La Fiscalía alega la gravedad de las acusaciones contra Riopedre para pedir que siga en prisión

La fiscal jefe de Gijón, Rosa Álvarez. / Juan Plaza

Oviedo, J. A. ARDURA

La Fiscalía de Gijón decidió ayer mantener su petición de prisión provisional sin fianza para el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, tal y como había anticipado LA NUEVA ESPAÑA en su edición de ayer. El ministerio público justificó su decisión por la gravedad de los delitos de los que está acusado en la instrucción de la «operación Marea», que supondrían, en caso de ser condenado, un alto número de años de cárcel y «elevadas responsabilidades civiles».

La fiscal también se pronunció a favor de que la «número dos» de la Consejería, María Jesús Otero, y la jefa de Procesos Administrativos de Administraciones Públicas, Marta Renedo, continúen encarceladas en Villabona. Además, calificó de «excesivamente benévolas» las medidas cautelares adoptadas contra los empresarios imputados en este caso, los dueños de Almacenes Pumarín y de Igrafo, que se encuentran en situación de libertad bajo fianza.

El ministerio público contestó los recursos presentados por las defensas de los cinco imputados ante el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón con un texto en el que no ofreció nuevos detalles sobre el primer caso de corrupción política en Asturias, que continúa bajo secreto de sumario.

La Fiscalía gijonesa rebatió el alegato de «penosa situación médica» presentado por el abogado Sergio Herrero, que ha asumido la defensa del ex consejero de Educación. El ministerio público considera que los informes médicos «en modo alguno» acreditan dicha situación y «no ponen de manifiesto ningún agravamiento a fecha actual que permita considerar un cambio de criterio». La Fiscalía solicitó el pasado martes un informe médico al Centro Penitenciario de Villabona con carácter de urgencia «para conocer de primera mano el estado de salud del imputado».

La Fiscalía de Gijón destaca que la petición de prisión para Riopedre está justificada porque «los delitos que se atribuyen al imputado llevan aparejadas penas graves en el caso de que fuera finalmente condenado», tanto de prisión como de «elevadas responsabilidades civiles». La juez instructora del caso acordó el pasado 25 de enero el ingreso en prisión comunicada de Iglesias Riopedre, imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El ministerio público también incluye entre los argumentos para retener en prisión al ex consejero «la existencia de un riesgo de fuga y una posible ocultación y alteración de pruebas». La fiscal abre la puerta a una posible puesta en libertad bajo fianza de Iglesias Riopedre en un futuro, cuando la marcha de las investigaciones lo permita. «Se irá valorando a medida que avance la instrucción y vaya desapareciendo la posibilidad» de fuga o de una posible ocultación de pruebas, dice.

El ministerio fiscal también pide que la juez rechace la petición de nulidad del auto pedida por la defensa al negársele la posibilidad de conocer los hechos concretos de la imputación a Riopedre. «En el presente caso hay decretado el secreto de las actuaciones y éste está amparado por la ley», valoró la fiscal.

La ex directora de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, y la funcionaria de Administraciones Públicas, Marta Renedo, también deben seguir en prisión provisional sin fianza, según pide la fiscalía, que considera «imprescindible» esa medida «para evitar que las imputadas eludan la acción de la justicia y hasta que se adopten todas las medidas necesarias para evitar la posible ocultación o alteración de pruebas».

La Fiscalía de Gijón también se pronunció sobre los recursos planteados por las defensas de los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín), a quienes la juez instructora impuso una fianza de 300.000 euros, que abonaron para no ingresar en prisión. El ministerio público se mostró partidario de que se mantengan en esa situación, de libertad bajo fianza, «a pesar de que se considera que las medidas cautelares adoptadas son excesivamente benévolas, atendiendo a las circunstancias». Es decir, la fiscal considera que en virtud de la instrucción, los dos empresarios también podrían estar en prisión por la «operación Marea».