una cierta desgana de bajamar: la concienzuda juez que durante un largo año había tejido junto a la brigada de delitos económicos de la Policía judicial de Gijón su red de escuchas telefónicas y de rastreo de documentos había mostrado su intención de inhibirse y pasar el caso a un Juzgado de Oviedo, pues era en la capital asturiana donde se habían cometido los supuestos delitos. En este «pasapalabra» hubo quien vio un intento de desactivar la bomba del año. El único que lo verbalizó en público fue el concejal ovetense de ASCIZ, el siempre afilado Roberto Sánchez Ramos. También en este caso, esa tensión Oviedo/Gijón, una dinámica tan asturiana, entraba en juego. Los de Gijón, cantón milenario, resistían.

Había otro elemento clave: la presión social para que el ex consejero Riopedre, septuagenario y enfermo del corazón, saliera de la cárcel iba en aumento. A cada hora que pasaba crecía la leyenda de la austeridad de Riopedre, que más que fraile dominico en su juventud parecía ya eremita en el desierto. El pánico socialista de las primeras horas que siguieron a la detención (cuando ni siquiera se llegó a invocar la presunción de inocencia) se iba atemperando. Salían del desmayo. Las sales, las sales.

De todos los defensores de Riopedre que fueron asomando ya más tranquilos, el más decidido, sin embargo, no salió precisamente de la izquierda. Fue el ex ministro de UCD, el abogado José Manuel Otero Novas, amigo fidelísimo, quien sí puso la mano en el fuego por quien fue su compañero de infancia: «No me puedo imaginar a José Luis metiéndose en el bolsillo un euro que no sea suyo». Añadió: «Ni siquiera un condenado estaría en prisión con su edad y su salud». La fiscalía decidiría en breve. Esta misma semana, decían. ¿Pero qué iba a decidir?

En latín suena muy bien, lean: «Dura lex, sed lex». «La ley es dura, pero es la ley», se traduce. Valga el lema para lo que habría de venir a continuación. El lunes empezó a verse claro que de bajamar nada de nada. Ese día, la brigada de delitos económicos de la Policía judicial de Gijón interrogaba a E. I. G, único hijo de Iglesias Riopedre y propietario de la empresa Geogal de estudios geotécnicos. Quedó en libertad, pero los investigadores consideran que esta compañía se habría beneficiado de contratos con empresas que recibían adjudicaciones de la Administración regional y algunas con la Consejería que dirigía Iglesias senior. Quienes conocen al ex consejero saben de sus desvelos por su único hijo. Ahora volvían a formularse la gran pregunta: ¿Cuál era la prueba que había llevado a Riopedre a dar con su maltrecho corazón en la cárcel? Con la aparición en escena de Geogal, una compañía con unas pérdidas de 154.000 euros en 2009, una pequeña luz se había abierto en la opaca oscuridad que el secreto de sumario proyecta sobre la «operación Marea». Quien quería responderse a la gran pregunta, se la respondía.

La semana se iba desenrollando siempre al compás del aleteo contable de las facturas en revisión, de mil rumores de supuestas corrupciones intercambiadas a la hora del pincho, de altos cargos que preguntaban hiperactivos si había llegado ya la Policía. En fin, ese runrún del ventilador que todo lo salpica.

El PP, que no había sacado la artillería hasta la fecha, empezó a meter cuchara. El martes, Ramón García Cañal, diputado popular, emergió de una de sus características sesiones de buceo en arrecife de expedientes para denunciar que Educación había pagado obras sobre el precio de adjudicación. Fue el principio de una balacera política -muy ligera para la proporción del asunto- en la que hasta llegaron a echarse en cara quién había sido más amigo de Marta Renedo. Y tú más. No, tú, tú. El hábil Gabino de Lorenzo, a quien el PSOE espoleaba para que publicase los suministros de Igrafo al Ayuntamiento de Oviedo, terció en el debate, dijo que no había «nada que rascar» y logró, por un día, que Asturias dejase de hablar de la «Marea». Hizo un chiste con las iniciales del partido de Cascos, el FAC, comparándolas con la pronunciación inglesa de «fuck» («joder») y ya nadie habló de Riopedres, Renedos y Oteros. Todo fue un ja, ja, ja. Maestro.

