Las barreras contra la ilegalidad

«Serían suficientes si funcionasen como deben y si se cumplieran sus recomendaciones». Ésta es la reflexión que se repite en el seno de la Administración asturiana sobre los controles internos y externos que existen para evitar que se produzcan situaciones como la que ha llevado a la cárcel al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, a María Jesús Otero, su «número dos», y a Marta Renedo, una alta funcionaria de la Consejería de Administraciones Públicas, por supuestas irregularidades en la contratación. Los métodos de control podrían dividirse en dos grandes grupos: los de carácter interno, de los que se ha dotado la propia Administración y los de carácter externo. En Asturias estos últimos tienen un único nombre propio: la Sindicatura de cuentas. Y todo esto sin olvidar el papel de control que debe ejercer el Parlamento regional.

Intervención General. Es un órgano de la Consejería de Economía cuya principal misión es ejercer como órgano fiscalizador de la actividad económica y financiera del Principado. Una de sus funciones es la supervisión de los contratos y pliegos de condiciones para que cumplan con la legalidad, y dar el visto bueno a los pagos. Este tipo de controles tan exhaustivo no existe en los denominados contratos menores, que fue a través de los que supuestamente Marta Renedo adjudicó a empresas de su propiedad partidas millonarias. Según Administraciones Públicas, Consejería de la que Marta Renedo era jefa de servicio, los controles internos funcionaron al descubrir unas irregularidades que llevaban cometiéndose al menos durante dos años. Intervención, cuya responsable es Margarita González Marroquín -hermana del ex director general del IDEPA, Víctor González Marroquín-, también tiene la capacidad de poner reparos a pagos, operaciones y contratos. Pero el Gobierno puede saltarse estos reparos y permitir que la maquinaria administrativa siga adelante. Intervención también realiza a posteriori un análisis de la contratación. Intervención General cuenta con interventores delegados en las consejerías.

Inspección General de Servicios. Está inscrita dentro de la Consejería de Administraciones Públicas y depende directamente del consejero, en este caso Ana Rosa Migoya. Tiene la misión de realizar auditoría legal, de eficacia y eficiencia de los servicios públicos. Esto es, comprobar que las distintos sectores de la Administración cumplen su papel, que los funcionarios cumplen la ley de Incompatibilidades. Cada año ejecuta un plan de inspección que se centra en determinados aspectos de la Administración (personal, instalaciones, sueldos...). Desarrolla un papel comparable al de un inspector de Educación. El jefe del servicio de este órgano es de libre designación.

Secretaría General Técnica. Dentro de cada Consejería es el órgano más alto ocupado por un funcionario, que llega al puesto a través de la libre designación. Más arriba de la pirámide son todo ya cargos políticos (directores generales y consejeros). El responsable de este servicio suele controlar cuestiones de personal y de contratación del servicio. Algo que no era así en Educación, donde la «número dos» de Riopedre, María Jesús Otero, controlaba desde su Dirección General muchos aspectos de las contrataciones, sobre todo las de carácter menor (menos de 18.000 euros para contratos de suministros y menos de 50.000 euros para obras).

Mesas de contratación. Todo gran contrato en una Consejería, así como las ofertas y los pliegos de condiciones, son estudiados por una mesa de contratación en la que sólo participan funcionarios. Por ley debe estar compuesta por un letrado y un interventor. Con la nueva ley de Función Pública, estos dos puestos también serán de libre designación. Las ofertas que reciben su visto bueno deben ser ratificadas por el Consejero.

El autocontrol. Las direcciones generales realizan un control propio de cómo marcha su ejecución presupuestaria periódicamente. Administraciones Públicas asegura que fue en uno de estos controles donde se descubrieron las supuestas irregularidades cometidas por Renedo.

La Sindicatura y el Tribunal Cuentas. La Sindicatura es el órgano externo de fiscalización del Principado. Compuesto por tres síndicos que son elegidos por el Parlamento, realiza tres auditorías obligatorias al año: la Cuenta General, las empresas públicas y el sector local. Y siempre con dos años de retraso respecto al ejercicio en curso. Cada año realiza otros informes monográficos, desde la auditoría concreta de direcciones generales a fiscalizaciones de empresas públicas. En casi todos los informes que este órgano ha realizado desde que entró en funcionamiento en abril de 2005, los auditores han subrayado el uso de métodos de contratación carentes de «objetividad» y la utilización de métodos que recoge la ley de adjudicación directa sin estar debidamente justificado. La queja habitual de muchos sectores es que nunca se han tenido en cuenta las advertencias de los síndicos, que no son vinculantes. La Sindicatura tampoco tiene medios para obligar a su cumplimiento. Remite sus informes al Tribunal de Cuentas del Reino, que actúa en caso de encontrar anomalías y remite la información a la fiscalía.

El Parlamento. La Junta General tiene varios mecanismos para exigir información al Gobierno. Algunos de ellos son las comisiones de seguimiento de obras o las de investigación.