«Nos podía haber arruinado la vida», afirma la gijonesa cuya denuncia desató la investigación

Marta Renedo sale esposada de los Juzgados de Gijón rumbo a la prisión de Villabona. / Ángel González

Gijón, R. VALLE

«Nos podía haber arruinado la vida». La confesión sale por boca de una joven de un populoso barrio gijonés que se ha convertido a su pesar en el auténtico detonante de la «operación Marea». La identidad de esta joven gijonesa, trabajadora de un supermercado, fue usurpada por la funcionaria Marta Renedo Avilés, la ex jefa de servicio en la Consejería de Administraciones Públicas, para abrir una cuenta con 134.400 euros procedentes de las arcas del Principado. Cuando la joven gijonesa -con la que ayer habló LA NUEVA ESPAÑA y que ha pedido mantener su anonimato- fue advertida por la Agencia Tributaria de que tenía que justificar tales ingresos a su nombre, decidió presentar una denuncia contra Renedo el 3 de febrero de 2010. Con ella desataba, sin saberlo aún, el mayor escándalo por supuesta corrupción que ha vivido la autonomía asturiana y que ha llevado a la cárcel a Renedo, al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a su «número dos», María Jesús Otero.

«Cumplimos como ciudadanos y, sobre todo, con nuestros principios. Que no nos comparen con ella, nosotros nunca nos lucramos de los demás», recuerdan la gijonesa y su marido desde un sencillo salón lleno de recuerdos familiares enmarcados y donde juguetea un perro. Anteponen su intimidad, la seguridad de sus hijos y el secreto del sumario a cualquier reconocimiento público o explicación del proceso, y se quitan méritos cuando se oyen definir como héroes anónimos que destaparon un caso de corrupción en Asturias. Simplemente, se reivindican como una pareja joven y trabajadora, que paga impuestos, tiene al día la hipoteca del piso y lucha por la felicidad de sus hijos, y que se vio obligada a reaccionar ante un giro inesperado de la vida que les llegó a través del buzón del correo.

Era una carta de la Agencia Tributaria que pedía explicaciones a la mujer por una cartilla con 134.400 euros en Bankinter. Ni sabían de la existencia de esa cartilla. Ni jamás habían visto tanto dinero junto. ¿Un error de Hacienda? ¿Una equivocación del banco? Sí, no podía ser otra cosa, pero había que aclararlo. El mayor temor del matrimonio era acabar sin saberlo en algún listado de morosos o, sin ir más lejos, tener problemas con Hacienda sin comerlo ni beberlo.

Pero en su búsqueda de aclaraciones llegó el lío que ha conmocionado la política asturiana. Sus gestiones personales -que prefieren no concretar, ya que la investigación está protegida por el secreto del sumario- les fueron acercando a una tal Marta Renedo Avilés, que aparecía como beneficiaria de la cuenta y a la que tenía vinculada una tarjeta de compra de un gran espacio comercial. Ataron cabos y dieron con ella en el organigrama de trabajadores de las consejerías del Principado de Asturias.

Sólo habían pasado unos días desde que habían recibido la carta de Hacienda, pero algo empezaba a oler mal. Y es que en cuanto movieron papeles, se recibieron llamadas en casa. Nada quedaba claro en las conversaciones, pero «sentimos que nos presionaban», dice el matrimonio sin querer concretar el interlocutor ni los mensajes. Todo empeoró tras la visita personal a la funcionaria.

El matrimonio gijonés iba a Oviedo aún con la intención de arreglar un malentendido entre particulares, pero ambos salieron con la sensación de que su silencio valía un buen puñado de euros que la funcionaria estaba dispuesta a pagar y que podían estar metidos en algo que iba mucho más allá de una cartilla de banco mal registrada por errores del destino. «Decía que ella lo arreglaba, que lo arreglaba... Me quería llevar a su terreno, pero no cedí», explica la joven gijonesa con la mirada puesta en su marido mientras rememora aquella curiosa conversación donde todo eran medias palabras que insinuaban más de lo que decían.

El matrimonio decidió protegerse y proteger a sus hijos. Fueron al despacho de una abogada amiga buscando asesoramiento y de allí a a la Policía Nacional. La denuncia de la gijonesa contra Marta Renedo Avilés por haber utilizado de manera fraudulenta su identidad en la apertura de una cartilla donde se manejaban más de cien mil euros se fechaba el 3 de febrero de 2010. El 19 de febrero de ese año el Principado cesaba a Renedo acusándola de hacer adjudicaciones irregulares a favor de la empresa Implans Mounts, de la que era socia y administradora única.

Pero antes que la decisión del Principado, llegó la denuncia de la empleada gijonesa. Los responsables del área de delitos económicos de la Comisaría de El Natahoyo arrancaron con esa acusación ciudadana una investigación que, con el paso de los meses, fue mucho más allá de lo esperado. Sirvió para descubrir que había otras personas afectadas por los tejemanejes de Renedo en la apertura de cuentas con las que mover el dinero que conseguía supuestamente de forma fraudulenta.

Todo estalló el pasado 24 de enero cuando la Policía gijonesa, por orden de la juez Ana López Pandiella, llevaba a cabo la detención del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre; de su «mano derecha» en la administración educativa como jefa del servicio de Planificación, Centros e Infraestructuras, María Jesús Otero; la propia Renedo y los máximos responsables de las empresas Almacenes Pumarín e Igrafo, Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz, respectivamente. Riopedre, Otero y Renedo fueron del calabozo de la Comisaría de El Natahoyo al Juzgado de Poniente y de allí a Villabona. Allí siguen acusados de graves delitos. Los empresarios están en libertad bajo fianza.

En el piso del barrio gijonés donde realmente empezó la «operación Marea» (iniciales de Marta Renedo Avilés) esa parte de la trama se sigue por los periódicos que se van acumulando sobre las sillas. «Yo de Riopedre no sé nada, lo mío era con Renedo», explica la joven. Aun así, y aunque no ha sido llamada a declarar ni testificar desde que lo hiciera el año pasado al presentar su denuncia, su nombre está ligado a una compleja investigación. Ella llevó a la Policía hasta Renedo y las escuchas telefónicas a la funcionaria motivaron la implicación de los responsables de Educación. Fue el primer hilo del que tirar para deshacer el ovillo de la «Marea». ¿A cambio de qué? «De una historia que contar a los nietos», dicen riendo para descargar tensión. Y riendo explican que en lugar de 134.400 euros en el banco ahora tienen el gasto extra en el bolsillo de pagar a su abogada.