Pero la clave del martes fue la decisión de la juez de seguir adelante con la instrucción del caso. Pandiella, que conduce un todoterreno, no parecía temer lo embarrado que pudiera estar el camino más adelante. El asunto seguía en sus manos y, por cierto, nada de levantar el secreto de sumario, la gran demanda del Gobierno regional, que asegura que no puede defenderse ni dar ninguna explicación hasta saber qué hay en esa caja negra titulada «Marea». En Facebook ya le habían abierto a Pandiella una especie de club de fans que, anoche, sumaba 365 «amigos».

Y en esto «Marea» cumplió un añín. Mírala ella, que empieza a andar. El jueves 3 de febrero hizo justo doce meses que una empleada de un supermercado presentó en Gijón ante la Policía una denuncia por usurpación de identidad. Alguien había abierto una cuenta usando su nombre y el Principado le había ingresado nada menos que 134.400 euros. Y, claro, el ojo que casi todo lo ve, el de la Agencia Tributaria, había empezado a pestañear estupefacto. ¿De dónde había salido tanto dinero? Esta joven gijonesa, con la que LA NUEVA ESPAÑA habló el pasado viernes, fue la primera persona, junto a su marido, que tiró del hilo de este ovillo. Antes de acudir a la Policía, ellos dos se plantaron en la Consejería para hablar con Marta Renedo. Allí tuvieron la sensación de que les estaban haciendo una oferta que no podían rechazar, como dirían en la familia Corleone. «Decía que ella lo arreglaba, que lo arreglaba... Me quería llevar a su terreno, pero no cedí», relata la joven. Después de rechazar ese tipo de ofertas que no se pueden rechazar, se fueron de cabeza a la Policía. Ahora tienen una historia «para contar a los nietos», el recuerdo de que un día tuvieron 134.400 euros de una tacada y un gasto de abogado que deben de afrontar para salir del asunto que les podría haber «arruinado la vida».

El 3 de febrero de 2010 se produjo la primera denuncia. El 19 de febrero el Principado cesó a la funcionaria Marta Renedo. El Gobierno asegura que nada de nada sabía de la investigación policial en marcha, que se toparon de bruces con los manejos de la funcionaria (contratos adjudicados a una empresa de su propiedad, Implans Mounts) cuando hacían una revisión de la ejecución de las partidas presupuestarias responsabilidad de Renedo y observaron que dos de ellas tenían un nivel de ejecución sorprendentemente elevado. Luego entraron al detalle y descubrieron el pastelón. Simple coincidencia, un toque austeriano al caso.

(LA NUEVA ESPAÑA, en su edición de hoy, revela el caso de otra de las suplantadas por Renedo: una mujer de 96 años que falleció antes de ver en prisión a la mujer que, supuestamente, le provocó el disgusto que le causó Hacienda al comunicarle que tenía en una cuenta a su nombre muchos miles de euros cuyo oscuro origen tenía que justificar)

A medida que avanzaba la semana y seguían cumpliéndose los peores escenarios que habría imaginado cualquiera del PSOE: Riopedre iba a seguir en la cárcel. La fiscalía dio un zapatazo en las esperanzas de algunos. Decidió mantener en prisión al ex consejero alegando la gravedad de las acusaciones que hay contra él y advirtiendo de que los delitos que se le imputan conllevan muchos años de cárcel y elevadas responsabilidades civiles. Su estado de salud, zanjaba el ministerio público, no era excusa: no había empeorado en la cárcel. La familia de Riopedre lo recibía como un «mazazo».

LA NUEVA ESPAÑA publicó ayer, sábado, en su primera página, la noticia de que Riopedre seguiría en prisión. La información compartía portada con la fotografía de la presentación en el Museo de Bellas Artes de la radiografía del cuadro de Goya titulado «Jovellanos con el arenal de San Lorenzo al fondo». Tras lo que ve el ojo humano, en la trastienda del austero ilustrado gijonés, se ve a una dama con generoso escote, vestido de gasas. Dos imágenes superpuestas, ajenas la una a la otra, dos mundos sin relación aparente entre sí. Las gasas de Renedo y su pasión por la ropa de marca. La ilustración de Riopedre y su amor por los libros. Dos oleadas en la misma página. Coincidencia. Música del azar, que diría Auster.